La inexplicada y repentina declinación de la titular de la Novena Sala Penal del Supremo Tribunal de Guanajuato, la magistrada Imelda Carbajal Cervantes, a la propuesta de ratificación que había realizado ese Poder ante el Congreso del Estado, ha desatado una ola de especulaciones que apuntan casi todas ellas a prefigurar una injerencia del titular del Ejecutivo, Miguel Márquez Márquez, en el desenvolvimiento de la Judicatura.

Carbajal Cervantes fue propuesta para su ratificación por haber reunido las más altas calificaciones en las evaluaciones de desempeño que realiza el propio Poder Judicial. Pero no sólo eso, sino que su labor al frente de la subcomisión de capacitación para instrumentar el sistema de juicios acusatorios, vigente ya en la zona norte del estado y por instrumentarse en Irapuato el próximo año, le había merecido los más amplios reconocimientos.

Sin embargo, el tema ni siquiera llegó a ser analizado en las comisiones de la Legislatura. Antes de eso, la magistrada Carbajal fue “convencida” de declinar, todo indica que por quien fue hasta hace no mucho su par en la magistratura, el secretario de Gobierno Antonio Salvador García López.

Detrás de esa maniobra, según se ha podido conocer ya en publicaciones como la realizada este martes por el acucioso columnista Miguel Zacarías en su Pólvora e Infiernitos, habría una posición del gobernador Miguel Márquez Márquez tendiente a evitar las ratificaciones de magistrados para “que se abra la baraja y no sean los mismos de siempre”

En el sexenio de Juan Manuel Oliva, por otras razones que más bien caían en el terreno partidista, se impidió la ratificación de magistrados como Luis Felipe Luna y Carlos Fuentes Días, utilizando para ello la aplanadora panista en el Congreso, lo que dio motivo a juicios que aún persisten. Las vacantes así dejadas fueron empleadas después para impulsar magistrados más afines al panismo gobernante.

Ahora, al no tenerse la mayoría calificada que podría servir para resolver sumariamente los casos en el seno del Legislativo, parece haberse recurrido al expediente de la “persuasión”, que probablemente se refleje en algún ofrecimiento de cargos públicos en la administración central.

En ambos casos, sea por razones políticas o por un afán de oxigenación, se trata de intromisiones de un Poder en la autonomía de otro, lo que resulta cuestionable. Pero, adicionalmente a eso, se está debilitando al Poder Judicial al excluir a algunos de sus magistrados probados que además han respondido a los retos.

Y, de cualquier manera, el afán de mejorar la calidad profesional y humana de la justicia guanajuatense no se ha apreciado en otras decisiones ya avaladas por Miguel Márquez, como lo fue la propuesta aprobada en la pasada legislatura para hacer magistrado a Eduardo Hernández Barrón, el cuestionado ex presidente del Instituto de Acceso a la Información durante el régimen olivista.

El interés de hacer magistrado al cancerbero de la falta de transparencia de la anterior administración puede tener algún tipo de explicación en el hecho de que la segunda Sala Penal, de la que se hizo cargo, es en donde se radica uno de los juicios más complicados y de mayores consecuencias económicas de los últimos tiempos en Guanajuato: el que enfrenta a la familia irapuatense Cayón con la leonesa Arena, derivada de la ruptura de la sociedad que edificó la Plaza Cibeles en la ciudad fresera.

Con la declinación de Imelda Carbajal y la inminente terminación del periodo de Miguel Valadez, pronto podríamos encontrarnos con un Tribunal agobiado por la responsabilidad de instrumentar la reforma de los juicios acusatorios, así como de hacer frente a los procesos de narcomenudeo establecidos en la reforma federal, con un bagaje de experiencia recortado.

Se puede entender la preocupación de Márquez por no “taponar” la carrera judicial, sin embargo sería más sano que esa preocupación la aplicara primero al Ejecutivo, que dirige con toda potestad y que también muestra notables cuellos de botella, antes de preocuparse por el Judicial, que de acuerdo a la Constitución que juró guardar y hacer guardar, es un poder Autónomo.

El nuevo mandatario panista trae muchos fierros en la lumbre: aún no acaba de conformar su gobierno en los niveles secundarios y terciarios; tiene un delicado equilibrio numérico en la Legislatura, que se pierde cuando se entra a los perfiles; la situación de las finanzas públicas se complica, como lo mostró el anuncio de reducir las becas olivistas en casi un 60 por ciento.

Ante eso no sobra en absoluto la pregunta: ¿es necesario abrir también un frente en el Poder Judicial?

La respuesta puede marcar la marcha de este gobierno en los próximos años.

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Arnoldo Cuellar

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Periodista, analista político. Reportero y columnista en medios escritos y electrónicos en Guanajuato y León desde 1981. Autor del blog Guanajuato Escenarios Políticos (arnoldocuellar.com).

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