La renuncia de Alejandro Encinas al cargo de Subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación es una mala señal para quienes esperaban que el Gobierno de la Cuarta Transformación (4T) cumpliera con las promesas de buscar la verdad y la justicia en casos emblemáticos represivos como Ayotzinapa y para hacer avanzar la justicia a víctimas de diversas violencias cometidas por el Estado mexicano en el pasado.

Por el contrario, la renuncia de Encinas es una buena noticia para quienes desde el Gobierno actual han apostado al olvido, a la cerrazón de los archivos, a que no se investigue, no se conozca la verdad y a que se mantengan en la impunidad a los perpetradores de graves crímenes contra la sociedad mexicana, como la matanza del 68, el Halconazo de 71, la Guerra Sucia, las masacres contra campesinos y pueblos indígenas, así como los diversos repertorios represivos que se cometieron en décadas pasadas.

Sin llegar a conformarse un detallado proceso de justicia transicional como proponían organizaciones de la sociedad civil, durante el sexenio del Presidente Andrés Manuel López Obrador se impulsaron algunas instancias y procesos que abrieron la esperanza, entre algunas víctimas y organizaciones de derechos humanos, para que se avanzara en un proceso de verdad y justicia.

En este contexto se creó la Comisión Presidencial para la Verdad y acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa (Covaj), la Unidad Especial para la Litigación e Investigación del caso Ayotzinapa (UELICA), la extensión de un nuevo mandato para los trabajos del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), y la conformación de la Comisión Nacional de Búsqueda y la Comisión para el Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia de las violaciones graves a los derechos humanos cometidas de 1965 a 1990.

A ojos de algunas víctimas, como los padres de Ayotzinapa, y de distintas organizaciones no gubernamentales de derechos humanos, Encinas empujaba la agenda de conocer la verdad y la justicia sobre hechos represivos del pasado.

En buena medida esto se debe a su biografía política. A diferencia de muchos cuadros de la 4T que vienen de la partidocracia tradicional, especialmente del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Encinas se formó en la izquierda comunista y socialista del país. El exsubsecretario fue un cuadro destacado en los partidos Comunista Mexicano (PCM), socialista Unificado de México (PSUM), Mexicano Socialista (PMS), hasta llegar al de la Revolución Democrática (PRD) durante la elección presidencial de Cuauhtémoc Cárdenas en 1988. Encinas rompió con el PRD en 2014 y se sumó al Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en 2014.

Al renunciar, Encinas deja varios pendientes por resolver, entre ellos la Comisión para el caso Ayotzinapa, la Comisión para el Acceso a la Verdad sobre la guerra sucia, el nombramiento del titular de la Comisión Nacional de Búsqueda y la actualización del Registro Nacional de Desaparecidos.

Pero además de los pendientes que deja Encinas, en los meses recientes se han manifestado críticas al papel de los militares desde los padres de los normalistas de Ayotzinapa y las organizaciones que los acompañan, y recientemente de parte del Mecanismo de Esclarecimiento Histórico UMEH) que forma parte de la Comisión de la Verdad para la guerra sucia. Todos coinciden que mandos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y agencias de inteligencia obstruyen el acceso a algunos archivos y testimonios claves para desentrañar y dar con los responsables políticos y directos de hechos represivos del pasado.

Este es el contexto de la renuncia de Encinas. En la mañanera del jueves pasado, López Obrador dijo que en el Gabinete de seguridad se despidió con aplausos a Encinas y anunció su reemplazo. Se trata de Félix Arturo Medina Padilla, quien era el titular de la Procuraduría Fiscal, pero parece ser un personaje que no tiene ni la trayectoria ni el peso político que tenía el anterior Subsecretario. Por lo tanto cabe esperar que el impulso de los temas de derechos humanos, memoria, reparación y justicia no tengan la debida fuerza dentro de lo que resta del Gobierno de López Obrador para imponerse a las facciones del Gobierno de la 4T, especialmente las fuerzas armadas, que no quieren que se avance en estos temas. La renuncia de Encinas parece la confirmación de que en la pugna dentro del Gobierno de la 4T entre abrir los archivos, llegar a la verdad y denunciar a los perpetradores o de quienes se oponen a todo ello, ganaron estos últimos. Punto para las fuerzas armadas.

Al renunciar Encinas, varias organizaciones como el Centro Prodh, y la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) lamentaron su renuncia. Se va un funcionario que empujó la agenda por conocer la verdad y por eso lo reconocen.

Pero, ¿qué pensarán las víctimas como los padres de los normalistas Ayotzinapa o colectivos de familias que buscan a sus desaparecidos que depositaron su confianza en él para hacer que sus exigencias avanzaran y se cumplieran? Probablemente lo verán como otro político más que al no conseguir sus promesas con las víctimas, se despide de ellas y se consigue el siguiente puesto en el siguiente Gobierno. A menos que Encinas se decida a abrirse a la verdad y revelar los motivos de su renuncia y denunciar de frente a quienes impidieron que la agenda que impulsaba, se frenara.

Si no lo hace, terminarán por sepultarse las esperanzas de que en este sexenio se encuentre verdad y justicia para los múltiples crímenes y hechos represivos que el Estado mexicano ha cometido contra la sociedad mexicana durante varias décadas.

Rubén Martín

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Periodista desde 1991. Fundador del diario Siglo 21 de Guadalajara y colaborador de media docena de diarios locales y nacionales. Su columna Antipolítica se publica en el diario El Informador. Conduce el programa Cosa Pública 2.0 en Radio Universidad de Guadalajara. Es doctor en Ciencias Sociales. Twitter: @rmartinmar Correo: [email protected]

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