En los más recientes 50 años, ningún Presidente de la República había sido tan ferozmente criticado, atacado y ofendido, de la manera tan soez y vil como Andrés Manuel López Obrador. Como pudo verse y escucharse en la mayoría de las entrevistas que se le hicieron a quienes el pasado domingo 18 de febrero del 2024 salieron a las calles en diversas plazas del país para manifestarse, presumiblemente, en favor de la democracia y en contra de la presunta dictadura, que podría llevar al país al comunismo, los insultos al mandatario fueron la corroboración fehaciente del amplísimo margen de libertad y del desbordado clima de libertinaje del que gozan los odiadores profesionales.

Es amplia la cofradía de quienes sin razones válidas y sin razonamientos, asumen que sólo su voz es importante y muy valiosa su opinión, porque forman parte de las élites privilegiadas que saben leer y escribir, que egresaron de exclusivos colegios privados, que hablan algún idioma extranjero y tienen dinero para estrenar prendas rositas, cuando salen a las calles a protestar en defensa de su democracia y de sus instituciones. Son, en su mayoría, integrantes de esa exclusiva cofradía discriminadora, racista y clasista que no puede aceptar que el voto de todos y cada uno de los ciudadanos, por muy modesto que sea su origen, que integran la mayoría en este país, vale tanto como el del más encumbrado, exquisito o presumiblemente ilustrado personaje de las clases privilegiadas.

Sólo creen en esa democracia de excepciones y privilegios que tanto añoran, inspirada en la presunta gracia divina de un destino manifiesto de ser perpetuamente ricos y poderosos, aunque la mayoría pobre y marginada muera por hambre, desnutrición, desencanto y tristeza. Para esa minoría privilegiada sólo es legítima la democracia que favorece a quienes se sienten los amos y dueños del país, los que se asumen como gente decente y de bien, los administrados únicos o integrantes distinguidos del exclusivo consejo de administración de una empresa que durante décadas llevó tatuado el membrete de México Sociedad Anónima.

Esa patria, que ferozmente defienden los privilegiados, ha estado siempre ahí, desde la época de la colonia, con sus obligados cambios de piel, al amparo de la perenne hipocresía de los simuladores. Para ellos poco ha cambiado desde “El Siglo de la Integración”, desde que fuera concebida la brutal división y separación, entre la “República de los Indios” y “La República de los Españoles”, a las que se refieren los historiadores Andrés Lira y Luis Muro, en un capítulo de la Historia General de México, editada por el Colegio de México en el año 2000.

Los historiadores citados describen este proceso que ocurrió en el Siglo XVI, en la centuria de los años comprendidos en el 1500, en las décadas posteriores a la Conquista de México y durante el sometimiento de los pueblos de América Central, usos y costumbres que la oligarquía ha perpetuado, con crudeza y violencia, en algunas regiones del país, al amparo de un poder público cómplice y corrupto.

“Las autoridades tradicionales fueron desplazadas en muchos pueblos por advenedizos, ya macehuales (peones, jornaleros, vasallos) o gente del común, ya por otros principales que se prestaban a los manejos de encomenderos y alcaldes mayores, eclesiásticos y otras personas interesadas en domeñar a los pueblos para aprovecharlos en sus granjerías y negocios”, advierte la reseña histórica.

En la acera de enfrente, el mundo de los privilegios y de los privilegiados, por la gracia de Dios y de su majestad el rey de España.

“La República de Españoles se desparramaba por todo el territorio novohispano. Ciudades y Villas eran las poblaciones con prestigio y título reconocido, y sus habitantes eran reputados como ‘vecinos’ o cabezas de familia ‘española’; es decir, sujetos y vasallos que no tenían, como los indios, obligación de tributar. Podían aspirar a los cargos de los cabildos todos los hombres de orden que no fueran indios, ‘mestizos’, negros o castas, aunque (…) se consideraba legalmente ‘españoles’ no sólo a los criollos, sino a los mestizos nacidos de unión legítima y a los que tuvieran una débil proporción de sangre india (hijos de ‘castiza’ y español), y que muchos de ‘color quebrado’ conseguían verse inscritos como ‘españoles’ por diversas mañas y desde luego, cuando habían adquirido prestigio por sus bienes u otras razones” (Lira y Muro, Historia General de México, Colegio de México, 2000: Páginas 344, 347 y 348).

La nostalgia debe invadir el corazón de los conservadores que, al volver la mirada al pasado, añoran los tiempos en los que sólo la autollamada gente decente y acaudalada podía participar en los procesos electorales del país.

