Se venció un plazo más en la total inacción. Sin que los gobiernos federales de Estados Unidos y el de México tuvieran una actitud más enérgica, entraron en vigor varias leyes estatales en Arizona.
Sin el escándalo periodístico de hace un año, de entre las más de 300 regulaciones que entraron en vigor hay varias en contra de la migración de indocumentados. Una de ellas, la SB1451, establece una milicia civil bajo supervisión de la gobernadora Jan Brewer para resguardar la frontera entre los estados de Arizona y Sonora.
La otra regulación es la SB 1046. Bajo esta ley se permite recaudar fondos privados para continuar con la construcción del muro fronterizo entre Estados Unidos y México en la zona.
Paso a pasito, la gobernadora Brewer y otros más han hecho de las suyas para ir aplicando leyes locales contra los migrantes. Más de 600 iniciativas similares a la célebre SB 1070 que criminaliza la migración en Arizona se han propuesto en diversas entidades.
Al mismo tiempo que se calculan ya 50 millones de latinos en este país y las empresas nos ven como un mercado potencial o algunos candidatos como posibles votantes en las elecciones (aunque después se olviden de las promesas a la comunidad latina), una gran mayoría comienza a ver con preocupación este número y comienza a aplicar medidas como las de Arizona que apela más bien a la ciudadanía y no a organismos estatales o federales.
Que la gente en Arizona haga sus donaciones para construir una barda o que no necesite prepararse como policía para pertenecer a una milicia que pretenda detener la migración, nos coloca en un gran incentivo para encender la mecha del racismo que ya se deja sentir en varias localidades de Estados Unidos como Georgia, Alabama, Nebraska o Carolina del Sur.
El cederle a milicias o policías locales el poder de exigir documentos migratorios a cualquier persona significa que pueden hacer arrestos sin orden judicial por presuntas violaciones de inmigración, lo cual es un abuso de poder.
Verdad es que los estados locales han fortalecido sus posiciones y el gobierno mexicano tendría que hacer frente una a una atendiendo diversos procesos legislativos de cada entidad, pero lo que preocupa es el gran silencio ante la oleada racista que se ha desatado en Estados Unidos.
Incluso lo que antes era una muestra de respeto a los trabajadores contratados de no preguntar su edad, preferencia sexual, nacionalidad o estatus migratorio durante una entrevista laboral, pasó a ser historia. Entro en vigor el sistema E-Verify que obliga a los empresarios a comprobar si sus empleados tienen permiso para trabajar en el país. A través de Internet se ha distribuido en inglés y en español el enlace del E-Verify en la página de Homeland Security a cargo de los procesos migratorios en Estados Unidos.
Paso a pasito para que no se vea, para que no se sienta… la gobernadora Brewer ha demostrado que sin mucho escándalo ha logrado extender su visión política de la migración a otras entidades. Paso a pasito se ha brincado la política federal. Paso a pasito, y sin escándalos otros estados comienzan a aplicar leyes que no respetan los derechos humanos.
Mientras las leyes contra migrantes van de paso a pasito, la elección del suplente de Carlos Pascual ha sido aun más lenta. Desde hace cuatro meses no vive en México ningún Señor Embajador de los Estados Unidos. Esta semana ya comenzó también Anthony Wayne su audiencia de confirmación para ocupar ese puesto, parece que ya tendremos un representante con el cual dialogar, reclamar, negociar.
La relación bilateral que se ha deteriorado por la falta de respeto de nuestro vecino en materia de narcotráfico y migración tendrá que acelerarse en acuerdos y velocidad, pues con su paso a pasito, los cárteles, las malas decisiones y los gobernadores liderados por Brewer seguirán violentando los derechos humanos de nuestros connacionales.
