Hace un par de semanas leía un artículo de algunos efectos postraumáticos de tener cierto activismo “facebookero” o “tuitero”, a decir en el artículo de manera “irresponsable, incluso rayando en la irreverencia”. Al mismo tiempo me surgieron las siguientes dudas: ¿quién dicta o no los comportamientos de los seres humanos en sus propias redes sociales?, ¿quién y cómo se decide que una publicación es buena o no? En este sentido, mi auto-respuesta fue simple: cada quien lee a quien le interesa leer, cada quien escribe como le parece escribir, y cada ser humano tiene libertad –al menos por ahora– de expresar sentimientos, fobias, frustraciones, estados de ánimo, logros o fracasos en sus plataformas digitales.
En el tema que nos ocupa en esta columna debemos advertir que las redes sociales han revolucionado al mundo de la política, y que estas herramientas cada vez más crecientes como Twitter o Facebook brindan una plataforma de difusión de proyectos, imágenes y propuestas de los candidatos. Pero también, como todo en la vida, tiene sus pros y contras, ya que puede convertirse fácilmente en un flanco de tiro de la oposición y crear falsos trending topics, información falseada, campañas negras digitales, entre otras cosas, de las cuales hablaré más adelante.
El precedente más importante de esta revolución “electo-digital” fue sin duda la campaña del Presidente Barack Obama. El mandatario dio a conocer sus ideas a través de Facebook y generó un boom de la “militancia virtual”. Obama gastó más de dos millones de dólares en publicidad para la plataforma de Facebook y tiene más de cinco millones de “amigos”.
Por tanto, existen posturas que afirman que las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) pueden ser utilizadas como herramientas para potencializar procesos democratizadores, y también existen otras posturas que establecen que la participación en el ciberespacio reproduce y amplía las características de los contextos sociopolíticos preexistentes.
Según Pippa Norris (Democratic Phoenix: Reinventing Political Activism, 2002) sólo los ciudadanos políticamente activos aprovecharán Internet para potenciar sus formas de participación. Por su parte, Guy Debord sostiene en su obra La sociedad del espectáculo que en la vida social se “crea un presente perpetuo apoyado en el espejismo de la tecnología, en el que es posible la ocultación, el simulacro, la mentira, ficción, apariencia que sin duda superan a la realidad, buscando un consumo masivo”.
Sin duda, debemos tener presente que nuestra tecnología electoral no se acerca ni en sueños a los números obtenidos en Estados Unidos en la “campaña madre” de este movimiento: 115 mil personas donaron fondos a la campaña de Obama; más de 750 mil voluntarios movilizaron las redes sociales; en la página oficial de Barack Obama observamos 4.5 millones de personas adscritas sin importar si son “amigos o no”; el War Room de Obama instauró el sistema de propia red denominada MyBarackObama.com captando más de 2.5 millones de seguidores, 13 millones de correos electrónicos recibidos.
Imagine usted lo que pasaría en nuestro país con el tema de moda de la protección de datos: 13 millones de emails en manos equivocadas; en lugar de generar consensos y seguidores, instauramos robots replicadores automatizados; la infraestructura tecnológica, es decir, la brecha digital; el número de empresas que brindan el servicio de banda ancha, “en donde hay, claro está”; la calidad de la conexión; la propia cultura digital; el poder adquisitivo y grado de aceptación para utilizar los llamados smartphones son muy diferentes y si le aunamos la coyuntura social y política concreta (inseguridad, violencia, pobreza, elecciones) debemos preguntarnos ¿en dónde nos encontramos y hacia dónde vamos?