“Son ciudadanos los mexicanos que hayan cumplido diez y ocho años, siendo casados, y veintiuno si no lo han sido, y que tengan una renta anual de doscientos pesos por lo menos, procedente de capital físico, industrial o trabajo personal honesto”, establecían en su artículo 18 de las Bases Orgánicas de la República Mexicana, que entraron en vigor el 2 de junio de 1843, dictadas por la Honorable Junta Legislativa, siendo Presidente Provisional de la República Mexicana el Benemérito de la Patria, General de División Antonio López de Santa Anna, según quedó consignado en los protocolos de la época.

En tanto que, para aspirar a ser Diputado en el México de esos años, era necesario que los ciudadanos tuvieran 30 años cumplidos el día de la elección y “tener una renta anual efectiva de mil doscientos pesos, procedente de capital físico o moral”, precisaba el artículo 26 del referido ordenamiento (Covarrubias Dueñas, José de Jesús, 2003. Normas Rectoras Jurídico-Electorales de México, Vol. I, pp. 161-162).

Sólo como dato de contexto, habría que aclarar que, en 1843, el peso mexicano valía 97 centavos por cada dólar.

Ha habido otras legislaciones electorales que han reflejado con claridad los prejuicios y el clasismo de la época en la que estuvieron vigente, como es el caso de la Ley Electoral Federal del 7 de enero de 1946, que en su artículo 43 señala quienes no pueden ser electores, votantes.

Describe a los que no pueden ser considerados ciudadanos: IX.- Los ebrios consuetudinarios y los vagos y malvivientes, declarados en los términos que prevengan las leyes; X.- Los mendigos habituales y los que vivan de la beneficencia pública y privada; XI.- Los que tengan o hayan tenido casas de prostitución pública o clandestina; XII.- Los tahúres, y; XIII.- Los que vivan a expensas de una mujer pública”. (Covarrubias Dueñas, 2003, Vol. I, pp. 325-330).

En la Ley Electoral del 19 de diciembre del 1911, se establecía, como obligatorio, en su artículo 39 que, para tener derecho a votar, para ser elector, era necesario que las personas supieran leer y escribir, según se advierte en la página 264 del Tomo I, de la citada Enciclopedia Jurídico Electoral de México. Normas Rectoras Jurídico-Electorales de México.

En información publicada en el boletín de la Universidad Nacional Autónoma de México, del 7 de septiembre del 2015, con motivo del Día Internacional de la Alfabetización, que se conmemora el 8 de septiembre, se precisa que en el año 1910 el analfabetismo en México era del 74 por ciento, es decir que, con base en las disposiciones de la ley electoral vigente en 1911, sólo tenían derecho para expresar su voluntad en las urnas, 26 de cada 100 mexicanos que sabían leer y escribir. Un sueño que acariciarían con singular placer los actuales miembros de la oligarquía y las minorías que les respaldan.

Todos los días, por los medios a su alcance, esa minoría privilegiada agravia, insulta, discrimina y desprecia a la mayoría del pueblo, al que tilda de ignorante y vil, y a al que le atribuye un servilismo vinculado a las dádivas, lubricadas con el dinero del que se sienten despojados quienes presumen que sí pagan sus impuestos, pero cabildean ante los gobiernos en turno condonaciones de impuestos o contratan caros y tramposos despachos de abogados para que les orienten en la evasión de sus tributaciones.

Esa minoría privilegiada sería feliz si la ley inhibiera la posibilidad de que los despectivamente llamados “chairos” pudieran votar, pues consideran que, atrapado en su profunda ignorancia, la mayoría del pueblo no es merecedora del derecho a elegir la mejor manera de alterar o modificar la forma de su gobierno, porque carece de educación, información adecuada y buen juicio. La democracia sólo es válida para ellos, cuando protege y preserva los intereses y privilegios de las élites de México, de la oligarquía rapaz y corrupta.

Pedro Mellado Rodríguez

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Periodista que durante más de cuatro décadas ha sido un acucioso y crítico observador de la vida pública en el país. Ha cubierto todas las fuentes informativas y ha desempeñado todas las responsabilidades posibles en medios de comunicación. Ha trabajado en prensa, radio, televisión y medios digitales. Su columna Puntos y Contrapuntos se ha publicado desde hace casi cuatro décadas, en periódicos como El Occidental, Siglo 21 y Mural, en Guadalajara, Jalisco. Tiene estudios de derecho por la Universidad de Guadalajara y durante una década fue profesor de periodismo en el ITESO, la Universidad jesuita de Guadalajara.

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