Esta semana dos hechos de la agenda pública de México son particularmente relevantes. La aprobación del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) en el Senado de la República y la presentación del Índice Global de Impunidad (IGI) por la Universidad de las Américas de Puebla (UDLAP).
Ambos hechos guardan una relación fundamental: no se puede combatir la corrupción sin una reducción drástica en los índices de impunidad del país. Mientras eso no suceda, el tan publicitado y complejo Sistema Nacional será, otra vez, pura simulación.
Me explico.
De acuerdo con el Índice Global de Impunidad (IGI), el primer esfuerzo de ésta índole a nivel mundial realizado por la UDLAP en colaboración con otras instituciones, México ocupa el penúltimo lugar (58 de 59) de las naciones evaluadas con una calificación de 75.7.
El reporte señala que en Mexico la impunidad no solo es de hecho sino, también, de derecho. La primera alude a la debilidad de las instituciones, en especial de los poderes judiciales para obstaculizar la marcha de los procesos o corroer la independencia y la imparcialidad de la justicia; la segunda se refiere a las leyes, decretos o instituciones jurídicas que impiden que las personas implicadas en violaciones de derechos humanos deban comparecer ante la justicia a través de normas que disponen de antemano la inmunidad de los miembros de las fuerzas de seguridad, es decir que extienden “carta blanca” a aquellos funcionarios encargados de hacer cumplir la ley.
En México, el problema es tan serio que no solo la mayor parte de los delitos cometidos tienen una bajísima probabilidad de ser castigados, sino que además, tenemos marcos normativos que generan islas de privilegios o espacios de excepción donde los grupos de poder son protegidos para que sus acciones no sean castigadas en caso de delinquir.
Ambos tipos de impunidad integran lo que el mismo informe señala como un problema multidimensional, complejo y estructural al que urge poner atención a través de esfuerzos concretos en materia de sistemas de seguridad, sistemas de justicia y protección de derechos humanos.
Por otro lado, esta semana el Senado aprobó con 97 votos a favor la creación del nuevo Sistema Nacional Anticorrupción, quien será ahora el encargado de coordinar la prevención, detección y sanción de actos de corrupción.
Además, según una nota del diario Milenio, el SNA incluye que:
- Los servidores sí tendrán que presentar una declaración de intereses además de la patrimonial, desafortunadamente hacerlas públicas seguirá siendo opcional.
- Los titulares de los órganos internos de control ya no serán nombrados por el titular de la dependencia, sino por la Cámara de Diputados y dichos órganos tendrán más facultades de revisión.
- El nuevo Tribunal Federal de Justicia Administrativa sancionará a los servidores y particulares por actos de corrupción.
- La Auditoría Superior de la Federación podrá revisar el ejercicio fiscal en curso y anteriores y fiscalizará los recursos federales destinados a los estados y municipios.
- No se acelera la presentación, ni revisión de la cuenta pública.
- Ahora se especifican las sanciones a las que se podrán hacer acreedores los responsables de actos de corrupción.
Todavía falta que por lo menos 17 Congresos Locales en los estados de la república aprueben el sistema y que las leyes secundarias traduzcan con claridad el objeto general del instrumento.
Si bien debo reconocer que la sola aprobación puede representar un avance para combatir la corrupción en México, creo que otra vez reformamos para no cambiar. Es decir, y como bien señala el grupo de organizaciones de la sociedad civil integrado por el IMCO, Mexicanos Primero, México ¿Cómo vamos?, México Evalúa y el Centro de Estudios Espinosa Yglesias que ayer presentaron el “Anticorruptómetro”: México tiene niveles de corrupción vergonzosos, por esa razón no estamos para medias tintas.
Y es que otra vez conservamos el mayor coto de poder intacto: el hecho de que tanto el Presidente, Gobernadores, Alcaldes y legisladores no podrán ser juzgados ni castigados por los delitos cometidos gracias a la protección que les brinda el fuero constitucional representa una omisión muy grave.
Esta excepción es un duro golpe a la esperanza de los mexicanos porque, en algún momento, el estado de cosas del país cambie de manera profunda. Así que una vez más nuestros legisladores se equivocan: si en el centro de flotación de la credibilidad y la confianza ciudadana se encuentran los temas de corrupción, conflicto de interés o enriquecimiento ilícito, ¿por qué mejor no ir a fondo y crear un sistema que sirviera para castigar desde el principio a los gobernantes corruptos? ¿No hubiera sido mejor dar el manotazo en la mesa de una buena vez y sentar un precedente?
Los fans del gradualismo insistirán en que esta es la reforma de lo posible y no la reforma ideal. Y me parece que allí está el problema: nuestra clase política no entiende que los mexicanos vemos a diario que hay una abismal diferencia entre lo que ellos -los políticos- consideran como “posible” y lo que lo mexicanos de a pie consideramos como “necesario”.
En el fondo de dicha resistencia lo que prevalece es lo de siempre: la falta de voluntad para cambiar una situación que le reditúa a la clase política una vida de privilegios e impunidad.
Una resistencia que solo podremos ir venciendo en la medida en que vayamos dando pasos firmes sancionando a quien delinque, a quien abusa de su poder, a quien se enriquece con o a través del servicio público. En pocas palabras, acabando con la impunidad en el servicio público.
Pasos que seguro pudimos haber dado más rápido si esta semana nuestros senadores se hubieran acordado que trabajan para representar a sus ciudadanos y no para conservar los privilegios de sus partidos porlíticos. Si se hubieran acordado en lugar de hojear catálogos de yates como el senador Carlos Romero Deschamps del PRI.
Pasos que todavía podemos dar, si en el futuro cercano los diputados que integran los Congresos Locales recuerdan y asumen ese compromiso. Por eso hay que apoyar y socializar herramientas como el “Anticorruptómetro”, que medirá de manera puntual el avance de la implementación del SNA en los estados de la república.
Para hacerlo posible, el cumplimiento de ese compromiso deberá ser vigilado por la sociedad civil a lo largo y ancho del país como ya lo dijeron las organizaciones mencionadas. Ojalá muchas organizaciones locales puedan sumarse en el camino que la democracia de este país no solo se construye en la Ciudad de México, sino desde la trinchera de cada uno de los Estados.
Insisto, no se necesita mucho, cuatro o cinco organizaciones de la sociedad civil comprometidas en cada estado pueden empujar a sus legisladores locales para que hagan realidad el Sistema Nacional Anticorrupción. Dejemos de quejarnos de los corruptos, de culparlos por sus excesos y lamentarnos de su cinismo; mejor seamos responsables: hagamos del combate a la corrupción una tarea ciudadana.
