No hay manera de reinterpretar. El mensaje del Presidente fue claro: “Espero que la Procuraduría General de la República con celeridad pueda deslindar responsabilidades. Y espero, al amparo de la Ley, pueda aplicarse contra aquellos que han levantado esos falsos señalamientos contra el Gobierno”. Ahora, una ola de reacciones ha precedido, y un llamado: que sea una comisión internacional la que investigue la denuncia de espionaje contra periodistas y activistas.
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Ciudad de México, 23 de junio (SinEmbargo).- El mensaje que el Presidente Enrique Peña Nieto lanzó ayer parece inequívoco:
“Espero que la Procuraduría General de la República con celeridad pueda deslindar responsabilidades. Y espero, al amparo de la Ley, pueda aplicarse contra aquellos que han levantado esos falsos señalamientos contra el Gobierno”.
Y aunque más tarde, en Guadalajara, dijo que se expresó “inadecuadamente” y solicitó aclarar sus dichos, la bola de nieve rodó.
“No lo expliqué suficientemente. Advertí que se investigue si fuera de una entidad pública están teniendo teniendo intervenciones, y ésta es la indicación que he dado. Se han suscitado ciertas distorsiones, de las que, reconozco, no puntualicé o no me expliqué lo suficiente”, justificó en Guadalajara.
“No sé por qué este empeño de llevar a ese escenario al Gobierno, todo lo contrario. Lo que estoy queriendo afirmar es que no tenemos participación en espionaje. Es muy fácil que muchos se quieran subir a esa ola de señalamientos, a esta ola que va en contra del Gobierno. Siempre es lo más fácil, señalar al Gobierno.
Un reportero preguntó:
–¿Esa parte de su discurso no era contra los activistas?
–De ninguna manera. Si estoy afirmando que somos un Gobierno respetuoso de la libertad de expresión y de la crítica.
–¿Ninguna represalia contra quienes lo acusan? Porque así se entendió –le insistieron.
“No lleven a que diga lo que no he señalado. ¿Por qué habría de tener alguna acción en contra de la libertad de expresión? Todo lo contrario, estamos para generar mejores condiciones para la libertad de expresión”.
Pero el mensaje estaba dado.
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La respuesta del Presidente provocó “un shock”, dice este viernes The New York Times. Y sí: desde hace días, cientos de organizaciones civiles demandan que sea una comisión independiente la que investigue el caso #GobiernoEspía, que ha provocado reacciones hasta de Edward Snowden.
El influyente diario entrevistó a Juan Pardinas Carpizo, uno de los afectados por el espionaje con el programa Pegasus y quien es director general del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), un organismo civil que se dedica a investigar las debilidades de las políticas públicas en México, en particular de la rendición de cuentas, y que ha sido crítico de la administración de Peña.
Pardinas fue muy crítico. “Este no es el comportamiento esperado del Jefe de Estado de una joven democracia. Esta es la declaración de un aprendiz de Vladimir Putin”, le dijo al NYT.
Entrevistado también por Americas Quaterly, Juan Pardinas afirmó que México está experimentando una dramática crisis de liderazgo y por ello se debería llamar a una comisión internacional para investigar los reportes de que el spyware comprado por las agencias federales con el argumento de investigar la actividad criminal en el país, fue realmente usado para vigilar a críticos del Gobierno de Peña, como abogados, periodistas y activistas anticorrupción.
Pardinas, defensor de la Ley Anticorrupción, expuso a AQ que el caso plantea cuestiones legales y éticas que van al núcleo de un Estado que ya está enfrentando una desaprobación significativa por su historial de derechos humanos. Después de los comentarios de Peña Nieto, el también Doctor en Política Pública por la London School of Economics afirmó que tiene pocas esperanzas de que los funcionarios mexicanos tengan la voluntad y la autoridad moral para llevar a cabo esta investigación.
“No hay una institución nacional capaz de realizar este tipo de investigación”, dijo. “Una vez que la autoridad moral del Presidente se pierde, muchas otras cosas se pierden junto con ella”, aseguró al Americas Quaterly, que es una publicación líder en Estados Unidos dedicada a la política, negocios y cultura, y cuyos influyentes lectores incluyen ejecutivos, altos funcionarios gubernamentales y líderes de opinión.
