Hace 10 años, el Comandante Simón estaba en el pináculo de la fama. En medio de una ola de secuestros que padecía Sinaloa antes de su llegada, con su presencia se registró un descenso, pasó de más de 60 a menos de 20 por año.
En la entidad se convirtió en un héroe y su imagen se volvió frecuente en los medios de comunicación, incluso a nivel nacional.
Apuesto, fornido, de voz gruesa, con un aire enigmático que lo hacía más interesante en materia periodística, encabezaba la Unidad Especializada Antisecuestros.
Recomendado por el entonces gobernador de Chihuahua, Patricio Martínez, a su homólogo sinaloense Juan S. Millán, llegó con estilo. Extranjero –él decía que era venezolano–, en sus primeras apariciones ante la prensa portaba un pasamontañas. En las entrevistas presumía tener en su unidad lo más avanzado en equipo antisecuestros, como un banco con voces de secuestradores. También presumía equipos GPS e instrumentos para derribar puertas. Recordaba a los equipos SWAT de Estados Unidos.
Despachaba en una casa camuflajeada de oficina, ubicada en una colonia de clase media de Culiacán. Aunque aseguraba que nunca daría a conocer su identidad por cuestiones de seguridad, apenas tomaba confianza se quitaba el pasamontañas y revelaba su nombre, Iván Ortega Colmenares. Al paso del tiempo todos los periódicos sinaloenses lo hicieron público.
En 2003, un año antes de que el gobernador Millán concluyera su gobierno, el comandante Iván dejó la Unidad Especializada Antisecuestros (UEA). Tal como llegó, se fue envuelto en una bruma de interrogantes. Surgieron acusaciones de corrupción. Que había aprovechado su imagen para vender equipo de su empresa Safeguards Products al gobierno estatal. Aprovecharse de esa situación había causado el malestar de algunos funcionarios del gobierno sinaloense. Otro cuestionamiento a su proceder era el supuesto cobro de favores a las víctimas de secuestro. Él nunca negó, en diversas entrevistas, llevar una relación de cercanía con algunos de sus rescatados. De hecho, lo presumía.
Después de desaparecer sin ninguna consecuencia legal, de vez en cuando resurge su nombre. Las asesorías en materia de seguridad son algunas de las actividades relacionadas con él.
Se ha dicho que da asesorías a diferentes gobiernos. En 2008, cuando Francisco Blake era secretario de Gobierno de Baja California, se rumoró lo mismo y de hecho así lo registró la revista 7 Días, en su edición número 581. También fue visto en Cancún, Quintana Roo.
Su historia es similar a la de los grupos antisecuestros. Surgen, adquieren prestigio, pero luego éste se desploma entre acusaciones de corrupción, cuestionamientos y la desconfianza ciudadana, o grupos desarticulados con la llegada de nuevos gobernantes. Pero a diferencia de algunos miembros de los grupos antisecuestros, hasta donde se sabe, el aún está vivo.
Los antisecuestros
Los grupos antisecuestros han sido una piedra en el zapato para los gobiernos estatales. En 2008, la Comisión Nacional de Gobernadores (Conago) se comprometió a tener en 2010 unidades profesionalizadas y con altas calificaciones en los exámenes de confianza.
Pero tres años después la mayoría de ellos seguían en la conformación de sus grupos antisecuestro. El 1 de julio, Isabel Miranda de Wallace, presidenta de la organización Alto al Secuestro, en la sesión 30 del Consejo Nacional de Seguridad Pública de la Conago, les reclamó a los mandatarios reunidos el incumplimiento de los compromisos.
“Las unidades antisecuestro, señores gobernadores, ustedes se comprometieron a instalarlas hace más de dos años y hoy estamos hablando exactamente de lo mismo. Por eso, repito, celebro que se den cuenta que este es un tema toral que ustedes han dejado un lado y lo han olvidado”, reprochó.
La activista les dio un plazo de tres meses para concluir la instalación integral de los grupos antiplagio de las procuradurías de justicia de todo el país. Dicho plazo vencerá el 1 de octubre de este año.
Las entidades cuyo trabajo resaltó Miranda de Wallace fueron las de Jalisco y Colima. En contraste, las de Baja California Sur, San Luis Potosí, Estado de México, Quintana Roo, Nuevo León Chihuahua, Zacatecas, Michoacán, Guerrero, Veracruz, Durango, Tabasco, Coahuila, Oaxaca y Yucatán fueron criticadas por sus rezagos.
