La irrupción de la inconformidad de comuneros otomíes con una parte del trazo de la carretera concesionada de cuota San Miguel Allende – Aeropuerto del Bajío, sólo ha venido a ser la culminación de una serie de eventos desafortunados que ponen en evidencia la pobre gestión que realizan las dependencias gubernamentales, tanto del estado como de la Federación.

La autopista fue negociada y planeada en el tramo final de la pasada  administración bajo la gubernatura de Juan Manuel Oliva y el interinato de Héctor López Santillana.

La propuesta original del estado, de una  vía de cuatro carriles entre Guanajuato y San Miguel de Allende, fue modificada por la federación a una carretera de un solo cuerpo que enlazara con la autopista de cuota Salamanca – León, ya muy avanzada en estos momentos.

La proyección del nuevo trazo fue licitada y por esos imponderables del destino, el contrato recayó en la empresa del hoy secretario de Obra Pública, José Arturo Durán Miranda, especializado en vías terrestres: Grupo Demist.

Esa desafortunada circunstancia, fortuita en relación con su posterior designación como integrante del gabinete de Miguel Márquez, coloca al funcionario en la tesitura de ser juez y parte en la polémica pública desatada por la inconformidad de los habitantes de la zona atravesada por el proyecto, quienes argumentan afectaciones a su patrimonio cultural y patrimonial.

Cabe decir que el trazo tuvo un primer aval técnico por parte del Instituto Nacional de Antropología e Historia, a través de su centro regional encabezado entonces por Guillermina Gutiérrez Lara.

Sin embargo, esa autorización, emitida a través de un simple oficio y sin respaldo de investigaciones de las áreas arqueológica y antropológica del INAH, se vio ensombrecida cuando Gutiérrez Lara recibió un cargo en el gobierno estatal en un puesto creado ex profeso y sin hacer caso de las estrictas reglas de austeridad dictadas por el nuevo gobierno de Miguel Márquez: directora de vinculación con asuntos arqueológicos.

La situación es a tal grado insostenible que la sucesora de Gutiérrez Lara, Gisela Cuén Garibi, solicitó a gobierno estatal la modificación del trazo de la carretera. A la fecha y tras el relevo de Cuén por Sergio Tovar, el INAH ratificó, en voz del coordinador nacional de Centros INAH, José María Muñoz Bonilla, que está realizando un nuevo dictamen sobre el trazo de la autopista.

Nadie en el INAH, sin embargo, ha aclarado por qué el primer dictamen avalado por Guillermina Gutiérrez fue desechado y si ello implica algún tipo de responsabilidad. Se supone que se trata de asuntos técnicos, mucho más fácil de contrastar que los políticos.

Preocuparía que el patrimonio del país se encuentre en manos de funcionarios que pudieran someterlo a negociaciones y que esa circunstancia pudiese ser solapada por una institución cuyo prestigio es innegable.

Si Guillermina Gutiérrez se equivocó o si actuó con algún tipo de cálculo político o personal, preocuparía aún más su contratación por el Instituto de Cultura del Estado. ¿Cómo podría una funcionaria señalada por dolo o incompetencia llevar la responsabilidad de la vinculación con “asuntos arqueológicos”, cuando su ventanilla natural sería el INAH, donde ya la han desautorizado?

Sin embargo, los problemas de gestión no paran allí. Ya con la inconformidad encima, con un amparo tramitado ante la justicia federal y con la instrucción del gobernador Miguel Márquez para escuchar las peticiones de los inconformes, en la gira de trabajo realizada el sábado pasado no estuvo presente ningún funcionario de la secretaría de gobierno, no obstante tratarse de une vidente asunto de inconformidad con un proyecto oficial.

La tarea de negociar fue dejada en manos del Secretario de Obra Pública, Arturo Durán, sin que eso sea su obligación, además de las cuestiones subjetivas implicadas en el hecho de que es el autor del proyecto. No sirvió de mucho el acompañamiento de un subsecretario de Sedeshu, el olivista Luis Quiroz, a quien tampoco se le dan la tolerancia ni la capacidad de diálogo.

Las cosas se complican, por si hiciera falta, con declaraciones fuera de contexto y carentes de la menor asesoría como las realizadas hace algunos días por el gobernador del Estado, en el sentido de que los comuneros otomíes se tendrían que “sacrificar” en aras del progreso.

Antes que una corrección en el trazo de la carretera, al parecer indispensable, hace falta una reconsideración de fondo en las formas de gestión con que las oficinas públicas y sus responsables abordan problemas como este.

Si deben corregir el trazo y gastar en ello algunos millones de pesos, ello será en buena medida por las fallas de la planeación previa y no por culpa de la terquedad de unos pobladores que se resisten a volver a ser sacrificados en aras de un progreso que nunca es para ellos.

Y para el gobierno de Márquez, en todo caso, no es más que otra oportunidad de echarle la culpa a su villano favorito, su otrora protector, el ex gobernador Oliva.

Arnoldo Cuellar

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Periodista, analista político. Reportero y columnista en medios escritos y electrónicos en Guanajuato y León desde 1981. Autor del blog Guanajuato Escenarios Políticos (arnoldocuellar.com).

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