Ciudad de México, 24 de mayo (SinEmbargo).- Amnistía Internacional (AI) expuso ayer una grave situación de violaciones a los derechos humanos en México y denunció que incluso la mayoría de los miles de homicidios atribuidos a la guerra del narcotráfico se han realizado con la protección de funcionarios públicos.
“Los cárteles de la droga y otras bandas delictivas fueron responsables de la gran mayoría de los homicidios y secuestros, pero a menudo actuaban en connivencia con funcionarios públicos”, dice el apartado de México en el Informe 2013 de la agrupación.
“Miembros del Ejército, la Marina y la policía municipal, estatal y federal fueron responsables de violaciones de derechos humanos graves y generalizadas cometidas en el contexto de la lucha contra la delincuencia y acciones realizadas en connivencia con bandas delictivas”, agrega.
La problemática de México, de acuerdo con el documento “El estado de los derechos humanos en el mundo” incluye además los casos de 25 mil personas cuyo paradero es desconocido y de los cuales más de dos mil podrían ser desapariciones forzadas, o secuestros realizados por fuerzas gubernamentales.
En ese contexto, el director ejecutivo de la organización, Daniel Zapico, urgió ayer al Gobierno Federal a retirar de manera total al Ejército de las calles del territorio nacional y de las labores de seguridad pública.
“La presencia del Ejército está asociada con un aumento en las violaciones en los derechos humanos y un aumento en la inseguridad”, dijo Zapico en el evento en el que se presentó el informe.
“Es necesario que el gobierno saque al Ejército de las calles. El Ejército está formado para defender a la nación ante una guerra, no para el trabajo de seguridad pública, porque es ahí donde empiezan los problemas”, agregó el derechohumanista.
El reporte de Amnistía Internacional inicia señalando que, hasta el final de su gobierno, el ex Presidente Felipe Calderón ignoró las pruebas de que las violaciones a las garantías individuales se estaban generalizando en México, y que había detenciones arbitrarias, tortura, desapariciones forzadas e incluso ejecuciones extrajudiciales.
Pero el nuevo gobierno, agregó ayer Zapico en la presentación del reporte, pese a que en el discurso pretende marcar distancia de Calderón, en los hechos tampoco ha mostrado intención de reformar las prácticas violatorias ni de tomar medidas contra la impunidad.
“Es cierto que el gobierno de Enrique Peña Nieto ha reconocido algunos de estos problemas, pero las palabras no bastan para solucionarlos, así por ejemplo, en materia de seguridad seguimos asistiendo a la existencia de secuestros, torturas y uso excesivo de la fuerza e incluso ejecuciones extrajudiciales”, dijo Zapico al leer su ponencia.
“Y en todos estos casos se acumulan las denuncias sin que haya, ni en el gobierno anterior ni en el actual, investigaciones efectivas que permitan poner fin a la impunidad”, agregó.
Otra evidencia planteada por Zapico de que el nuevo Gobierno Federal no tiene voluntad para erradicar las violaciones a los derechos humanos fue la reforma legislativa sobre el arraigo, la cual reduce el periodo de este tipo de detención preventiva pero sin erradicarla, pese a su relación con la tortura, la fabricación de pruebas y con la impunidad estructural que azota a México.
El documento de AI incluyó también como evidencias del negro panorama que se vive en México la brutalidad de los ataques a los migrantes en tránsito por el territorio nacional y el hallazgo de al menos 13 cadáveres en el Valle de Juárez, Chihuahua, siete de los cuales resultaron ser de adolescentes secuestradas en la zona Centro de esa frontera.
Otros casos de violaciones a las garantías reportados por la organización son los homicidios de periodistas y los ataques a diferentes medios de comunicación, los ataques a defensores de derechos humanos y la sistemática discriminación de los pueblos indígenas.
Cuestionado por el público sobre la irrupción de grupos de autodefensa en diversos estados de la república, Zapico dijo que más que tratar de sólo desarmarlos, el gobierno federal debe atender a las causas de fondo que alientan a un pueblo a tomar las armas para protegerse.
