“Abandonen sus casas si quieren vivir. Es mejor que se vayan y no vuelvan”, decía la manta colocada en una plaza de San Fernando, Tamaulipas.
La misma consigna apareció en otros ejidos y municipios vecinos. Muchos se resistieron a irse, pero la mayoría decidió partir dejando su patrimonio. Aunque los ancianos se niegan a dejar su casa, hay pueblos desiertos en Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila, Sinaloa, Chihuahua, Durango, Morelos, Veracruz, Guerrero, Michoacán o Baja California. Son pueblos fantasmas con casas visiblemente abandonadas, quemadas, saqueadas…
El gobierno de Felipe Calderón no incluye la figura de los desplazados en su discurso sobre la narcoguerra, incluso elude utilizar el término, oculta cifras, esconde realidades. Sin reconocer un estatuto de guerra, no tienen un mapeo de las zonas controladas por el narco donde existe el éxodo masivo de habitantes. Tampoco han realizado un recuento de los daños y consecuencias en las economías de esos lugares fuertemente golpeadas en su actividad productiva, a veces reducida de manera considerable o anulada completamente.
El informe “México: desplazamiento forzado a consecuencia de la violencia de los carteles de la droga”, realizado por el Centro de Monitoreo de Desplazamientos Internos (IDMC, por sus siglas en inglés), afirma que la narcoguerra ha provocado 230,000 desplazados. Y el número podría ser mucho mayor. El último informe del IDMC revela que el año pasado, alrededor de 120 mil personas dejaron su lugar de residencia en México. La mitad decidió exiliarse en Estados Unidos y el resto se fue a otros estados de la República. Echen un vistazo al video que adjunto, realizado por Denise Alamillo, sobre Sunterra, un barrio de San Antonio lleno de regiomontanos llamado Sunterrey. Es la migración dorada, el desplazamiento de los ricos de México. Un fenómeno muy poco analizado.
Entre los desplazados hay pobres en el desamparo. Hacer un recorrido por las zonas rurales afectadas por la violencia, es comprobar el aumento del éxodo de mexicanos. La mancha rural sumida en la narcoviolencia se va extendiendo. La Secretaría de Gobernación subestima el fenómeno señalando que el desplazamiento de mexicanos ocurre sólo en unos cuantos estados cercanos a la frontera con Estados Unidos, centro neurálgico de la lucha encarnizada entre los cárteles de la droga.
Las historias se acumulan, los dramas se incrementan. “Nos fuimos porque llegaron los Zetas y empezaron a secuestrar y violar a las muchachas. Había balaceras entre “los de la última letra” y el CdeG y nosotros encerrados y asustados, ya no podíamos vivir así”, dice un vecino de Cerralvo, Nuevo León que decidió trasladarse a Saltillo. De Marín a Cerralvo, pasando por Ciudad Mier a Miguel Alemán; de Monterrey, Sabinas Hidalgo, hasta Nuevo Laredo, el fin paulatino de la actividad productiva es visible. Los ganaderos y agricultores fueron huyendo. En la llamada frontera chica, el éxodo ha provocado el remate de quintas, haciendas, ranchos y casas. Las ventas se fueron desplomando hasta un 90 por ciento, según los vendedores de bienes raíces.
El crimen organizado fue “expropiando” propiedades para usarlas como refugios, casas de “seguridad” o lugar de paso. La mayoría de la gente decidió no volver a sus lugares de descanso de fin de semana. Los llamados “pasaporteados”, mexicanos que radican en Estados Unidos, con familia y casa de este lado de la frontera, dejaron de venir desde hace tres años por la inseguridad en las carreteras donde abundan los secuestros y asesinatos con total impunidad.
La zona citrícola, símbolo de prosperidad de Nuevo León, decayó económicamente desde que llegaron los Zetas en lucha con el cártel del Golfo por la plaza, hasta convertirse en zona de guerra. Allende, Montemorelos, Linares, Cadereyta, Juárez y Santiago, son territorios sin ley, donde la connivencia entre autoridades y narcotraficantes es la constante. El éxodo de habitantes pobres, clase media y alta, se fue incrementando. Quienes tienen dinero compran e invierten en Estados Unidos y quienes no, se quedan en otras ciudades.
Al dolor que significa dejar tierra, casa, familia, amigos; se une la desatención total del Estado y la indolencia de las autoridades. No existen programas de atención a los desplazados, tampoco una institución que los auxilie en su decisión. La mayoría pide apoyo a familiares y amigos para efectuar el cambio de residencia: “Es empezar de cero. Dejar todo y volver a empezar. Mi marido y mis dos hijas sufren. Todos estamos sufriendo las consecuencias de esta maldita guerra”, dice una vecina de Miguel Alemán desplazada de Ciudad Mier que busca la tercera casa de renta en seis meses.
Hace dos meses, el diputado perredista Arturo Santana Alfaro, presidente de la Comisión de Participación Ciudadana en San Lázaro, solicitó una partida presupuestal para atender a los miles de desplazados por la narcoviolencia. Se necesita un fondo federal para rescatar y apoyar a los desplazados en su nuevo proyecto de vida. Están pidiendo 5 mil millones de pesos en el presupuesto de 2012. Hay que decir que el Estado debe asumir urgentemente su responsabilidad de auxilio a la población más afectada por iniciar y continuar una guerra fallida.
México tiene más desplazados que Afganistán. Felipe Calderón no debe seguir mirando a otro lado. El problema es grave. Las agencias internacionales presentes en México con mandatos de protección como Acnur, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los refugiados o la Cruz Roja tampoco han tenido una respuesta a la altura de la tragedia. Siguen haciendo trabajo de escritorio. Es urgente que visiten las zonas en guerra, que atiendan a los desplazados, que busquen para ellos un refugio; es urgente que actúen para evitar miles de muertos. México se desangra en varias direcciones.