Bogotá, 22 oct (EFE).- Miles de colombianos corren el riesgo de no poder votar en las elecciones locales y regionales del próximo domingo al haber sido anulado su registro por, presuntamente, inscribirse en ciudades en que no residen, un problema que conocerá hoy la misión de observación de la OEA.
En total, más de 1,6 millones de registros electorales han sido anulados en toda Colombia como parte de un proceso de depuración del censo electoral, según los datos de la Consejo Nacional Electoral (CNE).
El objetivo es evitar la “trashumancia electoral”, una forma de comprar votos, tipificada como delito en el código penal.
En la localidad de Soacha, situada en el área metropolitana de Bogotá, casi 20.000 electores vieron como su registro fue anulado por presuntas irregularidades, lo que generó protestas por parte de ciudadanos que reclaman que la medida tomada no se ajusta a la realidad.
Precisamente, el jefe de la Misión de Observación Electoral (MOE) de la Organización de Estados Americanos (OEA), el expresidente de Guatemala Álvaro Colom, se trasladó hoy a Soacha, localidad de algo más de medio millón de habitantes, como parte de su labor en Colombia, donde el alcalde local, Juan Carlos Nemocón, le expondrá la situación.
En las elecciones del domingo para alcaldes, gobernadores, concejales y diputados regionales están llamados a votar 33,8 millones de colombianos, y el número de inscripciones anuladas equivale al 4,8 % de ese universo.
El elevado número ha generado críticas en Colombia ya que muchos ciudadanos consideran que han sido eliminados de los registros en las localidades en que viven.
Uno de los casos más llamativos es el del presidente del Grupo Bancolombia, Carlos Raúl Yepes, nacido en el departamento de Antioquia pero que reside en Bogotá.
Yepes es uno de las más de 70.000 personas en la capital colombiana que han recibido el mensaje de la anulación de su registro electoral, si bien los medios locales se han hecho eco de otros casos emblemáticos como el del líder del Partido Liberal, el senador Horacio Serpa.
Ante las protestas, el presidente Juan Manuel Santos envió un mensaje a través de su cuenta de Twitter en la que afirmó que las medidas tomadas para prevenir la trashumancia “no impiden votar a ningún ciudadano”.
Asimismo, pidió a los colombianos que consulten la página web de la Registraduría el lugar en el que pueden votar, ya que si se anula el padrón electoral en una localidad, los ciudadanos no pierden el derecho al voto sino que lo mantienen en su lugar de origen o de residencia anterior.
En las zonas rurales de Colombia es frecuente que haya trashumancia electoral, especialmente en las regiones en las que el Estado ha permanecido ausente durante temporadas debido a la presencia de las guerrillas o de bandas criminales.
Para evitar esa situación, en el año 2000 se incluyó una ley en el Código Penal que tipifica como delito esta conducta con penas de prisión que van de 48 a 108 meses.
Por su parte, el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, explicó en una entrevista con la emisora Caracol Radio que “el tema de fondo es la decisión que debe tomar el Estado” de “continuar tolerando mafias electorales”.
Cristo destacó que esas bandas “se dedican a la compra anticipada y en bloque” del voto de ciudadanos “para imponer alcaldes”.
En este sentido, afirmó que es una “practica generalizada en muchas regiones del país” y reconoció que “se pudieron cometer equivocaciones”.
Ante esta situación y 72 horas antes de las elecciones locales y regionales miles de colombianos se enfrentan a la incertidumbre de no saber dónde podrán votar. EFE
