Hace unos días, elementos de la Secretaría de Marina ocuparon por la fuerza un tramo ferroviario operado por Ferrosur coordinadamente con otras empresas internacionales. Esto, por supuesto, contradice lo que prometió el Presidente López Obrador al inicio de su mandato de que no expropiaría ninguna empresa.

La toma de las instalaciones ferroviarias en Coatzacoalcos, donde se realizaban trabajos del proyecto del tren transístmico, es preocupante en más de un sentido.

En primer lugar, porque esta medida arbitraria se realizó sin el consentimiento de los dueños legítimos de las instalaciones. La medida constituye un atentado contra el Estado de Derecho, en particular, contra la certeza jurídica que debe existir en todo tipo de inversiones. Este principio no fue respetado, pues las acciones se realizaron de forma intempestiva, arbitraria y sin escuchar a las partes involucradas. Hay un cuestionamiento jurídico de la acción presidencial, por lo que la Coparmex ha pedido recientemente revisar el estatuto legal del decreto.

En segundo lugar, la medida se llevó a cabo utilizando a las fuerzas armadas y fue, así, un ejercicio de intimidación. Pero lo más alarmante es la decisión que tomó el gobierno de otorgarle al ejército la gestión de una actividad empresarial para la que no puede estar capacitado. Se trata de otra muestra de cómo el régimen obradorista pretende violar la frontera entre el mundo civil y el militar.

En tercer lugar, la expropiación tendrá el efecto de crear un clima hostil para la inversión en México. En este caso se está afectando el interés de una empresa del ramo logístico que opera en colaboración con empresas internacionales y que, al parecer, ya ha sufrido perdidas en su patrimonio. Se trata de un ataque contra las libertades empresariales de los mexicanos y contra la buena marcha de la economía. La expropiación tendrá como consecuencia natural que muchas empresas nacionales e internacionales decidan no invertir en proyectos público-privados de largo plazo en el país, debido al alto riesgo de acciones arbitrarias por parte del gobierno.

El evento también nos habla claramente de algo muy preocupante: la continua deriva autoritaria del régimen que vislumbra un final de sexenio muy tempestuoso. En efecto, la expropiación no ocurre en el vacío y es más bien parte del creciente ataque del régimen contra quienes discrepan de él.

Preocupante también es la reacción tanto de sus simpatizantes como del propio Presidente. Los primeros han llegado a justificar el acto como uno que impacta sólo a los más ricos. Se equivocan: de este tipo de arbitrariedades nadie está exento. El día de mañana, la autoridad federal podría despojar a sus legítimos propietarios de una pequeña miscelánea o de una vivienda. El amago es a todos.

Por otro lado, el Presidente no ha dejado de hacer piruetas verbales intentando engañar a la ciudadanía al sugerir que la expropiación de Ferrosur no es técnicamente una expropiación. Nadie que lo haya pensado dos veces se tragaría este sofisma del oficialismo.

No hay futuro para México sin su integración a la economía global. Esto pasa por el aumento de la inversión nacional y extranjera en nuestro país. Con su arbitraria cuasi expropiación, el régimen obradorista está poniendo en peligro el bienestar económico de los mexicanos. La buena noticia es que en 2024 llegará un nuevo gobierno que buscará permanentemente atraer inversiones y proteger nuestras libertades económicas.

Gustavo de Hoyos Walther

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Abogado y empresario. Ha encabezado diversas organizaciones empresariales, comunitarias, educativas y filantrópicas. Concentra su agenda pública en el desarrollo de líderes sociales (Alternativas por México), la participación ciudadana en política (Sí por México) y el fortalecimiento del estado de derecho (Consejo Nacional de Litigio Estratégico).

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