Washington, D.C. – La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresa su preocupación por la muerte violenta de 44 reclusos del Centro Penal de Apodaca, estado de Nuevo León, México. La CIDH insta al Estado a adoptar las medidas pertinentes para evitar la repetición de hechos similares, y para investigar y sancionar a los responsables.
De acuerdo con información oficial, el 20 de febrero de 2012 fueron asesinados 44 internos del Penal de Apodaca con armas punzo cortantes y otros objetos contundentes en una riña; en forma simultánea, otros 30 reclusos se fugaron del mismo penal. La información recibida indica que las personas fallecidas estaban recluidas en el ambulatorio y fueron atacados por internos de otro pabellón.
Asimismo, la CIDH recibió información según la cual el 4 de enero de 2012 hubo una riña en el Centro de Ejecución de Sanciones (CEDES) de Altamira, estado de Tamaulipas, en la cual más de 30 internos fueron asesinados y otros 13 resultaron heridos con armas blancas. La riña se habría iniciado cuando internos del módulo 11 irrumpieron en el módulo 12 del centro penitenciario.
La CIDH reitera que los Estados, como garantes de los derechos de las personas privadas de libertad, deben adoptar todas las medidas necesarias para proteger la vida e integridad personal de los reclusos. En este sentido, los Estados tienen el deber fundamental de asegurar el control y la seguridad interna de las cárceles y no pueden de ninguna manera renunciar a este deber inherente. El debido control por parte de las autoridades del orden interno en las cárceles es el presupuesto esencial para garantizar los derechos humanos de las personas privadas de libertad.
Asimismo, los Estados tienen la obligación de investigar de oficio y con la debida diligencia todas aquellas muertes de personas que se encuentran bajo su custodia. Estas investigaciones no sólo deben estar orientadas a establecer los responsables materiales de los hechos, sino también a los posibles autores intelectuales y a aquellas autoridades que por acción u omisión pudieran haber tenido algún grado de responsabilidad.
La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.
Aministía Internacional llama a las autoridades mexicanas a investigar asesinatos en reclusorios
La organización internacional hizo un llamado para que de manera exhaustiva e imparcial se investiguen los hechos del 19 y 21 de febrero, en dos penitenciarias de Nuevo León; una en Apodaca, donde murieron 44 reos y la otra en Topo Chico, donde fallecieron 3.
Amnistía deplora la muerte de las 47 personas que estaban bajo custodia de autoridades. Asimismo señala que se debe investigar la fuga de más de 30 presos y quienes resulten responsables por los hechos, incluyendo las autoridades.
COMUNICADO ÍNTEGRO
Las autoridades mexicanas deben conducir una investigación exhaustiva e imparcial con relación a los lamentables acontecimientos que tuvieron lugar el 19 y 21 de febrero durante los cuales 44 y 3 personas perdieron la vida en el Penal de Apodaca y Topo Chico respectivamente, ambos ubicados en el estado de Nuevo León.
Amnistía Internacional (AI) deplora y lamenta el fallecimiento de estas 47 personas bajo custodia de las autoridades y considera esencial que la investigación esclarezca la verdad sobre lo ocurrido y asegure el derecho de los familiares a información y justicia. Es de igual importancia que se aclaren los hechos que antecedieron a esta pérdida de vidas, la fuga de más 30 presos, y que quienes resulten responsables, incluidas autoridades penitenciarias, rindan cuenta ante la justicia.
Este incidente se suma al ocurrido el 4 de enero en Altamira, Tamaulipas, cuando al menos 31 presos perdieron la vida durante un altercado entre grupos rivales.
Las autoridades tienen el deber y la obligación de garantizar que las condiciones de reclusión en los centros penitenciarios mantengan un adecuado nivel de seguridad y respeto a la integridad de los reclusos de conformidad con los estándares internaciones en materia de condiciones de reclusión, como las Reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos de las Naciones Unidas.
