El martes pasado se hizo público que el Juez federal Octavio Luna Escobedo, de la sala 14 del juzgado en materia administrativa de la Ciudad de México, concedió dos amparos que permiten a los amparados tener autorización "para el consumo personal y lúdico" de cocaína. Las sentencias fueron recurridas por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), órgano al que el Juez le ordenaba conceder las autorizaciones, por lo que los fallos no son firmes y serán revisados por un Tribunal Colegiado de Circuito, a menos que este decline por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ya sea que el amparo sea ratificado o sea denegado, ese fallo será inapelable.

Estos juicios son parte de una estrategia de litigio estratégico emprendida por México Unido Contra la Delincuencia para impulsar la discusión pública sobre la política prohibicionista de las drogas que ha imperado durante un siglo y que se ha mostrado como un gran fracaso, pues no ha logrado ninguno de sus objetivos expresos –no ha acabado con la disponibilidad de sustancias potencialmente peligrosas, no ha protegido la salud de los consumidores ni ha prevenido el consumo entre los más jóvenes–, mientras que ha generado una gran cantidad de efectos no deseados, asociados al surgimiento de mercados clandestinos con enorme capacidad de corrupción y que se han vuelto extremadamente violentos en la medida en la que el Estado ha pretendido combatirlos de manera radical, sobre todo a partir de que el Gobierno de Richard Nixon declaró la "guerra contra las drogas" y la impuso fuera de sus territorios a los países que consideró productores o de tránsito.

La estrategia de México Unido Contra la Delincuencia tuvo ya un gran triunfo con la jurisprudencia emitida por la Suprema Corte respecto al uso personal del cannabis, cuya prohibición absoluta declaró inconstitucional. Se trató de un pasó muy importante para desmontar los supuestos básicos sobre los que se ha sustentado la prohibición de todas las drogas, pero sin duda se trataba de un caso menos complicado, pues a pesar de la satanización histórica de la mariguana, su consumo es amplio y desde hace décadas su prohibición ha ido remitiendo lentamente, desde el experimento de los Países Bajos con el trato diferenciado entre drogas duras y blandas, pasando después por la progresiva regulación de sus usos médicos en varios estados de la Unión Americana, luego con su regulación para usos de adultos en Washington y Colorado, que ha sido seguida por otros estados, entre ellos California, y con las regulaciones nacionales de Uruguay y Canadá.

El camino andado en la regulación de la mariguana en otros países creó un clima propicio para los fallos judiciales que llevaron a la jurisprudencia de la Corte y ha permitido que el Congreso mexicano esté actualmente discutiendo una probable regulación amplia en torno al cannabis, que abarque sus usos médicos e industriales, lo mismo que su uso personal adulto. El caso de la cocaína es, evidentemente, más complicado pues su consumo está mucho más estigmatizado socialmente que el de la mariguana y sus riesgos sobre la salud de los consumidores son mayores, aunque de acuerdo con el estudio canónico de David Nutt sobre el daño que producen las drogas consumidas en el Reino Unido, publicado en la revista médica The Lancet en 2010, la peligrosidad combinada –personal y social– de la cocaína inhalada es equivalente a la del tabaco, mientras que el crack o pasta base, elaborado con residuos de cocaína y de menor costo, una sustancia que llegó al mercado precisamente como resultado de la persecución intensa de la cocaína en Estados Unidos durante la década de 1980, es mucho más riesgosa tanto en términos personales como sociales.

La hoja de coca, la planta de la cual la cocaína es el alcaloide principal, tiene un uso ancestral en varias culturas andinas y el Gobierno de Bolivia incluso ha declarado protegido su consumo, lo que lo llevó a retirarse de las convenciones del sistema internacional de control de drogas para volver a ellas con reservas. Cualquiera que haya viajado a Cuzco habrá recibido hojas de coca para mascarlas y con ello evitar el soroche o mal de montaña. La cocaína pura se extrajo por primera vez a mediados del siglo XIX y pronto comenzó a ser usada como estimulante en preparaciones farmacéuticas, sobre todo en el Vino Mariani, que era promocionado con la imagen del papa León XIII y las de escritores e intelectuales como Emile Zola, quienes lo recomendaban. También se utilizó como anestésico local en odontología y en oftalmología, hasta que se hizo evidente su potencial adictivo cuando comenzó a usarse de manera recreativa.

La prohibición de la cocaína en Estados Unidos comenzó en las primeras décadas del siglo pasado y en 1961 la Convención Única sobre drogas de las Naciones Unidas la incluyó, junto al opio y sus derivados y a la mariguana, entre las sustancias que debían estar sujetas a un fuerte control internacional. Cuando Nixon declaró en 1971 la guerra contra las drogas lo hizo con la intención de asociar el consumo de la cocaína con la comunidad negra y así poder irrumpir en ella para reprimir a sus líderes y combatir sus expresiones políticas, como lo expuso John Erlichman, antiguo asesor de Nixon, en una entrevista que le concedió al periodista Dam Baum, quien la narró en un artículo de la revista Harper's en 2016.

Después de la mariguana, la cocaína es la droga ilegal más consumida en el mundo. Se calcula que alrededor del dos por ciento de la población la ha probado alguna vez en su vida, cifra que coincide en México con los datos de la última Encuesta Nacional de Adicciones. Nadie niega los riesgos sanitarios del consumo de cocaína, pero el combate a su tráfico ha dejado cientos de miles de muertos en este país, mientras que las muertes asociadas a su consumo son de pocos cientos en el mismo período de tiempo. Es evidente que una regulación sensata, que tomara en cuenta las experiencias negativas y positivas de la regulación del tabaco y del alcohol, que no permitiera publicidad alguna y tomara previsiones efectivas para evitar el contacto de menores con la sustancia, sería un mal menor, visto el desastre que ha dejado la prohibición.

Jorge Javier Romero Vadillo

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Politólogo. Profesor – investigador del departamento de Política y Cultura de la UAM Xochimilco.

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