El priista Héctor Murguía Lardizábal va por su tercera vez por la Alcaldía de Ciudad Juárez, Chihuahua. Sus dos anteriores administraciones han quedado marcados por la sospecha del narco. Su nueva postulación, dicen especialistas, muestra la decadencia de la política en el país.
Ciudad de México, 23 de marzo (SinEmbargo).— El priista Héctor Murguía Lardizábal justificó que, en el último año de su primera gestión como Alcalde de Juárez, hubiera nombrado a un jefe policiaco que después fue detenido por narcotráfico con el argumento de que no tenía una “bola de cristal” que le revelara este vínculo. Era marzo de 2010, el año más violento en la historia de aquella frontera, y “Teto” Murguía respondía así a los cuestionamientos sobre Saulo Reyes Gamboa, un joven empresario, director de la Policía Municipal hasta octubre de 2007 y que, enero de 2008, días antes del inicio del estallido de homicidios, fue detenido en El Paso, Texas, por tratar de organizar el cruce de un cargamento de drogas.
“Dije claramente por qué la infiltración de la policía, que no era labor de mi administración (…) que era una respuesta a décadas de no haber hecho lo que debimos haber hecho, ¿Por qué? Porque no tenía los recursos”, dijo Murguía en entrevista con El Diario.
“Teto” estaba en ese momento en su segunda campaña como candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI) a la Alcaldía de Juárez. El PRI lo había propuesto para otro mandato aun cuando en el primero –de 2004 a 2007–, de acuerdo con su sucesor José Reyes Ferriz, había dejado la Policía Municipal con tal grado de infiltración criminal que los agentes, en patrullas, “iban y levantaban” personas para matarlas.
“Nosotros recibimos una Policía que estaba desde sus más altos mandos en situaciones de infiltración por la delincuencia organizada; lo vimos con la detención del ex director de la Policía en los Estados Unidos; sabemos que hay infiltración al interior, en mandos y en las áreas operativas de la Policía”, insistió Reyes Ferriz desde agosto de 2008.
Esta descomposición entre los cuerpos de seguridad, agregó el Alcalde en un foro en octubre de ese mismo año, “desató la peor crisis delictiva de que se tenga memoria”.
Saulo Reyes no fue el único integrante de la Policía de la administración de Murguía vinculado con el crimen organizado.
También en 2010 fue sentenciado en Estados Unidos el ex agente municipal Jesús Fierro Méndez, ex integrante de una unidad policiaca antinarcóticos y, al mismo tiempo, operador de la delincuencia organizada.
“Mientras Fierro Méndez supervisaba la transportación y distribución de cocaína, también servía como oficial de policía en la unidad Puma –una unidad antinarcóticos dentro de la corporación”, reportó la Agencia Antidrogas Estadounidense (DEA, por sus siglas en inglés) el 19 de junio de 2010.
“Entre finales de 2006 y agosto 29 de 2007, la organización de Fierro Méndez transportó aproximadamente cinco kilogramos de cocaína por semana de Ciudad Juárez a El Paso, antes de arribar a Indianápolis para su comercialización doméstica”, agregó el boletín oficial.
Pese a los antecedentes, y con una participación en los comicios de menos de un 40 por ciento del padrón electoral, “Teto” ganó en 2010 la elección para gobernar Juárez hasta 2013.
Fueron los años de la presunta recuperación de Juárez, cuando el Alcalde nombró al teniente coronel Julián Leyzaola al frente de la Secretaria de Seguridad Pública y la corporación municipal suplió a militares y policías federales en el lugar de los principales violadores de los derechos humanos. Hasta 321 mil personas, de acuerdo con El Diario, fueron detenidas en esa administración por agentes locales. Cuatro policías de élite, además, fueron procesados y sentenciados por la desaparición forzada de cuatro jóvenes en 2011.
Murguía no es el primer Alcalde juarense cuya Policía Municipal se vincula con diferentes crímenes y con el narcotráfico, pero sí es el único a quien esto le ha ocurrido dos veces, y en menos de diez años. La primera, además, meses antes de que iniciara lo que autoridades han descrito como una disputa por el control del narcotráfico que dejó miles de homicidios.
