En estricto sentido, la palabra veda se refiere exclusivamente a la prohibición para pescar o cazar en determinado sitio, determinada especie por un determinado tiempo. La fauna mexicana está protegida en las normas regulatorias mexicanas, y alcanzas varios tipos de resguardos; algunos con veda, otros como especies en peligro de extinción y unos más con una alerta para su caza controlada con miras a evitar su desaparición.

Resulta curioso que de manera coloquial -pero oficial- los Consejeros del Instituto Federal Electoral hayan bautizado el periodo de limitaciones propagandísticas para los gobiernos como una “veda electoral”. Esto significa para el IFE, que desde el 30 de marzo y hasta el 1 de julio, los gobiernos federal, estatal, municipal, así como el Poder Legislativo, no podrán promocionar sus obras, ni anunciarse en medios masivos de comunicación, mucho menos discursar en tratándose de política electoral. Vaya, están impedidos para emprender acciones y programas de gobierno con fines partidistas, políticos o como conocemos a los abusos del poder para beneficiar a terceros abanderados: electoreros.

La prohibición al actuar público y propagandístico de los gobiernos tiene su razón de existir en el uso y abuso del erario a favor de los candidatos del partido representado en el ejecutivo. Durante muchos años, administraciones federales, estatales y municipales, guardaban sus mejores obras y sus más espléndidas campañas de “información” para estrenarlas por todo lo alto durante las campañas políticas. La idea y el objetivo era que el accionar de programas y espectaculares anuncios influyera en el electorado para mantener al partido en el gobierno.

El excesivo y descarado uso del presupuesto, la nómina, los programas asistencialistas y del paternalismo gubernamental, hicieron mella en la oposición, en aquellos que no tenían gobierno, que no encabezan ninguna entidad pública con presupuesto, nómina y programas, y que por lo tanto se veían avasallados por quienes desde la silla gubernamental invertían el dinero del pueblo para perpetrarse en el poder; entonces levantaron la voz, y con la transición política que inició en 1994 y vería su cénit en el año 2000 a partir de la Presidencia de la República del panista Vicente Fox Quesada, las cosas comenzaron a cambiar.

De repente el PRI era oposición, y si alguien sabía cómo utilizar los recursos del estado para influir en una elección -cualquiera que esta fuera- eran precisamente los priístas; entonces se sumaron a los reclamos que antes tanto criticaron -y padecieron- para cambiar las reglas del juego, y prácticamente callarle la boca a los gobiernos durante los días que sean destinados a una campaña de búsqueda de votos para cargos de elección popular.

En 1994 se instauró dentro de la Procuraduría General de la República, la FEPADE (Fiscalía Especial para Delitos Electorales) y en los últimos años las reformas al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, han terminado por afinar, o mejor dicho por silenciar, no sólo a instituciones públicas, también a privadas, empresarios y grupos sociales. De la veda ideológica, pasamos a la veda electoral.

Literalmente se le prohíbe a los gobiernos que vayan a la caza o a la pesca de votos con recursos del estado. Lo cual no es malo, pero exageran. Ahora resulta que durante esta época de campaña política, algunos gobernantes y funcionarios han confundido la veda con la parálisis. Y de la prohibición para promocionarse o utilizar programas y dineros para influenciar o pretender hacerlo en una elección, han transitado a la inactividad.

En la Procuraduría General de la República no ofrecen información que se les solita para completar una nota de interés general, argumentando que no pueden hacer declaraciones porque están en “veda electoral”. Lo mismo en la Secretaría de Seguridad Pública, y ni hablar de las policías, que han dejado de anunciar atracos, decomisos, estadísticas, robos, detenciones y acciones, porque dicen, se los prohíbe la Ley. En las secretarías de estado y las delegaciones de estas en las entidades federativas el panorama no es distinto. La negativa a la información arguyendo las prohibiciones del IFE, bajo la amenaza de una denuncia en la FEPADE.

