Javier Duarte continuará detenido en el Reclusorio norte, sin embargo, por el momento no se podrá realizar el decomiso de los inmuebles ni el pago de la multa.
Ciudad de México, 22 de julio (SinEmbargo).– Un juez otorgó hoy una suspensión de oficio y de plano a Javier Duarte de Ochoa, ex Gobernador de Veracruz, la cual impide que por el momento se ejecute la sentencia de nueve años de cárcel que autoridades dieron al ex priista.
La suspensión también impide que le sean aseguradas 40 propiedades y el pago de la multa 58 mil 890 pesos por parte del ex mandatario.
De acuerdo con información de medios nacionales, Osorio Marco Antonio Fuerte Tapia, Juez de control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, fue el encargado de congelar la condena que él mismo había dictado.
Javier Duarte continuará detenido en el Reclusorio norte, sin embargo, por el momento no se podrá realizar el decomiso de los inmuebles ni el pago de la multa.
Javier Duarte de Ochoa, ex Gobernador de Veracruz, se entregó a autoridades de Guatemala, de acuerdo con un video del día de la captura.
“Hoy es sábado 15 de abril del 2017. Estoy hablando desde la Laguna de Atitlán, en Guatemala. Me estoy entregando y evidentemente darán a conocer como si hubiera sido sorprendido y detenido, pero como verán, estoy totalmente en libertad”, dijo Duarte de Ochoa en un video que fue compartido por Ciro Gómez Leyva, de Imagen Noticias.
El 9 de julio, Duarte de Ochoa aseguró que pactó su entrega con funcionarios del Gobierno del ex Presidente Enrique Peña Nieto, a cambio de que dejaran en paz a su familia.
“Por supuesto que pacté mi entrega. No me detuvieron, yo me entregué a cambio de que dejaran a mi familia“, dijo en entrevista con el periodista Gómez Leyva para Grupo Fórmula.
El ex mandatario veracruzano precisó que el acuerdo se realizó con autoridades del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), de la Secretaría de Gobernación (Segob) y de la entonces Procuraduría General de la República (PGR).
“Pacté mi entrega, sí a través de aquel entonces con los que eran mis abogados se hizo una mesa de trabajo en donde mi abogado (Marco Antonio del Toro) en la Ciudad de México donde participaron funcionarios de aquella administración del Cisen, Segob y PGR”, detalló.
Durante la conversación, Duarte de Ochoa afirmó que como su familia se vio afectada por la situación que atravesaba, tuvo que decirle al Gobierno federal qué debía hacer para dejar en paz a su esposa Karime Macías y a sus hijos, por lo que en abril de 2017 fue detenido.
Respecto a su familia, consideró que todo el mundo cree que vive en la opulencia, de manera holgada, o en un cuento de hadas; sin embargo, aseveró que se desenvuelve en una situación “muy precaria” en Londres.
“Mi hijo el menor se rompió la clavícula y no tenían dinero para ir al doctor. Están allá por necesidad, por la persecución política”, subrayó el ex funcionario.
Finalmente, acusó que a su esposa “le inventaron un delito basado en el testimonio de un ex funcionario público de Veracruz que hoy está libre” y denunció que la Fiscalía de Veracruz lo torturó y “lo obligaron a declarar en contra de Karime, con el objetivo de tener elementos para poder inventar un delito a Karime y por eso es que Karime tiene que estar allá”.
Previamente, Javier Duarte se ofreció aportar “información valiosa y privilegiada” sobre funcionarios de alto rango que formaron parte del gabinete del ex Presidente Enrique Peña Nieto.
A través de una carta que envió a la Fiscalía General de la República (FGR), dada a conocer por el periodista Ciro Gómez Leyva, el ex funcionario hizo oficial su intención de revelar información relevante.
“Cuento con información valiosa y detallada en contra de diversos ex funcionarios, misma que pudiera ser de utilidad para la integración de las indagatorias”, dice la carta.
La condena de 9 años contra el ex Gobernador Javier Duarte de Ochoa generó indignación e ira en las redes sociales en septiembre de 2018. Un comentario común: “Le salió barato” al ex Gobernador del Partido Revolucionario Institucional (PRI) enriquecerse con dinero público. Activistas y organizaciones plantean que la Procuraduría General de la República (PGR) actuó, por instrucciones del ex Presidente Enrique Peña Nieto, para encubrir al ex mandatario de Veracruz.
