La SCJN ordena al Congreso de Oaxaca que homologue su legislación con la Reforma Educativa

24/09/2015 - 4:03 pm
El Gobernador de Oaxaca, Gabino cué Monteagudo, durante un acto protocolario. Foto: Cuartoscuro
El Gobernador de Oaxaca, Gabino cué Monteagudo, durante un acto protocolario. Foto: Cuartoscuro

Ciudad de México, 24 de septiembre (SinEmbargo).– La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó al Congreso de Oaxaca aprobar las leyes locales para la implementación de la Reforma Educativa en la entidad durante el próximo periodo de sesiones.

El Pleno de la Corte resolvió el día de hoy que el estado de Oaxaca incurrió en una omisión legislativa al no actualizar sus leyes conforme a la Reforma Educativa de 2013 ni con las leyes generales de Educación y Servicio Profesional Docente.

La Legislatura oaxaqueña iniciará su periodo de sesiones en noviembre de este año y contará con un plazo de seis meses para aprobar, promulgar y aplicar las leyes en materia educativa, pero si esto no ocurre los líderes del Congreso estatal y el Gobernador de la entidad, Gabino Cué Monteagudo, podrían ser destituidos por la Suprema Corte.

El Magistrado Alberto Pérez Dayán y el presidente de la Corte, Luis María Aguilar, señalaron que sería injusto señalar al mandatario por la omisión pues, mencionaron, presentó la iniciativa, sin embargo no puede ordenarle al Congreso estatal aprobarla.

“No estamos analizando responsabilidades, estamos dando un mandato a los órganos que llevan el proceso legislativo en Oaxaca para que armonicen su legislación con la Constitución, si eventualmente hubiera un incumplimiento a esta sentencia, ya sería cosa de ver quién ha hecho qué y qué responsabilidad tiene cada actor”, mencionó el Ministro Arturo Zaldívar.

Cuando el Gobernador Gabino Cué le quitó el control del Instituto Estatal de Educación Pública (IEEPO) a la sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) instruyó a los nuevos responsables a que aplicaran las leyes generales, sin embargo, no se puede omitir el mandato constitucional para que los Estados generen sus propias leyes educativas.

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