Ciudad de México, 23 de abril (SinEmbargo).– El Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda) y el Centro de Transporte Sustentable CTS EMBARQ México coincidieron en que existe una falta de información pública respecto al proyecto del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM), cuya construcción se planea hacer en la zona del Lago de Texcoco, Estado de México.
Las tres organizaciones crearon un Observatorio Ciudadano para monitorear el proyecto de la nueva terminal aérea. Entre octubre y diciembre del año pasado realizaron foros ciudadanos para analizar los temas considerados más relevantes: ambiental, de competitividad y desarrollo económico, de desarrollo urbano y movilidad e inclusión social.
Al presentar ayer las conclusiones de esos foros, con base en las opiniones de los asistentes y sus propios análisis a partir de la información disponible del proyecto, los representantes de las tres organizaciones resaltaron la falta de información en los rubros analizados.
En el tema ambiental, se desconocen cuestiones como cuáles son las técnicas y materiales de construcción adecuados para el tipo de suelo donde se pretende construir el nuevo aeropuerto (los cuales se asentarán de forma diferenciada), cuáles son los estudios técnicos que sustentan que los proyectos hidráulicos desarrollados por la Comisión Nacional del Agua (Conagua) resolverán el problema de las inundaciones en la zona, si existen estudios para entender los impactos regionales acumulativos y combinados que traerá el nuevo aeropuerto o si se adoptarán medidas de monitoreo de la contaminación del aire.
También existen dudas sobre cuánto tiempo se estima que tomará la restauración ecológica de la zona afectada, la reubicación de especies y la adaptación de éstas a su nuevo hábitat; qué medidas se implementarían para evitar que la desecación prevista del Lago de Texcoco lleve al aumento en las emisiones de material particulado [mezcla de partículas en suspensión]; o qué estudios se han usado para asegurar la implementación de la Estrategia Nacional de Cambio Climático para reducir la vulnerabilidad ante los efectos del cambio climático.
Asimismo, en el tema del agua, se desconoce quién será responsable de realizar y financiar la operación y mantenimiento de las 24 plantas de tratamiento de aguas residuales previstas y qué medidas se adoptarán para que el desarrollo asociado a la nueva obra no provoque escasez de agua en las poblaciones aledañas. También falta información sobre los programas de rescate de flora y fauna dl Lago de Texcoco, así como el plan de restauración ecológica del Lago de Texcoco y pese a que se anunció que sería una obra autosustentable no se han hecho públicos los detalles de los proyectos de energía solar y biogás que cubrirán las necesidades energéticas del aeropuerto.
LAS PREOCUPACIONES
Margarita Campuzano, del Cemda, refirió que una de las principales preocupaciones de los ciudadanos que acudieron a los foros es que no se les estaba consultando ni informando adecuadamente sobre el proyecto.
Hasta ahora, la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) sólo ha realizado una consulta pública para exponer el impacto ambiental que tendrá el nuevo aeropuerto, previsto para abarcar un área de 4 mil 431 hectáreas de terreno en los municipios mexiquenses de Atenco y Texcoco.
Dicha consulta fue realizada el 28 de octubre de 2014 en el municipio de Ecatepec, demarcación donde no se llevará a cabo la construcción del aeródromo, y a ella acudieron apenas unas 580 personas. Campuzano expresó ayer que en esa consulta no estuvieron bien representados los habitantes de los municipios aledaños que sí serán afectados por la obra.
Refirió además que aún hay cuatro programas y seis planes que aún están pendientes de elaborarse, y que tendrían que consultarse con la ciudadanía.
RIESGOS EN CONTRATACIONES
Otro rubro de análisis del Observatorio Ciudadano es el relativo al desarrollo económico y la competitividad que implicará el nuevo aeropuerto. Sobre las dudas que para las organizaciones persisten destacaron que, en el contexto de ajustes presupuestales, se tendría que conocer los efectos que los factores macroeconómicos podrían tener sobre el presupuesto asignado al proyecto y si existe un plan de financiamiento contingente o un plan en caso de que los costos del proyecto resultasen más altos de lo esperado.
También tendría que informarse si se tiene contemplado aportaciones de capital privado, pues hasta ahora no ha quedado claro si la iniciativa privada participará en el proyecto.
