Nueve muertos y toneladas de desinformación después de la brutal represión en Nochixtlán, Oaxaca. La Policía Federal está acostumbrada a mentir y lo hace porque la rendición de cuentas de sus acciones es inexistente. Los medios de comunicación allegados a sus intereses le abren los micrófonos, pantallas o páginas para que su versión (mentiras en su mayoría) alcance al mayor número de personas. Mentir sin consecuencias.

Lo que vimos en Oaxaca es el uso de la fuerza letal generalizada para –curiosamente- restaurar el orden. Solo en países lejanos a los valores democráticos se recurre a la fuerza letal para poner orden. En otras palabras, hemos dado como país un paso para atrás en la consolidación de nuestra democracia y rendición de cuentas de nuestras fuerzas de seguridad. Nueve muertos avalan el dicho. Dispararle a población civil desarmada para instaurar el imperio de la ley. Solo una mente totalitaria podría sostener dicha hipótesis.

Ante las mentiras de la autoridad y reproducidas sin contra pisas por un amplio número de medios de comunicación y las mentiras de la CNTE, debemos de reconocer el trabajo informativo que han hecho decenas de medios independientes y ciudadanos con interés de informar la veracidad de los hechos. Todavía retumban en mi cabeza las primeras versiones de la Policía Federal donde afirmaban que los policías no llevaban armas. Mentir sin consecuencias. Como respuesta, medios independientes y agencias internacionales de noticias sacaron a través de redes sociales los metadatos de las imágenes que descubrían la evidente mentira de Enrique Galindo, el policía mayor.

El mismo policía afirmó, sin temor a mentir ante los micrófonos, que sus agentes habían sido emboscados, ¿por cuántos fue emboscada la policía? Por unas dos mil personas (los manifestantes de Nochixtlán). La mentira de Galindo sobre su afirmación que la policía disparó porque fueron emboscados por la nada despreciable cifra de dos mil manifestantes es un lapidante humor involuntario de Galindo. Otorgando sin conceder, la defensa de la emboscada sólo pone al descubierto el paupérrimo nivel de inteligencia que tiene la policía antes de actuar ante una manifestación.

La estigmatización de la CNTE facilita la represión. Sin importar si se comulga o no con lo que representan, ejercer la mano dura es sinónimo de un gobierno sin herramientas para mantener la gobernabilidad en su territorio. Los comentarios relativos a que la CNTE se merece la represión por sus bloqueos, barricadas y forma de protesta contienen altos niveles de ignorancia y respeto sobre el derecho a la protesta. Omito a propósito si su postura ante la Reforma Educativa es acertada o no. Mis argumentos van dirigidos a su ejercicio legal del derecho a la protesta.

Las fuerzas de seguridad tienen como principal responsabilidad garantizar de manera segura el derecho constitucional a la libertad de expresión. Su tarea de contener actos de violencia –puede ser a través del uso proporcional, oportuno y racional de la fuerza (no letal)- es de primer orden. Responder a violencia con violencia haría equivalente las responsabilidad y obligaciones de manifestantes y policía. Si un manifestante comete un delito durante la manifestación su derecho a la libertad de expresión no lo exime de responder por el delito cometido. Sin embargo, si la policía comete abusos y viola la ley, son violaciones a derechos humanos y también tiene que responder. En este caso, el uso letal de la fuerza debe de ser investigado y castigado. Pero ya sabemos del estado de colapso que tiene la PGR por lo que debemos de asumir, nuevamente, otro hecho que quedará en impunidad.

Medios como Excélsior, La Razón, Milenio y El Universal tienen una fascinación por calificativos como “anarcos”, “guerrilleros”, “magisteriales” como forma de etiquetar y estigmatizar a un grupo disidente. En el caso de Oaxaca, Milenio fungió como la vocería de la Policía Federal y los mal logrados aparatos de inteligencia. Su cercanía con ese sector gubernamental ha estado claro desde hace un tiempo. Por otro lado, Excélsior fungía como la vocería de Aurelio Nuño.

El diálogo con las voces disidentes en democracia es fundamental. Es lo que sostiene el sistema político. Cerrar el diálogo a la CNTE y optar por la persecución (fundada o no) de sus líderes y la represión en las calles es lo que ha atizado el choque de fuerzas. Entender Oaxaca es complejo. Entender la reforma educativa con sus promotores y disidentes es igualmente compleja. Si quieres leer que la CNTE es el peor mal para este país, lean a Ricardo Alemán. Si quieren enaltecer a ese grupo magisterial lean a John Ackerman. Si nos alejamos de las lecturas totalitarias de los hechos encontraremos un panorama no menos desolador. Pero sería un primer paso para deslindar responsabilidades, no sólo de los hechos en Oaxaca, sino de quienes llevaron el conflicto a los niveles de atomización en los que está y, de esta manera, determinar quién dio la orden de disparar. Repito, comulgar con alguno de los extremos nos reducirá a una batalla interminable.

Nos hemos acostumbrado a tener versiones a medias de hechos violentos que perturban a la sociedad. Nos obligan a creer en actos de fe informativos porque la información es escasa y confusa. La autoridad en vez de informar hace política y: mentiras sin consecuencias.

Darío Ramírez

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Estudió Relaciones Internacionales en la Universidad Iberoamericana y Maestría en Derecho Internacional Público Internacional por la Universidad de Ámsterdam; es autor de numerosos artículos en materia de libertad de expresión, acceso a la información, medios de comunicación y derechos humanos. Ha publicado en El Universal, Emeequis y Gatopardo, entre otros lugares. Es profesor de periodismo. Trabajó en la Oficina del Alto Comisionado para Refugiados de las Naciones Unidas (ACNUR), en El Salvador, Honduras, Cuba, Belice, República Democrática del Congo y Angola dónde realizó trabajo humanitario, y fue el director de la organización Artículo 19.

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