Ha habido algunos intentos de grupos antisecuestros, uno es el de la UEA en Sinaloa, otro es el de Chihuahua, donde hizo sus pininos el Comandante Simón. Uno más es el de Jalisco, entidad donde a fines de los noventa se conformó uno por iniciativa empresarial, y otro caso es el de Torreón, donde dos jefes antisecuestros han sido levantados y ya no fueron hallados.
La experiencia de Chihuahua
El Comandante Simón surgió del Grupo Antisecuestros de Chihuahua, creado por Francisco Barrio durante su gobierno comprendido entre 1992 y 1998. El propio Simón mencionaba al sucesor del panista, Patricio Martínez, como quien lo recomendó con Juan S. Millán.
El destino del grupo creado por Barrio fue la desintegración, y posteriormente la muerte por asesinato de varios de sus integrantes.
Su modus operandi también era tipo SWAT, camuflajeados y encapuchados, hasta se les llamó los “Edecanes galácticos”. Actuar con los rostros ocultos derivó en críticas. “¿A quién se le acusaría en caso de denuncia?”, llegó a preguntar Oscar Loza, ex presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos del estado.
A pesar de ello, la opinión pública reconoció sus logros y fueron llamados a otras entidades. Cobraron fama luego de ayudar resolver el secuestro del hijo del cantante Vicente Fernández y del sobrino del luchador “El Perro Aguayo”. Jalisco y Coahuila habían pedido su colaboración.
Pero a la salida de Barrio, y con la llegada del nuevo mandatario, Patricio Martínez, inició una restructuración y la salida de algunos elementos. “Se ganó un renombre importante, pero luego entra la siguiente administración y desmanteló el grupo y en mi opinión los dejó totalmente vulnerables porque poco a poco los fueron asesinando de tal forma que ahorita sólo viven dos de los antisecuestros”, dice a SinEmbargo.Mx el comisionado de Derechos Humanos de Chihuahua, José Luis Armendáriz López.
El grupo se desmanteló y los trapos sucios de algunos comenzaron a salir. Se les relacionó con el crimen organizado, su trayectoria degeneró en acusaciones graves de corrupción y otros delitos. Una muerte violenta encontraron en su camino.
El 30 de marzo de 2007, Conrado Flores, uno de los comandantes que participó en la detención del secuestrador José Alonso Ávila Palafox, “El Loncho”, fue asesinado de 50 balazos. Su muerte se unió a la de Baltazar y Melchor Soto, también policías antisecuestros que participaron en el rescate que acabó con la vida del temible secuestrador, autor de la privación ilegal de Vicente Fernández junior.
Otro caso más notorio, con trágico final, fue el de Francisco Minjarez. El ex jefe del Grupo Antisecuestros de Chihuahua durante el gobierno del panista Francisco Barrios y los primeros meses del priísta Patricio Martínez, fue acusado por el periódico The Dallas Morning News de estar al tanto de secuestros y asesinatos de mujeres por parte de narcotraficantes en Ciudad Juárez, Chihuahua, e incluso de participar en algunos de esos delitos. El policía fue asesinado a balazos por desconocidos en la capital de ese estado el 11 de septiembre de 2003. Recibió 30 descargas.
Trabajó tres años en el gobierno de Martínez, pero se salió con la llegada de José de Jesús Silva como procurador.
El diario El Norte de Juárez atribuyó que tanto él como Carlos Medina, otro de los encargados del Grupo Antisecuestros, eran los principales operadores de las desapariciones forzadas en Ciudad Juárez. Se le vinculaba con 196 desapariciones.
Pero era el experto en resolver secuestros.
Sobre el trágico destino de los antisecuestros, Armendáriz ve varias explicaciones.
“Mire, hay varias teorías: una es que algunos se ligaron al crimen organizado, otra es que al desmantelar (el gobierno) al grupo los dejaste vulnerables, fueron despedidos, habían afectado a grupos mafiosos importantes y poco a poco han sido asesinados”, dice.
Grupo 22 de Abril
Jalisco ha tenido diversos grupos antisecuestros. Uno estuvo conformado con ayuda empresarial, a fines de los noventa, época de auge de secuestros en la entidad. Se hacía llamar Grupo 22 de Abril y su intención era brindar protección a 50 prominentes empresarios. El costo de su servicio era de 100 mil pesos.
“Era bueno”, recuerda el experto en secuestros, Max Morales.
“Iba yo, les daba cursos. Era un grupo antisecuestros como de élite patrocinado por empresarios y trabajaba por medio de recompensas; los policías eran seleccionados y con mejores sueldos”, recuerda.
En la primera etapa del grupo, se disolvió porque el líder de policías se empezó a quedar con las recompensas sin repartirlas, entonces los demás se fueron y así desapareció, dice Max Morales.