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La organización Artículo 19 está preocupada por las declaraciones del Presidente y cree que éstas conllevan a un “efecto negativo sobre los informes independientes de irregularidades por parte del Estado y tratan de intimidar a aquellos que destaparon violaciones graves de los derechos humanos”.
Thomas Hughes, director ejecutivo, declaró que la organización pide al Gobierno mexicano asegurar que no habrá una investigación a las personas que descubrieron las violaciones y exigió que “debe de abstenerse de cualquier amenaza” en contra de periodistas, víctimas y defensores de los derechos humanos.
Al mismo tiempo, Hughes señaló que el Gobierno debe hacer “una investigación inmediata, exhaustiva e independiente sobre el uso de la tecnología de vigilancia en México”.
Artículo 19 cree que el Gobierno mexicano debe reconocer que espiar “tiene un efecto negativo sobre el derecho a la libertad de expresión de país”. Además debe asegurarse que el uso de tecnologías de vigilancia cumpla plenamente con las nomas internacionales de los derechos humanos.
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UN ESCÁNDALO INTERNACIONAL
También la cadena estadounidense abc y el diario inglés The Independent destacaron el escándalo al retomar un cable de la agencia Associated Press. Ahí se citaron reacciones de los afectados por el supuesto espionaje del Gobierno mexicano y la amenaza del Presidente Peña Nieto.
El periodista Carlos Loret de Mola, quién es el titular de un programa de noticias en Televisa y fue uno de los objetivos del software, “se golpeó la frente con incredulidad” en un video que publicó en su página de Facebook, publicaron esos medios en sus portadas.
“El gobierno mexicano se ha puesto en modo agresivo”, dijo Loret de Mola en respuesta a los comentarios de Pena Nieto. “Él le dice a la Procuraduría General: ‘Investiga rápido, límpiame de responsabilidad'”, destacaron abc y The Independent.
Además hizo referencia a la incredulidad del Centro Miguel Agustín Pro Juárez, un prominente grupo de derechos humanos que ha investigado varios casos de alto perfil sobre derechos humanos y dijo que sus miembros del personal fueron blanco de espionaje.
En un comunicado emitido el jueves, el Centro Pro pidió una investigación independiente por parte de expertos, pues “el Presidente Pena Nieto ha demostrado que no será capaz de investigarse a sí mismo”.
El diario español El País se refirió al “nuevo escándalo” de la administración del Presidente Peña, en el marco de “la ola de violencia contra miembros de la prensa en el país, que ha dejado a siete periodistas muertos en lo que va del año”.
“El Gobierno ha sido criticado por dos frentes: su incapacidad de presentar avances que esclarezcan los asesinatos de los comunicadores y el supuesto afán de mantener a raya a los periodistas mediante el espionaje”, destacó en su reporte.
EL MENSAJE ESTABA DADO
Las crítica de la Red en Defensa de los Derechos Digitales se centra en cuatro líneas fundamentales: en primer lugar criticó las declaraciones de Peña pues desde su perspectiva, que el Presidente haya exonerado a su propio Gobierno de las acusaciones de las que son señalados, pues, argumentan ni siquiera la investigación se ha corroborado y él ya salió a declarar.
En segundo lugar, esta Red señala que con estas palabras de Peña sólo está minimizando “las consecuencias en la vida de las personas”, además de normalizar la gravedad de las denuncias.
Señalar que el propio Presidente de México puede ser víctima de espionaje, arguyen en el punto número tres, es alarmante porque “la seguridad de las comunicaciones del Presidente interesan a la estabilidad del Estado, por lo que la ligereza con que el Titular Ejecutivo acepta su vulnerabilidad, confirma que en México la vigilancia está fuera de control y debería motivar una profunda investigación”.
Enrique Peña prefirió amenazar a las personas denunciantes el espionaje en lugar de aplicar “el peso de la ley a los responsables de las intervenciones ilegales”, de acuerdo con el cuarto y último punto aclaratorio de esta Red.
