Ciudad de México, 22 de mayo (SinEmbargo).– Madres y padres de mujeres asesinadas en el Estado de México se manifiestan hoy frente al Palacio de gobierno, en donde despacha el Gobernador Eruviel Ávila Villegas, en demanda de que éste admita la emisión de Alerta de Género en la entidad.
Alrededor de 50 manifestantes colocaron una cruz de color rosa de dos metros de altura frente a la puerta principal del edificio en que despacha Eruviel Ávila y en el que antes lo hiciera Enrique Peña Nieto, actual Presidente de México.
La cruz está elaborada a semejanza de las utilizadas durante las protestas de los feminicidios en Ciudad Juárez, Chihuahua. En su cuerpo se colocaron los nombres de algunas de las víctimas mexiquenses.
En la protesta participaron representantes de una docena de organizaciones sociales entre las que están Nuestras Hijas de Regreso a Casa, la Alianza por los Derechos de la Mujer y el Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidios.
Asimismo, una comisión de activistas logró el ingreso al Palacio de Gobierno para dialogar con autoridades sobre su reclamo.
Luz María Estrada, del Observatorio, explica que están demandando una reunión inmediata con el Gobernador Eruviel Ávila y el nuevo Secretario de Gobierno, a quienes pretenden reclamar la entrega de datos sobre el fenómeno de asesinatos de mujeres y su disposición política para que se implementen mecanismos de protección a las mexiquenses.
De acuerdo con las estadísticas existentes en el INEGI y la Secretaría de Salud Federal, durante el gobierno mexiquense de Peña Nieto fueron asesinadas 1997 mujeres, mientras que este estado ha ocupado entre 1990 y 2011 en once ocasiones, la mayor tasa de feminicidios a nivel nacional.
En 2011, el Estado de México y otros gobernados por el PRI, impidieron la instrumentación de la alerta de género para el Estado de México, proceso que aún continúa en tribunales, mientras que la Secretaria de Gobernación ha admitido por vez primera la revisión del caso.
Se han contabilizado mil 451 asesinatos de mujeres y 115 feminicidios en la entidad que vio nacer a Peña Nieto, durante el periodo de 2005 a 2012, que es el tiempo que ha durado la investigación de feminicidios en el Estado de México, la solicitud de declaratoria de alerta de género y el proceso de amparo ante la negativa del gobierno mexiquense y de la Secretaría de Gobernación a emitirla.
La reciente tipificación del delito de feminicidio en las diferentes entidades del país se redactó con la suficiente ambigüedad como para que los ministerios públicos resolvieran atender como homicidio doloso, homicidio culposo —sin intencionalidad— o hasta suicidio —sin pena para nadie, excepto para la muerta y su familia— cualquier caso de asesinato con evidente odio hacia la víctima sólo por ser mujer.
Los gobernadores del Estado de México y sus procuradores han argumentado siempre que la elevada cantidad de niñas, adolescentes, adultas y ancianas victimadas en su territorio se debe a que es la entidad, y con mucho, más poblada del país. Esto es cierto, pero sólo lo último: los municipios mexiquenses conurbados a la Ciudad de México y en el Valle de Toluca están sobrepoblados gracias a su nula planeación urbana.
Pero respecto de las asesinadas, la simple aritmética muestra otra cosa.
En el periodo de referencia se levantaron 32 172 actas de defunción por muertes de mujeres ocasionadas por agresiones; sólo en el Estado de México se elaboraron 7 749 de ellas.
Dicho de otra manera: mientras el Estado de México posee actualmente 13.5 por ciento de la población del país —a la vez, máxima participación histórica en el volumen poblacional—, ahí se cometieron la cuarta parte de los asesinatos de mujeres.
Durante poco más de una década Ciudad Juárez, Chihuahua, mantuvo la atención nacional e internacional debido a los casos de mujeres asesinadas y desaparecidas.
El Estado de México ha mentido para evitar que la violencia contra las mujeres sea investigada y, en su caso, abordada con eficiencia y suficiencia.
Fue con datos falsos que el gobierno mexiquense de Enrique Peña Nieto desestimó el inicio de una investigación por la cual, de haberse encontrado hechos generalizados de agresiones a las mujeres y de impunidad atribuible a la ineficacia de las instituciones, el gobierno federal con el apoyo de un grupo de académicos habría intervenido a favor de la seguridad de las mexiquenses.
Es decir, el Estado de México no se negó a la emisión de una alerta de género: se opuso a que siquiera se revisara. Y para esto se apoyó en el voto de los estados priistas.