Aun así, el pasado 22 de diciembre de 2015, Murguía fue nombrado por la dirigencia nacional tricolor como candidato a Alcalde de Juárez por tercera ocasión, luego de que, como otros ocho priistas, perdiera la nominación para la gubernatura que fue asignada al Alcalde juarense saliente, Enrique Serrano, identificado como el “delfín” del Gobernador César Duarte Jáquez.
La designación hecha para la frontera fue considerada por representantes de la sociedad civil como síntoma de la “decadencia” política que vive México y de la apuesta priista, dijo el académico de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, Hernán Ortiz, de ganar entre la población que vende sus votos no sólo por despensa, sino incluso por “entretenimiento o por bailar una cumbia”.
La apuesta, agregó Ortiz, es también por la “desmemoria” y la apatía de una ciudad en la que vota menos del cuarenta por ciento del padrón electoral y que –con alternancia desde 1983– ve a todos los partidos como corruptos.
“Hay una vinculación directa entre el narcotráfico y uno de sus operadores en la Policía Municipal, y en la más reciente de sus administraciones, con Leyzoala, hubo infinidad de violaciones a los derechos humanos”, resumió Sergio Meza, director ejecutivo de la organización Plan Estratégico.
“Entonces, que se postule por tercera ocasión nos habla de un sistema político en total decadencia, en el que incluso los mismos priistas están en desacuerdo”, agregó.
Un conductor de noticieros e hijo de un empresario televisivo cercano al priismo empezó la búsqueda del registro de su candidatura como independiente y, de acuerdo con columnas periodísticas, cuenta con el apoyo de empresarios priistas juarenses que hace años participan en política y que se sintieron marginados con los nombramientos.
Un día después de que venciera el plazo de recolección de firmas para el registro, sin embargo, el conductor-candidato, Armando Cabada Alvídrez, fue sujeto de un mensaje escrito en una manta que, al estilo del crimen organizado, lo acusó a él y a su esposa de “robar al cártel”.
El mensaje, firmado por los “socios de Farfán”, obligó a Cabada a confirmar en conferencia de prensa que, antes de casarse con él, su esposa contrajo matrimonio con Joel Farfán Carreño, detenido en 2005 en España por cargos de narcotráfico.
En la conferencia, de acuerdo con lo que reportaron los medios, si bien el precandidato declinó identificar por nombre a quien consideraba autor del mensaje, agregó que se trataba de alguien que quería “judicializar” su campaña.
Una solicitud de entrevista con Murguía hecha a su equipo de campaña no había sido respondida al cierra de esta información.
GASTOS Y “AUTORITARISMO”
Dos administraciones con policías señalados por cometer crímenes no son el único legado de Murguía al municipio de Juárez.
Otro es el gasto cercano a los 900 millones de pesos, o casi un tercio del presupuesto anual de la ciudad, en la construcción de una vialidad que pasa por un terreno que era suyo y que hoy es de su cuñado y socio, así como del empresario al que su administración asignó la obra.
Otra es la omisión del pago de más de medio millón de pesos por concepto de predial, la mitad de ellos evadidos incluso a su propio Gobierno, al que no reportó la construcción de una plaza comercial en un terreno que por años declaró como baldío.
Uno más, dice Mesa, es el “autoritarismo” con el que resistió y trató de acallar las críticas ciudadanas, como cuando en 2012 la organización Plan Estratégico presentó un informe cuestionando el trabajo de los regidores y, después, sus oficinas fueron saqueadas.
“Es uno de los personajes mas antidemocráticos que haya conocido la ciudad”, dice Mesa. “Es una imposición el que él sea elegido por el 15 por ciento del padrón electoral; por el voto duro”, agrega.
Y lo que está en juego, explica, es el futuro de una ciudad en la que permanecen intactas las causas de la violencia, como la corrupción y la pobreza, por lo que “cualquier desajuste entre las bandas criminales” podría acabar con una presunta pacificación sostenida “con alfileres”.
“Ahorita la seguridad en los siguientes años depende de estas elecciones porque con ellas hemos visto que se han acomodado las cosas”, dice Mesa.
“La seguridad en Juárez no depende de una acción eficiente del Estado; responderá a otras situaciones, pero el nivel de corrupción, la gran impunidad siguen ahí, el sistema judicial es controlado por el Gobernador, el aparato legislativo también (…) No ha cambiado el fondo de las cosas; entonces, cualquier desajuste entre bandas criminales, afectará todo”, agrega.
