Alrededor del salario mínimo que ganan alrededor de ocho millones de trabajadores formales y en particular informales, diversos actores caminan hacia distintos lados: El Banco de México llama a un aumento prudente para evitar un impacto inflacionario importante; el sector empresarial y las organizaciones civiles piden un monto que alcance al menos para la canasta básica, y la Conasami, por su parte, busca un consenso político.
Sin embargo, dado que ya fue anunciado el aumento de ocho pesos para diciembre y se sigue sin alcanzar la línea de bienestar, lo que viola el Artículo 123 de la Constitución, las organizaciones civiles estudian llevar el caso a los tribunales, como ya sucedió con el tema de los excesos en gasto de publicidad oficial.
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Ciudad de México, 23 de noviembre (SinEmbargo).– En los últimos cinco años el salario mínimo ha tenido una recuperación de 20 por ciento en términos reales, al pasar de 60 pesos a 88.36 pesos considerando el aumento anunciado el martes, mientras la inflación de octubre se ubica en 6.37 por ciento anual. Sin embargo, al no cubrir todavía el costo de la canasta básica para una persona, viola el artículo 123 de la Constitución, razón por la que la sociedad civil se está coordinando para llevarlo a tribunales.
En su nuevo nivel, el salario mínimo que entrará en vigor en diciembre cubrirá el 92.76 por ciento del monto necesario para alcanzar la Línea de Bienestar establecida por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), indicador que a la fecha es del 84 por ciento. La canasta básica individual diaria cuesta 97 pesos.
“Es litigable, puede llevarse a juicio alegando que no se da acceso al mínimo vital. Sin embargo, el caso difícilmente prosperaría, ya que el Estado alegaría que está dando otras condiciones para acceder a ello como programas sociales, vales de despensa, vivienda, etcétera”, consideró Manuel Guadarrama, abogado e investigador del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).
En México, de acuerdo con cifras oficiales, alrededor de ocho millones de trabajadores del mercado formal e informal sobreviven con un ingreso equivalente al salario mínimo. La mayoría, 7.5 millones, son del sector informal sin acceso a seguridad social. Pero en el lado formal solo el 61 por ciento de los empleos que se están creando en 2017 son de tiempo completo y con ingresos que permiten al trabajador cubrir sus necesidades básicas, documentó el sector empresarial.
Los datos de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) arrojan que alrededor de 428 mil personas que laboran en la economía formal reciben un salario mínimo general trabajando más de 40 horas a la semana, en tanto que en la economía informal son 2.5 millones de personas.
Héctor Rubio, miembro de Acción Ciudadana contra la Pobreza, dijo que, con el antecedente de publicidad oficial llevada a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), “una de las líneas en la que estaremos trabajando más fuerte es en la de un litigio estratégico para llevar a la Corte este tema”. Agregó que la lucha no solo será de esta alianza conformada por más de 60 organizaciones, sino se unirán con otras organizaciones garantes de derecho humanos.
El Artículo 123 constitucional expone en uno de sus puntos que “los salarios mínimos generales deberán ser suficientes para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia, en el orden material, social y cultural, y para proveer a la educación obligatoria de los hijos”.
David Kaplan, especialista Sénior en la División de Mercados Laborales y Seguridad Social del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), aclaró en un artículo que, tomando en cuenta el salario, impuestos, el subsidio para el empleo y cuotas al IMSS, con un salario mínimo de 80.04 pesos un asalariado formal recibe 87.13 pesos. A partir de diciembre, con un salario mínimo de 88.36 pesos, un asalariado formal recibirá 94.73 pesos.
Pero el investigador del Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY), Marcelo Delajara, dijo en entrevista que mientras el nuevo salario mínimo no cubra la canasta básica por persona seguimos por debajo de lo planteado como deseable.
“Este año terminará con una inflación de 6.5 por ciento y este aumento fue de 10 por ciento. Si lo vemos hacia atrás, el incremento salarial es mayor a la inflación. Pero si vemos cómo nos quedamos respecto a la canasta, estamos por debajo”, destacó las dos perspectivas.
Delajara expuso que para la Conasami una minoría gana el salario mínimo porque no toma en cuenta al sector informal; a el Banco de México le preocupa el impacto de los aumentos en la tasa de inflación; y para las organizaciones civiles es importante también el sector informal.
“La Conasami debe de buscar un punto medio entre posturas muy encontradas. Por un lado es conocida la oposición de Banxico a que el salario mínimo suba tan rápido porque estima que eso tendrá un impacto inflacionario importante. Por el otro lado está el Gobierno de la Ciudad de México, la Coparmex y las organizaciones de la sociedad civil tiran para distintos lugares”, expuso el economista.
LAS VOCES EN CONTRA
Para el Presidente Enrique Peña Nieto “el salario mínimo debe ser una retribución justa” y el incremento de este año anunciado por la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (Conasami) “no se trata de un ajuste menor”. La Conasami se comprometió a que a más tardar el 30 de abril de 2018 se realizará un nuevo ajuste para que el salario mínimo llegue al 100 por ciento de la línea de bienestar establecida por el Coneval.
Pero hay otras voces que consideran que sigue siendo insuficiente y, afirmaron, la Conasami “obedece a consignas” y carece de capacidad técnica.
La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) ha demandado reiteradamente un salario mínimo de 95.24 pesos como punto inicial para una recuperación gradual. Hacia el 2030 propone que el salario mínimo general sea entre 162.35 y 194.68 pesos diarios, lo que según sus estimaciones permitirá cubrir el ingreso necesario para satisfacer las necesidades del trabajador y su familia.
“El incremento acordado en Conasami es un avance limitado y de medio camino, para que todas las personas que trabajan en la economía formal obtengan, cuando menos, el 100 por ciento de la suma requerida para satisfacer la canasta alimentaria y la canasta no alimentaria en núcleos urbanos, es decir, para que alcancen la Línea de Bienestar”, expuso el sector empresarial el martes en un comunicado.
Para que México deje de contarse entre los países con los salarios más bajos de América Latina, insiste en alcanzar una evolución progresiva de los sueldos, preservando la estabilidad, y estableciendo objetivos precisos de largo plazo.
Rogelio Gómez, de Acción Ciudadana contra la Pobreza, se sumó al rechazo. “Es injustificable e inadmisible” que la Conasami haya ignorado la propuesta de la Coparmex, justo la que paga los salarios. Calcula que el salario mínimo debe alcanzar en los próximos años los 200 pesos diarios para mantener una familia.
“Es una de las decisiones del Gobierno federal basada en los mitos y los dogmas que se defienden en la Secretaría de Hacienda y el Banco de México, pero que desde Acción Ciudadana ya desmontamos con expertos a nivel internacional”, expuso.
De acuerdo con Salomón Chertorivski, Secretario de Desarrollo Económico de la Ciudad de México, el Banco de México (Banxico) “metió miedo” para que el salario mínimo no se aumentara más. El Gobernador del banco central, Agustín Carstens Carstens, recomendó días antes al sector empresarial “mucha prudencia” con el incremento salarial para que –según su visión– no incidiera negativamente en la inflación ya encima del 6 por ciento.
Los grupos financieros Santander y Banorte determinaron que el actual aumento tendrá un impacto moderado sobre la inflación.
Rogelio Gómez advirtió que este incremento puede llegar a politizarse y ser usado como bandera de partido pese a ser “una política pública generadora de pobreza”.
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