México, 24 Sep (Notimex).- Senadores de la República se comprometieron con líderes de organizaciones no gubernamentales a impulsar el nuevo Código Federal de Procedimiento Penales, y contribuir a homogenizar el sistema de justicia en México.

Lo anterior, es resultado de la reunión de trabajo que sostuvieron hoy integrantes de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) con organizaciones civiles, quienes plantearon la necesidad de expedir un nuevo Código Federal de Procedimientos Penales (CFPP).

Los líderes sociales coincidieron en destacar que se requiere de este Código federal para concretar y hacer viable la reforma Constitucional de 2008 al sistema de justicia y que se avance aun más, pues solamente 11 estados del país han implementado lo necesario para aplicar los juicios orales y otras acciones de justicia penal.

Ante lo expuesto los senadores se comprometieron a impulsar esta legislación, para responder a la urgencia de concretar la reforma penal que requiere México.

En su oportunidad, el presidente del Senado y coordinador parlamentario del PAN, Ernesto Cordero Arroyo, resaltó la urgencia de concretar la reforma penal, porque el sistema de justicia está deteriorado y funciona mal, pues “es el acumulado de muchas décadas de disposiciones que no se han aplicado”.

Advirtió que el debate sobre un nuevo código generará “tensiones” y “resistencias”, pero se discutirá con mucha seriedad y responsabilidad en esa soberanía, ya que los senadores están dispuestos a hacer lo que sea mejor para México.

Lanzó un llamado a las organizaciones civiles, a fin de impulsar la iniciativa y generar las condiciones para ordenar la discusión y establecer un debate franco, una vez que se instalen las comisiones ordinarias correspondientes.

En su oportunidad, el presidente de la Junta de Coordinación Política y coordinador del PRI, Emilio Gamboa Patrón, expresó que la realidad en la procuración de justicia tiene que cambiar, porque se tienen deficiencias que “nos avergüenzan, lastiman y laceran”.

Coincidió en la necesidad de un nuevo Código y “seguir avanzando para poder vivir en paz y tranquilidad en un país de leyes” y con pleno respeto al Estado de derecho, pero para ello se requiere la participación de la sociedad civil y de los tres poderes de la Unión.

Por el PRD, el senador Miguel Barbosa Huerta aseguró que en el Senado no existen temas “prohibidos o tabúes”, por lo que se construirá el ambiente para llegar a los acuerdos y resolver el rezago legal frente a la reforma constitucional de 2008.

Destacó la importancia de armonizar el procedimiento penal, una reforma Constitucional en caso de plantear un Código de Procedimientos Penales único, así como transformas al Poder Judicial.

El coordinador del PVEM, Pablo Escudero Morales, precisó que la base para la discusión del nuevo Código sería el último proyecto que se trabajó en la Cámara de Diputados y que suma iniciativas del Ejecutivo y legisladores de diversos partidos.

Dijo que este documento registró un alto grada consenso en la colegisladora, por lo que propuso presentarlo en el pleno senatorial a nombre de todas las bancadas.

En el turno de los líderes sociales, el fundador de México SOS, Alejandro Martí, advirtió a los senadores que el CFPP vigente “es un obstáculo para impartir justicia a la ciudadanía y de todos es sabido que el sistema judicial mexicano está rebasado o por lo menos ya no sirve”.

Agregó que para operar la reforma Constitucional es indispensable un nuevo ordenamiento y el proyecto que trabajó la Cámara de Diputados en la pasada LXI Legislatura puede ser aprobado con correcciones mínimas.

Martí propuso que senadores y diputados trabajen en conferencia, a fin de facilitar la aprobación de un Código único, pues no se pueden medir los niveles de impunidad o la incidencia delictiva sin los mismos códigos en todos los estados.

En tanto el presidente de Renace, Ernesto Canales Santos, aseguró que la emisión del nuevo Código es un mandato constitucional, además de que existe un gran consenso ciudadano sobre el tema, que propone un sistema más transparente basado en una policía profesional.

Finalmente, dijo que con dicha norma se garantizarían los derechos de víctimas y acusados y se terminaría con la prevalencia del Ministerio Público en el desarrollo del proceso, que “ha sido una fuente de influencias y corrupción”.