En las sociedades democráticas evolucionadas un proceso electoral puede ser la vía de salida a una crisis política. No es el caso de México.

Si lo que nos ha conducido a la crisis de legitimidad y de legalidad que mantiene al gobierno paralizado, que ha quitado el impulso a las reformas estructurales y ha aislado al presidente de la República apenas en el primer tercio de su mandato, es el factor de impunidad que afecta al actuar institucional, esa misma circunstancia se reproduce en el ámbito electoral, corregida y aumentada.

Ahí está el papel de agente provocador que ha jugado el Partido Verde para desestabilizar las reglas del juego electoral, donde el esquema de sanciones económicas de las autoridades ha terminado por convertirse en una simulación que ni siquiera sirve como elemento disuasivo.

Ahí está la intervención constante de los gobiernos, de todos los niveles y de diferentes orígenes partidistas, en el viejo vicio de la compra de votos, a través de unos programas sociales cuyo principal objetivo no es la reducción de la pobreza, como exhiben sus resultados, sino el control político de los pobres para convertirlos en capital electoral.

Por si algo faltara, las grandes televisoras repiten la historia que condujo a las crisis del sistema electoral, al diseñar la cobertura de los procesos electorales con la lógica del gobierno federal priista, como se ha visto en los casos de Nuevo León y Sonora, cuyas elecciones para renovar gubernaturas se ha convertido en batallas de los actores políticos nacionales, de cara a la recomposición de fuerzas que preparará la sucesión presidencial del 2018.

El nuevo Instituto Nacional Electoral, cruzado y gobernado por los intereses partidistas y cuyo consejo evidencia los mismos desequilibrios institucionales del sistema político, ha dejado de ser un árbitro confiable y está muy lejos de ocupar el lugar del peor IFE.

El manejo del dinero negro en las campañas no ha disminuido. Las acusaciones de compra de votos o de preparativos para llegar a ello son el pan de cada día en las campañas electorales. La prensa, en muchas partes del país, ha puesto en evidencia el uso de recursos públicos y de dinero ajeno a la contabilidad fiscalizada por el INE, en las campañas de todos los partidos.

Los topes de campaña, aún con la menor presencia propagandística, continúan siendo irreales para los grandes partidos e inalcanzables para los más pequeños.

Lo peor de todo quizá sea el enorme desinterés que el circo electoral y la maquinaria en torno a él provoca en un electorado que, sobre todo, no mantiene ninguna esperanza en que la cita en las urnas pueda significar un cambio.

Ni siquiera el movimiento anulista, promovido por algunos líderes de opinión, logra concitar interés o plantear una promesa de novedad.

Tras la eclosión de protestas y de inconformidad social con la que terminó el 2014 debido a la grave crisis de derechos humanos que significaron los hechos de Tlatlaya y Ayotzinapa; a los que se sumó el escándalo de corrupción por la inexplicada riqueza inmobiliaria del presidente de la República, su familia y sus colaboradores cercanos; todo ello coronado por el cierre de espacios críticos en los medios de comunicación, como lo evidenció el caso Aristegui, la etapa electoral ha visto un repliegue de la actitud crítica de la sociedad.

Quizá sea por eso que la clase política ha vuelto a las andadas, reproduciendo sus mismas viejas conductas con cinismo y desapego hacia las consecuencias de su actuar. El trámite de la renovación del Congreso y las elecciones de gobiernos locales en un puñado de estados, solo está siendo visto como una estación de paso para continuar en lo que interrumpió la eclosión de inconformidad del otoño de 2014.

Nadie, en los partidos y en los gobiernos, parece estar viendo una oportunidad de renovación, sino simplemente parecen creer que lo peor ya pasó, que la abstención electoral récord que se espera es un aval a su forma de hacer las cosas y que el país todavía aguanta todo el patrimonialismo y la corrupción que han exhibido hasta ahora y quizás un poco más.

Los políticos y quienes aspiran a serlo desde unas campañas tan insulsas como ofensivas, no alcanzan a comprender que la sociedad, aún en su actitud más pasiva, ya los abandonó y que ese divorcio entre una elite gobernante frívola y corrupta, y una masa ciudadana incrédula y desesperanzada, no presagia nada bueno.

Las reformas estructurales, la atracción inversión extranjera, el repunte del turismo, todos esos logros que los gobernantes presumen como propios cuando en realidad corresponden a los ritmos y los intereses del capitalismo global en el que estamos inmersos, no se compaginan en absoluto con los resabios de autoritarismo, de desprecio a los derechos humanos, de constricción de libertades y de inequidad electoral.

Parece chiste de mercadólogo ocurrente, pero no lo es: los políticos actuales  no parecen ser aficionados a leer libros de historia.

Allí es donde reside la gran equivocación de nuestra élites, no solo del peñismo de hoy, también del foxismo o del salinismo de ayer: no puede haber modernización de la economía sin evolución de la sociedad.

Debería quedarnos claro: ese fue el gran fracaso de Porfirio Díaz hace poco más de un siglo y lo seguimos reeditando. Unos no leen, otros simplemente no les importa.

Arnoldo Cuellar

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Periodista, analista político. Reportero y columnista en medios escritos y electrónicos en Guanajuato y León desde 1981. Autor del blog Guanajuato Escenarios Políticos (arnoldocuellar.com).

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