En su análisis, también plantearon cuestionamientos como cuál es la justificación para construir seis pistas cuando aeropuertos importantes como los de Londres y Nueva York tienen menos; cómo se distribuirán los spots a las aerolíneas, considerando que de eso dependa que se promueva o limite la competencia entre las aerolíneas; cuándo se publicará el “Programa Maestro de Desarrollo” estipulado en el título de concesión que otorga la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) al Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México; o cuándo se dará a conocer el estudio que identifica las estrategias para convertir el nuevo aeropuerto en un centro de conexión regional.
En este rubro, el área donde advirtieron un mayor riesgo ante la falta de información fue en el de las contrataciones. Ana Ogarrio, consultora del IMCO para temas de desarrollo urbano, refirió que no todos los contratos relacionados con el proyecto están disponibles públicamente o no son de fácil acceso.
Destacó las contrataciones hechas con la consultora estadunidense Parsons, para la gerencia del proyecto; la holandesa Netherlands Airport Consultants (Naco), que será encargada del diseño de pistas; y los arquitectos Norman Foster y Fernando Romero, designados para la propuesta arquitectónica del aeropuerto.
Al respecto, Ogarrio detalló que la contratación de la consultora Parsons, que ofrece servicios de programas de gestión en la construcción de aeropuertos, se hizo por una adjudicación directa argumentando razones de seguridad nacional. “Nosotros consideramos que los argumentos que se presentan no se sostienen”, dijo la consultora de Imco, señalando que esa información ya se había compartido con otros contratistas, por lo que la secrecía argüida para otorgar la contratación sin concurso de por medio no era sostenible.
Sobre el proyecto arquitectónico presentado por el dúo Foster-Romero, éste se contrató por invitación restringida y sin embargo no hay nada de información disponible, por lo que se desconoce cómo se llevó a cabo el proceso de contratación.
Pese a la ausencia de información, Ogarrio refirió que en octubre del año pasado, un ciudadano solicitó información al respecto a la SCT. La dependencia contestó declarándose incompetente, pero ante la negativa el ciudadano promovió un recurso de revisión y el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos (Ifai) le dio la razón. Ese fallo, explicó la consultora, demuestra el carácter público de dicha información.
En cuando a la empresa holandesa Netherlands Airport Consultants –que en conjunto con las mexicanas Sacmag de México y Tadco Constructora, se encargarán del proyecto de construcción de pistas, rodajes, plataformas y ayudas a la navegación del nuevo aeropuerto– si bien la contratación se hizo en total apego a la ley, Ogarrio consideró que tiene áreas de mejora en prácticas de competencia.
MOVILIDAD E INCLUSIÓN SOCIAL
En el rubro de desarrollo urbano y movilidad, Adriana Lobo, directora general de CTS EMBARQ México, advirtió que en cuanto a la conectividad de la ciudad con el nuevo aeropuerto las propuestas de transporte son limitadas, complejas y que requerirán varios años para su planeación y ejecución. También señaló que hasta ahora ni los gobiernos del Distrito Federal y del Estado de México ni los de los municipios que serán impactados han adaptado sus programas de desarrollo urbano al escenario que implicará el nuevo aeropuerto.
Para el Observatorio Ciudadano persisten también dudas como qué instrumentos de política pública se planea usar para administrar el crecimiento de la zona oriente de la ciudad de forma sustentable, cuándo se dará a conocer el Plan de Desarrollo regional para la zona que será impactada por el nuevo aeropuerto así como un plan de conectividad; y cuáles fueron los criterios o estudios utilizados para determinar los proyectos de adecuaciones viales y transporte público.
Asimismo se desconoce cuáles son los proyectos de movilidad considerados para el corto y largo plazos, las etapas de construcción y lo presupuestos para todas las obras viales asociadas.
En cuanto a la inclusión social, el Observatorio Ciudadano señaló que el gobierno federal no ha brindado a las comunidades aledañas a donde pretende hacerse el nuevo aeropuerto una justificación clara de por qué el proyecto es necesaria y cómo se verán afectados o beneficiados.
También en este ámbito prevalecen dudas respecto a lo que ha anunciado el gobierno federal. Por ejemplo, se ha mencionado la generación de 160 mil empleos, pero se desconoce qué tipos de trabajos serán, cuánto tiempo durarán y si se dará prioridad a los habitantes de la zona para esos trabajos.
Tampoco se sabe si el gobierno impulsará la participación ciudadana, si tiene contemplada alguna plataforma de comunicación con las comunidades afectadas, si está contemplado desarrollar un plan de desarrollo o de inclusión social específico para la zona, o cómo se informará adecuadamente a los pobladores para evitar la especulación de los terrenos.