Consulta Mitofsky menciona en su estudio sobre medios digitales que Twitter posee mayor penetración en jóvenes, personas escolarizadas y de niveles socioeconómicos altos. El perfil general ronda en más del 60% entre jóvenes de 18 y 30 años y el 95% de ellos habita en zonas urbanas, algo muy lógico sin duda. Menos del uno por ciento de ellos mencionó tener confianza en sindicatos, senadores, diputados, policía y partidos políticos, y a más de la mitad no le interesa la política. El 16% de los usuarios de Twitter declararon estar interesados en la política, frente al 12% de los usuarios de Facebook y el 8% de interés de los no usuarios de redes sociales. Es decir: a pesar del desinterés generalizado en política, Twitter concentra más personas con intereses políticos que Facebook y que los no usuarios de redes. Quizá esta sea una respuesta al porqué los políticos mexicanos hoy en día, casi por exigencia como en el Gobierno del Distrito Federal, deben tener una cuenta de Twitter con la finalidad de establecer un vínculo entre político y ciudadano.
Pero toda esta nueva modalidad digital en un entorno político-electoral gesta el llamado “acarreo digital” que he comentado en líneas anteriores, como lo es la fabricación ficticia de trending topics, o peor aún la lenta conversión en dispositivos de comunicación política en periodos prohibidos de campaña. Según nuestra ley electoral existen periodos específicos de campaña, aquí es donde considero que se violenta la ley, ya que cualquier candidato puede utilizar estas plataformas digitales con un uso electoral. Imagine usted, si el órgano electoral prohíbe un spot, fácilmente se puede subir a la nube y este cumplirá con su cometido. También poco a poco se utilizan más los perfiles de redes sociales como enlaces territoriales de campañas políticas. Resulta algo sin duda útil en una campaña electoral, ya que el tiempo que un ciudadano pasa con un celular en la mano seguramente supera las nueve horas diarias.
En fin, las campañas políticas virtuales pueden o no acercar a los políticos a la gente, permiten una interacción directa con los posibles votantes, un candidato o partido no tendrá límites para publicidad, un candidato puede invertir miles de millones de pesos en spots para Facebook, en publicidad, posters y cintillos digitales, y todo sin que exista una autoridad que monitorea los topes y gastos de campaña en esta modalidad ya que no está contemplada en nuestra legislación.
O tal vez esta elección seremos testigos de cómo se operará un proceso electoral. Ahora la línea es enviar el mayor número de tuits o comentarios en redes sociales desde las seis de la mañana del día de la jornada electoral, subir publicidad de candidatos, publicitar acciones, promesas o triunfos el mismo día de la jornada electoral, o lo peor de los dos mundos: ejercer el método tradicional de compra y coacción del voto, pero con medio probatorio digital; es decir, comprobar mediante una imagen vía celular el haber votado por el candidato acordado. Sin embargo, como se ha demostrado en muchos procesos electorales internacionales, no existe una correlación efectiva entre el número de seguidores, amigos, likes, ni la popularidad de un candidato en redes sociales, con el aumento en preferencias electorales o la obtención del triunfo.
Lo que sin duda deberemos estar muy pendientes y hacer lo posible por fomentar es una necesidad como canal de comunicación entre políticos y ciudadanos, en donde nuestros políticos abonen la cultura democrática del ciberespacio estableciendo una efectiva comunicación, debate político, diálogo; y donde los ciudadanos expresen sus necesidades, sugerencias y que los políticos den respuesta a ellas.
Por tanto, debemos ser conscientes de que las redes sociales no nacieron como una herramienta política. Actualmente se utilizan como medios de propaganda para las plataformas políticas de partidos y candidatos, pero ese no fue el objeto de su creación. Los asesores electorales deberán entender que no se trata de trasladar las prácticas tradicionales a la red como lo es la coacción, la manipulación, el acarreo y la denostación; las “campañas negras virtuales” no deberían tener cabida en este proceso de modernidad.
Por su parte, las autoridades electorales deberán sin duda alguna poner en la mesa la manera en la cual legislarán controlando y acotando el poder de las redes sociales ya que hoy en día no hay forma de controlar el contenido. No pretendo entrar en la discusión de si va en contra de la libre expresión o no, lo que sí es verdad es que se deberán tomar cartas sobre el asunto por el bien de los procesos electorales, abonando a la cultura de la legalidad, transparencia y fiscalización de recursos destinados a campañas electorales. Nos vemos la próxima semana.
