Tal y como lo estableciera (Young,1999:44) Podría pensarse que la estrategia del risk analysis o análisis de riesgo obedece a la necesidad de carácter técnico de maximizar y eficientizar los recursos en una situación de desbordamiento del delito, de concentrar los recursos en un escenario casi inabarcable, pero la comprensión de riesgo considero que va más lejos. No se trata de un problema de maximización tecnológica o económica, se trata de lograr interpretar en sentido amplio el concepto del “bien y el mal” pero sobre todo el preocuparse, entenderlo y hacerlo entender a los súbditos sobre el plano de la legitimidad a la hora de abordarlo.
Sin duda esta interpretación resulta alejarse de los conceptos jurídico fundamentales, cada vez se aleja más del plano de derecho arrinconándose al plano del hecho, es decir, el nuevo criminal es una figura abstracta y totalmente desubjetivizada, son entes difíciles de comprender desde la verificación empírica, son cosas que generan un estado de inseguridad difusa, son lo que denomina (Bömh,2011,2012) como entes insecuritas, son entes que no tienen que haber cometido algún delito, ni tampoco tener previsto cometerlo, pero poco a poco pierden el derecho de la presunción de inocencia por el simple hecho de ser sujetos específicos, porque se mueven en un espacio generador de Inseguridad y de Riesgo que no es verificable empíricamente.
En este sentido el caracter abstracto al que me refiero, permite moldear como si de barro se tratara, es decir, se moldean los “delincuentes” de acuerdo a la coyuntura política y del propio estado de la opinión pública, como ejemplos (Fernández:2014) cita a los musulmanes fundamentalistas y los musulmanes en general, los inmigrantes ilegales, los grupos étnicos, los criminales organizados definidos en muchas formas posibles, los estados fallidos. Todos estos se pueden convertir ahora en entes insecuritas, es decir en delincuentes potenciales.
Los mismos hechos por ejemplo la masacre de la población civil o la violencia armada en el sentido de atacar en el uso legítimo de la fuerza a un grupo de pobladores manifestantes que reciben con bombas molotov a la policía estatal y esta arremete en contra de ellos en el “uso legítimo de la fuerza” y con la ley en la mano de reciente creación como lo es la denominada popularmente “ley bala”, estas se pueden definir de forma contingente dependiendo de quién las haya protagonizado, lo que importa ahora no son los actos, sino los actores. Estos actos adquieren diferentes lecturas dependiendo de quién los cometa y del poder que ostente, aquél que ejecuta y que juzga, podríamos decir que es la vuelta de nuevo al “quién” y no el “qué”.
El problema suscitado por la ley bala y la desgracia de la muerte de un niño inocente de sólo 13 años pone en el ojo del huracán a un gobierno completo y moldea a conveniencia político-electoral el rostro de su titular del poder ejecutivo”. Me pregunto, ¿Qué padre o madre en uso de su conciencia lleva a su hijo a una manifestación? , Un estado preocupado por la legitimidad frente a sus ciudadanos no debería apostar por una Seguridad de tipo abstracto y universal por muy tentadora e innovadora que resulte, como dicen al gobierno le salió el “chirrión por el palito” lo único que se logró con esta ley y estas acciones fue perder la confianza nacional y la legitimidad, cuando la idea primaria no era precisamente esa. No debemos separarnos de la idea de que el linchamiento político se da por una movilización de redes a favor de ciertos partidos políticos, que las elecciones se avecinan y que no hay mejor materia prima que un error de características fatales como el acontecido en la pequeña junta auxiliar poblana, para intentar capitalizarlo a favor del grupo político antagónico.
Junta auxiliar que se movilizó políticamente para manifestarse en contra de la suspensión de actividades del registro civil, esto es el punto medular, las juntas auxiliares en muchos de los casos han dejado de ser operantes y se convierten en botines políticos que encuentran financiamiento por doquier y dejan dividendos a sus titular para continuar con proyectos políticos, ¿En verdad usted cree que sea negocio invertir 1 millón de pesos o más en una campaña de junta auxiliar cuando el sueldo del titular es de 12 mil pesos mensuales, claro está el ingreso mayoritario provenía de las facultades hoy retiradas del registro civil, con la finalidad de evitar corrupción y mire lo que paso.
La duda será si fue la bala de goma y si ésta fue accionada por un policía en el uso legítimo de la fuerza, para repeler las agresiones de las cuales eran objeto, o si fue un artefacto accionado por uno de los mismos pobladores y que dio alcance al menor acabando con su vida.
El dialogo de la junta auxiliar con la Secretaria de Gobernación no se dio, y prefirieron ejercer la marcha y el bloqueo como forma de presión al gobierno Morenovallista, el derecho a manifestarse es constitucional pero lo que no es permisible es acarrear a ciudadanos en condiciones de pobreza y usarlos como carne de cañón con intereses políticos y económicos que al final del día nunca verán en sus bolsillos.
Hoy todo mundo es criminólogo y jurista, hoy todo mundo reacciona en redes sociales y todo el mundo está en la dinámica político-electoral de satanizar al gobernador poblano, la pregunta que me hago es ¿Qué pasaría si en los medios de comunicación se viera el rostro de un policía desfigurado por una bomba molotov, siendo testigos de las lamentaciones y lágrimas de su familia por la pérdida de un padre, de un esposo o de un hijo?, ¿Dónde quedan los 40 policías heridos?, ¿Pensaríamos igual?
Diariamente se cometen acciones atroces en el país, muchas de ellas, no son ventiladas por los medios de comunicación, acaso no es lo mismo promulgar una ley, llámele capricho o no, ejecutarla y que en el enfrentamiento caigan inocentes, no se equipara a una redada de seguridad pública, Marina o Ejército en donde mueren civiles, o el caso de Atenco, Michoacán, la guardería ABC o políticos que huyen del país con miles de millones de pesos de los mexicanos, o peor aún, un presidente municipal que descaradamente reconoce haber robado de las arcas y es electo nuevamente, sin embargo la reacción social es diferente, seguimos siendo ciudadanos manipulables, de memoria de corto plazo.
De momento una ley promulgada encuentra su muerte jurídica a los pocos días, el Congreso de Puebla da marcha atrás a la multicitada “Ley Bala” en una muestra de lo que he denominado la Cartelización Legislativa, estas son las consecuencias de que nuestros legisladores no apliquen el “análisis de riesgo” y legislen al vapor, así también en unos meses seremos testigos de acciones derivadas de las reformas a nivel nacional que impactarán a los ciudadanos, claro está, dependiendo del lado de la trinchera en que se encuentre.
La reflexión electoral quizá parte de que una vez hecha la ley no midieron las consecuencias y los riesgos y sólo ellos deberán afrontarla, insisto no sabemos si fue mala fortuna, si fue un acto estúpido y cobarde de la policía en contra del menor o fue simplemente una pendejada de algún manifestante y que terminó incrustándose en la cabeza del pequeño. Sin duda duele, lastima, pero más duele que los gobiernos y sus entes nos manipulen como si se tratará de ciudadanos de barro a quienes nos moldean de acuerdo a sus propios intereses con la perversa finalidad de convertirnos en sus fieles electores.
Nos vemos la próxima semana.
