Ciudad de México, 24 de julio (SinEmbargo).- La codirectora de la organización civil Litiga OLE, Graciela Rodríguez Manzo, resaltó la ausencia de representantes del Ejército durante el acto público que el Gobierno federal encabezó para ofrecer disculpas en nombre del Estado a dos miembros del Ejército que fueron dados de baja por ser portadores del Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH).
“Lo que consideramos es que los principales funcionarios, los que cometieron directamente las violaciones de derechos humanos respecto a las víctimas de este caso fueron los propios militares. Entonces, a nosotros nos parece que en principio la disculpa pública la debería de estar dando el Secretario de la Defensa Nacional”, explicó Rodríguez.
El acto fue presidido por el Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, quien recalcó que este Gobierno ha reiterado su postura de fortalecer los derechos humanos de los ciudadanos.
Rodríguez recalcó que las autoridades del Estado deberían enfocarse en hacer esfuerzos para que estos casos ya no vuelvan a suceder, más que limitarse a las disculpas.
Los defensores legales de los dos miembros del Ejército que fueron discriminados en la institución, en los años 1998 y 2002, señalaron que esta disculpa solventa el hecho desde el punto vista legal, porque la intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) logró lo que no pudieron los tribunales nacionales, sin embargo, el acto público no resarció el daño moral.
“El Ejército también le debe un reconocimiento a esos militares, porque ellos fueron los que dieron la lucha por el reconocimiento y el carácter de reconocimiento de derechos humanos de los militares”, recordó Pedro Morales Aché, abogado defensor de Medilex, Consultoría Médico Legal.
Osorio Chong reconoció que el Estado cumplió con los ordenamientos de la CIDH al hacer una reincorporación de los dos afectados, brindar atención médica y psicológica e indemnizarlos. Sin embargo, el último paso que incluyó la disculpa vino hasta casi cuatro años después de la recomendación hecha por el organismo internacional.
Los defensores legales indicaron que hay otros miembros castrenses que siguen siendo dados de baja por estar enfermos.
“Lo que habría que hacer es un replanteamiento de este erróneo concepto de salud que tienen las fuerzas armadas, esta es la lucha que sigue”, sostuvieron.
Las identidades del cabo y Subteniente con las siglas J. S. G.H y M.G.S., fueron resguardadas durante el evento conforme al tratamiento legal que se hizo de sus casos en la CIDH, con el fin de no revictimizarlos.
Morales Aché recordó durante su intervención, que estos dos militares llegaron en la búsqueda de protección legal cuando fueron dados de baja con el fin de proveer de seguridad material a sus familias, y a partir de ahí la batalla legal duró más de una década.
A los soldados afectados se les aplicó en su momento la Ley del Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas Mexicana, la cual en ese momento establecía que las afecciones que duraran más de seis años para el desempeño de los labores de los miembros del Ejército podían ser motivo para darlos de baja. Sin embargo, todo lo que recibieron de respuesta ambos militares con VIH fue que no seguirían más por “inutilidad”.
