La naturaleza jurídica de la detención migratoria que realiza de manera indiscriminada el Instituto Nacional de Migración en México es ser una medida cautelar personal que busca asegurar la sujeción  de las personas extranjeras al procedimiento administrativo migratorio, dicha medida se materializa con la privación de la libertad en las instalaciones que el INM tiene para tal fin.

El número de detenciones de personas migrantes realizadas entre octubre del 2014 y abril del 2015 por el Instituto Nacional de Migración ha superado las cifras de las que realizó en el mismo periodo la patrulla fronteriza de Estados Unidos,  según un comparativo realizado por Wola en junio del 2015[1]. Este incremento se refleja de manera negativa en los casi 60 centros de detención migratoria que se encuentran a lo largo del país.  El año pasado el número de eventos de personas detenidas llegó a 127,149, un aumento significativo si se compara con la cifra de 2013 que cerró con 86,298. Si este comparativo se hace por entidad federativa vemos que Chiapas tuvo 34,767 eventos en 2013 y en 2014 se elevaron a 50,881.

Las organizaciones que tienen la posibilidad de ingresar a estos centros han documentado en los últimos meses problemas de hacinamiento, extorsiones, malos tratos y otras violaciones a derechos humanos en perjuicio de las personas detenidas, que se agravaron a raíz de la adopción del Programa Frontera Sur.

Si bien el discurso del gobierno mexicano refería que el Plan tendría como una de sus finalidades la protección de las personas migrantes en los hechos sucede lo contrario, operativos violentos y aumento de deportaciones son una constante. A pesar de ello el INM sigue utilizando eufemismos como “alojados”, “presentados” o “rescatados” para referirse a quienes están privados de la libertad por una autoridad administrativa y hacer uso de un doble discurso en donde presentan una política migratoria respetuosa de los derechos humanos y por el otro agentes del INM no prestan auxilio a un migrante que se ahoga frente a sus ojos después de corretearlo en un operativo violento.

Durante el año 2014 cinco organizaciones de derechos humanos realizamos un trabajo de monitoreo y documentación en estaciones migratorias y estancias provisionales de distintos estados de la República, los hallazgos encontrados fueron tristemente similares. Es así que surge el informe “Derechos Cautivos”, como un trabajo que pretende hacer un llamado a los tomadores de decisiones para que atiendan de manera seria las violaciones a derechos humanos de la población extranjera que se encuentra privada de su libertad, y para que implementen medidas que supriman la detención como una práctica sistemática de control migratorio que tal y como opera al día de hoy contraviene nuestra Constitución.

¿Qué buscamos al presentar un informe conjunto? Evidenciar que la práctica de violentar los derechos humanos de las personas extranjeras en las estaciones migratorias no es aislada y tampoco exclusiva de una entidad sino que se repite a lo largo del territorio, lo que debe obligar a la autoridad a tomar medidas al respecto,  además una vez más hacer el llamado a  tomar acciones claras a  favor de grupos en situación de riesgo o vulnerabilidad y ofrecer alternativas a la detención que sean efectivas  ante una práctica que va contra la Constitución misma.

Las problemáticas que enmarcan el informe son, la violencia exacerbada en Centroamérica como causal de salida al tiempo que ocurren deportaciones masivas en las que no existe identificación diferencial de necesidades; la participación creciente de fuerzas de seguridad estatales adicionales al INM y PF que abusan del poder durante la detención y el traslado a los centros de detención migratoria; la réplica de estructuras carcelarias en los centros de detención; el abuso de poder, hostigamiento, castigos y persuasión psicológica a través del miedo como estrategias para disuadir a las personas de buscar alternativas para regularizar su estancia en México; la ausencia de protocolos especializados para grupos en riesgo así como  de un enfoque preventivo y de intervención que atienda adecuadamente las afectaciones en la salud física y mental que se derivan de la violencia y el encierro que viven las personas migrantes.

En dicho informe se analizan las condiciones materiales que revisten los centros de detención migratoria, así como las afectaciones emocionales y  las situaciones de violaciones al debido proceso que de manera sistemática obstaculizan el acceso a la justicia de la población migrante e incluso provocan que las personas que necesitan protección internacional sean regresadas a sus países de origen con el riesgo de ser privadas de la vida o de su libertad.

El Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Cordova (Tapachula), el Programa de Asuntos Migratorios de la Universidad Iberoamericana  (Puebla), Frontera con Justicia (Saltillo), Dignidad y Justicia en el Camino (Guadalajara) y Sin Fronteras (Distrito Federal) presentaron el informe “Derechos Cautivos” reiteramos el llamado urgente para promover acciones claras en favor de grupos en situación de riesgo o vulnerabilidad, especialmente el de la infancia y el interés superior del niño, de forma que la buena voluntad del gobierno de ofrecer alternativas a la detención ante una práctica que carece de legalidad sea una práctica y no un discurso que carece de condiciones materiales para ser efectivo.

Aquí les dejo el video de este informe:

Colaboración de Diana Martínez Medrano

Twitter: @Sinfronteras_1

Nancy Pérez / Sin Fronteras

https://www.sinembargo.mx/author/nancysinfronteras

Licenciada en Relaciones Internacionales por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Cuenta con maestría en Cooperación Internacional para el Desarrollo por el Instituto Dr. José María Luís Mora. Su área de especialidad es migración internacional. Actualmente cursa el doctorado en Economía Internacional en la UNAM. Desde 2011 es directora general de Sin Fronteras I.A.P. Es Consejera Honoraria de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, miembro del Consejo de Gobierno de Incide Social A.C. y desde 2012 es parte del Consejo Consultivo de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación.

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