Ciudad de México, 23 de febrero (SinEmbargo).– El Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la Cámara de Diputados informó que hay diversos acuerdos con otras fuerzas políticas respecto al dictamen por el que se creará el nuevo Sistema Nacional de Combate a la Corrupción, a un día de que se presente el texto ante el pleno de la Comisión de Puntos Constitucionales.

Fuentes consultadas por SinEmbargo en la bancada del Partido Acción Nacional (PAN) corroboraron que existen importantes adelantos, pero también dijeron que la negociación sigue adelante, pues hay temas en materia de combate a la corrupción en los cuales los blanquiazules simplemente no piensan ceder.

Sin embargo, existen un tema en el cual el PRI no está de acuerdo: que el Senado de la República ratifique al Secretario de la Función Pública.

“He señalado que la ratificación por parte del Senado de la República del Secretario de la Función Pública, el PRI no lo acepta, así de claro”, informó el vicecoordinador priista, Héctor Gutiérrez de la Garza.

Hasta el momento, priistas y panistas coinciden en su mayoría con el proyecto elaborado por la Mesa de Trabajo de Transparencia y Anticorrupción, mismo que contiene propuestas de organizaciones de la sociedad civil como son Fundar y México Evalúa.

En las últimas horas se lograron avances para crear una Ley General de Responsabilidades Administrativas, que busca que los servidores públicos de estados y municipios se rijan por una sola ley que fije en el caso de infracciones graves, cuál es la pena que se debe aplicar.

Dentro de los puntos superados también se encuentran las acciones para fortalecer a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) al reducir el tiempo para presentar la cuenta pública, dotarle de capacidades de investigación y acabar con el llamado día del auditor, para que la ASF tenga posibilidad de presentar auditorías individuales antes de dar a conocer su informe general el 20 de febrero de cada año.

El PRI informó que no hay problema para que se establezca la obligación constitucional de la declaración patrimonial y la declaración de intereses, no solo para el Gobierno federal, sino para todos los servidores públicos.

“El Presidente de la República manifestó de manera muy clara la obligación de todos los servidores públicos integrantes del Gobierno federal, para que presentaran su declaración de intereses. El PRI lo lleva a la Constitución, para que todos los servidores públicos de todos los Poderes del Estado mexicano, incluyendo legisladores, presentemos esa declaración de intereses”, afirmó el Diputado Héctor Gutiérrez de la Garza.

Aquí algunos de los puntos que se ha informado de forma oficial ya están superados dentro del texto preliminar para crear el Sistema Nacional de Combate a la Corrupción.

I.- UNA ASF FORTALECIDA

La ASF será autónoma e independiente y tendrá facultades para auditar el ejercicio en curso y los ejercicios fiscales anteriores al eliminar los principios de anualidad y posterioridad.

A diferencia de lo que sucede actualmente, la ASF tendrá la facultad de iniciar el proceso de fiscalización a partir del primer día hábil del año siguiente al cierre del ejercicio fiscal; podrá fiscalizar en tiempo real por denuncia de actos graves de presunta corrupción; y tendrá facultad de auditar los fondos y fideicomisos públicos y privados que ejerzan recursos públicos.

Podrá iniciar procedimientos por actos o faltas graves ante el Tribunal de Justicia Administrativa y podrá denunciar ante la fiscalía especializada de combate a la corrupción los delitos que encuentre en su investigación.

Otra diferencia con lo que sucede actualmente es que la ASF podrá presentar informes individuales de auditorías, el último día hábil de los meses de junio y octubre, así como el 20 de febrero del año siguiente, fecha en que presentará un Informe Público General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública.

II.- TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA CONSTITUCIONAL

El Tribunal de Justicia Administrativa contará con magistrados cuyo nombramiento será ratificado por el Senado y con periodos predeterminados y candados para su remoción.

El Tribual tendrá facultades para sancionar a servidores públicos y particulares por actos graves administrativos.

OTROS ACUERDOS

1. Expedir una Ley General para el Combate a la Corrupción, que garantice las bases de coordinación de los tres órdenes de gobierno del Sistema Nacional de Combate a la Corrupción.

2. Eliminar el principio de secrecía para las investigaciones de las autoridades fiscalizadoras o sancionadoras del sistema.

3. Se incorpora la figura de extinción de dominio para los casos de enriquecimiento ilícito.

4. Se establecen Órganos Internos de Control independientes de la autoridad que supervisan: Nombrados por el titular de la SFP para dependencias federales y por dos terceras partes de la Cámara de Diputados para los Órganos Constitucionalmente Autónomos.

5. Obligación para crear sistemas locales de combate a la corrupción y su coordinación con el sistema nacional.

6. Crear un Comité de Participación Ciudadana, integrado al Sistema Nacional que contribuya a la transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción.

7. Crear un Subsistema de Fiscalización, que proveerá el diseño y promoción de políticas integrales en esta materia.

Hasta el momento estos serían los puntos superados. Sin embargo, es importante mencionar que la negociación continúa y podrían presentarse algunas modificaciones hasta la sesión de la Comisión de Puntos Constitucionales programada para las 17 horas del martes 24 de febrero.