Sigo creyendo que el principal reto de López Obrador para mantener la popularidad y el poder durante su sexenio será la seguridad pública: los números muestran el febrero más violento de la historia reciente con 2,871 homicidios (SESNSP). Las muertes no paran y ya superamos el promedio de 100 asesinatos por día. Una desgracia.

Pero la economía empieza a ser tema también. La desaceleración económica que empezó a finales de 2018 se consolida en este primer trimestre de 2019 y los datos ya muestran un primer año de gobierno estancado en materia de crecimiento económico. Creceremos, si acaso, 1.5% con una inflación de 3.6%. No hablamos de crisis, pero tampoco de crecimiento.

Una razón que explica el estancamiento tiene que ver con la curva de aprendizaje de todo nuevo gobierno. Me lo dicen funcionarios estatales de Sinaloa a cada rato: “el presidente tiene toda la disposición pero las instrucciones no bajan”, “el recurso no llega”, “las cosas no caminan todavía”. A cuatro meses de su arranque, la cuarta transformación sigue atorada en la definición de su burocracia.

Pero el principal factor tiene que ver con la confianza de los inversionistas en el país. López Obrador no termina de generar las condiciones de estabilidad que alcancen para mandar la señal de que se pueden invertir en México sin caer en un riesgo excesivo.

Por más que el presidente y los banqueros repitieron su respeto mutuo y su voluntad de cooperación durante la Convención Bancaria de Acapulco, parece que generó mayor confianza el anuncio de la Secretaría de Hacienda de buscar medidas adicionales para detener la desaceleración y rescatar PEMEX.

Y es que todo indica que el gobierno federal prepara una fuerte medida económica para apoyar el rescate de PEMEX y detener de manera contra-cíclica la desaceleración de la economía mexicana: el uso del Fondo de Estabilización de Ingresos Presupuestarios (FEIP) de la Secretaría de Hacienda.

Como reconoció esta semana el Gobernador del Banco de México, Alejandro Díaz de León, la endeble situación financiera de PEMEX es un factor de riesgo por su peso específico en las finanzas públicas del gobierno federal y por su papel dentro la economía mexicana en su conjunto.

A juzgar por las declaraciones recientes del subsecretario de Hacienda Arturo Herrera, el uso del fondo de estabilización es posible siempre y cuando se realicen los cambios legales necesarios para hacer uso de ese fondo que asciende a 280 mil MDP sin violar la ley.

Una parte del fondo (unos 7 mil 500 millones de dólares) se usaría para pagar parte de los compromisos de deuda de PEMEX este año y así mandar una buena señal a calificadoras e inversionistas. Y la otra se usaría para reactivar la economía. El plan no está claro todavía, pero se presentaría en un par de semanas y la expectativa sobre el mismo es buena.

Con esta medida, Hacienda demuestra su capacidad técnica y su voluntad para buscar alternativas que le permitan corregir la tendencia decreciente de la economía mexicana.

Pero no deja de ser una medida correctiva desde la política fiscal, lo que urge es que el nuevo gobierno genere mejores condiciones de confianza para que los inversionistas le apuesten a México sin temor.

Es cierto que el Índice de Confianza del Consumidor está por las nubes. Pero los indicadores de inversión dicen lo contrario. Los mexicanos confían en su presidente, pero los empresarios no tanto. Y México no va a crecer al 4% prometido por AMLO sin ellos.

Es cierto que la responsabilidad y la prudencia en el manejo de “lo macro” y el respeto por la autonomía de Banxico abonan, pero todavía “algo” falta. Por eso no está de más repetirlo: para generar riqueza y distribuirla, debe haber inversión privada. Esa inversión no crecerá si el presidente y su equipo de gobierno no son capaces de generar una confianza genuina sobre el rumbo económico del país.

Un rumbo lastimado por decisiones específicas como la cancelación del aeropuerto de la Ciudad de México, la eliminación del Consejo de Promoción Turística y ProMéxico, la crisis del desabasto de gasolina, la terna de cuates en la SCJN y las pifias técnicas del equipo de PEMEX en Nueva York, por ejemplo.

Es decir, en materia económica no alcanza con decretar la “abolición del neoliberalismo”, es necesario que en los hechos las decisiones se tomen con conocimiento técnico, responsabilidad y eficacia. Pragmatismo pues, no ideología.

Adrián López Ortiz

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Es ingeniero y maestro en estudios humanísticos con concentración en ética aplicada. Es autor de “Un país sin Paz” y “Ensayo de una provocación “, así como coautor de “La cultura en Sinaloa: narrativas de lo social y la violencia”. Imparte clase de ética y ciudadanía en el Tec de Monterrey, y desde 2012 es Director General de Periódicos Noroeste en Sinaloa.

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