El gobernador del estado de Baja California, debe andar anticipando a reporteros, invitados y audiencia, que hablará con respeto a la veda electoral, que sus palabras no tienen como intención influenciar en el electorado, y que será muy cuidadoso de lo que va a decir para no terminar denunciado en la FEPADE (donde por cierto ya tiene dos denuncias, una precisamente por sus declaraciones en una entrevista, otra por haber acompañado a Josefina Vázquez Mota, la candidata de su partido el PAN, en un acto en día y hora labor, o de investidura gubernamental).

En la mayoría de las dependencias, los funcionarios, la mayor de las veces para su beneficio, han dejado de responder a los cuestionamientos ciudadanos a través de reporteros. Cuando así conviene, cuando no tienen la respuesta o cuando definitivamente han caído en el abuso, argumentan la veda para no dar dato, número, palabra, documento o cuenta de lo que sucede.

Entonces nos encontramos los ciudadanos no sólo inmersos en una tediosa, horrible, aburrida y sonsa campaña política como pocas veces la habíamos tenido, sino también siendo testigos de la parálisis del gobierno (del legislativo ni hablar, en dos días se acaba el periodo ordinario y adiós).

La desconfianza electoral nos ha llevado a limitaciones francamente ridículas. No sólo se atenta contra la libertad de expresión, también contra la libertad de gobierno. Los mexicanos elegimos a los gobernantes en cualquiera de sus tres órdenes o poderes, para que administraran los bienes públicos durante todo el tiempo que integra su periodo, haya o no haya elecciones. Pero el maldito abuso del poder en el que cayeron cuando así se los confirieron los gobernados, nos obligó a solicitar estas prácticas que realmente lo único que hacen es dilatar las acciones del gobierno en beneficio de los mexicanos.

Porque una cosa es real: con veda o sin ella, un gobierno siempre encontrará la forma de favorecer a los suyos para no perder la elección. “Tenemos 25 millones de afiliados al programa de Oportunidades”, me dijo un panista hace no muchos días; ¿Y cuentan? ¿Votarán esos 25 millones por su candidata? Pregunté yo, y me respondió: “Bueno, ponle que no todos, pero un porcentaje considerable sabe que debe votar por el PAN; sí, definitivamente es un programa clientelar”.

Entonces resulta que la dichosa veda electoral lo único que ha logrado es que los gobiernos sean más precisos, más discretos y más efectivos en  la utilización de presupuesto y programas para influir en la elección. O que como en el caso de cuando Enrique Peña Nieto fue gobernador del Estado de México, se reparta el presupuesto para propaganda política durante todo el sexenio, y así hacer más efectiva la inversión en medios, y provechosa la utilización de los recursos en el culto a la personalidad.

Por más desafortunado que se lea, es verdad: el voto se compra en México. Tiene precio. Un lonche, una tarjeta telefónica, una membresía para asistencia social, una camiseta, asfalto, agua, leche, cualquier producto o servicio que cubra una sola de las muchas necesidades que tienen los mexicanos -sean electores o no- es suficiente para garantizar un sufragio. El abuso del poder marcó a muchas generaciones que no saben accionar sin algo a cambio. Y el problema fue que ese clientelismo gubernamental que erigió el PRI, no fue erradicado del gobierno cuando llegó el PAN, cosa contraria se sirvió de él, lo corrigió y lo aumentó.

En esta desconfianza de unos contra otros, la veda electoral nos va sumiendo poco a poco en la parálisis gubernamental, y considerando que en México y en la mayoría de los Estados tenemos elecciones cada tres años, la situación es de alerta.

Actualmente nos encontramos con que funcionarios que antes se servían del recurso público para influenciar, han mutado y se aprovechan de las reglas prohibitivas para ocultar, para no hacer. Ahora sí que con las limitaciones, pretendemos abonarle a la libertad de elección sacrificando la libertad de gobierno. Y de rendición de cuentas, nada menos.

Adela Navarro Bello

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