Se conformó otro grupo durante el gobierno de Francisco Ramírez Acuña, el sistema de recompensas perduró y a la postre tuvo consecuencias fatales.
El grupo ya arrastraba desprestigio. Resolvieron varios casos, en uno de los cuales recibieron una recompensa, la cual consideraron insuficiente para ellos. Molestos, decidieron matar a la persona secuestrada. Fue un error. La familia de la víctima era conocida del gobernador Ramírez Acuña, dice Morales. Fue el fin del grupo.
Posteriormente, los ex antisecuestros han sido acusados de delitos.
José González Jiménez, ex integrante del Grupo Antisecuestros de la Policía Investigadora de la Procuraduría estatal de Justicia, se vio envuelto en un escándalo. Famoso por colaborar en el rescate de Vicente Fernández junior y Paloma Orendáin, hija del empresario tequilero Eduardo Orendáin, renunció el 15 de enero de 2003, a petición del entonces procurador Octavio Solís. González Jiménez estaba en el ojo del huracán, luego de ser acusado de estar involucrado en el extravío de 100 mil dólares, como parte de un rescate de una víctima de secuestro.
El funcionario dio posteriormente su versión y negó haber dimitido por sustraer dinero. En una entrevista para el semanario Conciencia Pública se refirió al caso. Ni siquiera estaba al frente de los antisecuestros, ya era subprocurador. Responsabilizó a dos policías.
En 2010, cuando ocupaba el cargo de director de los reclusorios de Jalisco, fue puesto nuevamente bajo la lupa, luego de descubrirse que conocía a un reo a quien él mismo había llamado “líder positivo” en los reclusorios. Se trataba de Miguel Ángel Zazueta Ontiveros, “El Mike”. González Jiménez, durante su paso como agente antisecuestros en 1999, participó en el rescate de familiares de “El Mike” y de ahí lo conoció.
“El Mike” comandaba el autogobierno en el reclusorio preventivo de Guadalajara, situación desvelada luego de la incursión del Ejército el 6 de mayo de 2010. En el operativo se encontraron dos fusiles de asalto AK-47, 765 tiros útiles, 75 celulares, dos computadoras portátiles y dos kilogramos de cocaína. La propiedad fue atribuida a “El Mike”, quien además era sobrino del narcotraficante Manuel Salcido Zazueta, el “Cochiloco”, asesinado en 1991.
González Jiménez era promovido por Eugenio González Márquez, hermano del actual gobernador del estado, Emilio González Márquez.
Dos desaparecidos en Coahuila
Gerardo Valdés Segura, director de unidad de Investigación y Crimen Organizado de Antisecuestros, fue plagiado el 14 de julio de 2008. Una persona, que dijo pertenecer al Cártel de Juárez informó que la organización tenía en su poder al oficial.
Un año antes, el 16 de mayo de 2007, su antecesor el comandante Enrique Ruiz Arévalo fue secuestrado y asesinado, supuestamente por Los Zetas. Incluso hubo un video donde supuestos Zetas lo torturan y lo interrogan sobre políticos y empresarios involucrados en el narco, a quien las autoridades brindaban protección. Los cuerpos no fueron hallados.
El 16 de octubre de 2008 fue detenido por la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada el agente del Grupo Antisecuestros de Coahuila, José Francisco Hernández Moreno. El ex escolta del director interino del grupo, Carlos Centeno, fue acusado de participar en el secuestro de un comerciante del ejido San Antonio de Los Bravos, en Torreón.
El 10 de diciembre de ese año el experto antisecuestros, el estadounidense Félix Batista fue secuestrado en Saltillo.
El 5 de febrero de 2009 desapareció el agente antisecuestros Eduardo Martínez Pérez. El 28 de febrero su padre Gerardo Martínez Salas publicó un desplegado en la prensa de Torreón para quejarse de la indolencia de la procuraduría estatal, así como del gobernador del estado, en ese entonces Humberto Moreira, quien es ahora el dirigente del PRI nacional.
Pendientes
El especialista antisecuestros Max Morales considera que para evitar que se repitan situaciones como la ambición por las recompensas, o el cambio de bando por parte de los agentes antisecuestros, es necesario dar formación integral a todos, y dividir sus labores, evitar formen parte de todo el proceso; es decir, de la negociación y el rescate.
“Por ello se convierten en secuestradores. Los preparan para todas las etapas y les pagan poco”, asegura.
También pide un mejor manejo del dinero del presupuesto. “El dinero para grupos se lo quedan gobernadores o el jefe de gobierno”, afirma, desde ahí estos grupos están condenados al fracaso.
