Por Humberto Francisco Guerrero Rosales*

Con el riesgo de ser reiterativo, pero empecemos por un recuento de los hechos sin controversia. Primero, nuestro país atraviesa, desde hace más de una década, una crisis de impunidad y violencia de dimensión masiva y sistemática. Aún estamos tratando de entender las causas profundas de esta crisis y la interrelación de los actores que la han propiciado. Vislumbramos la superficie, sabemos por ejemplo que en nuestro país se desató un conflicto violento con motivo del combate a la delincuencia organizada, las consecuencias del conflicto son aún incalculables: cientos de miles de personas asesinadas, más de 61 mil personas desaparecidas y un número aún indeterminado de personas procesadas cuyas condenas son, por decir lo menos, dudosas, en vista de las múltiples irregularidades y violaciones a derechos que se cometieron para su construcción.

Cada una de esas historias de violencia es en sí misma una tragedia y en su conjunto representan el alma quebrada de una nación. La violencia y la impunidad nos han llevado a la parálisis política, nos han convencido de que es mejor callar y no participar. Y he aquí el segundo hecho incontrovertido, la impunidad y la corrupción han roto nuestro sentido de justicia y el sentido de las instituciones. Hoy en día la mayoría de nosotros creemos que todo intento de buscar justicia a través de las instituciones es, en el mejor de los casos, una pérdida de tiempo y, en el peor, un riesgo para nuestra vida, porque nunca se sabe el rumbo que pueda tomar una investigación o si las mismas instituciones de justicia forman parte del entramado criminal (1).

En el conflicto que vivimos la línea divisoria entre “buenos y malos” se desdibujó. Casos como la detención de Genero García Luna en Estados Unidos nos confirman ciertas hipótesis sobre la existencia de un entramado de intereses económicos, políticos y criminales que deliberadamente producen y sostienen el contexto de violencia, impunidad y corrupción estructurales que vivimos. Ante este contexto, llegamos a un tercer hecho incuestionable, debemos tomar medidas radicales. Empero, la radicalidad que aquí se propone es la del sentido original de la palabra: lo relativo a la raíz y la raíz de nuestros problemas de impunidad no está en el hecho de que nuestro sistema no sea capaz de poner a gente en prisión (2). De hecho, una buena parte de la motivación de la reforma constitucional de 2008 que dio pie a la instauración del sistema penal acusatorio en México fue la evidencia contundente de que nuestro sistema había saturado las prisiones con casos de personas que, en varios casos, ni siquiera debieron haber sido procesadas.

Para encontrar el origen profundo de nuestra crisis debemos, cuando menos, respondernos ciertas preguntas previas: ¿quiénes están en prisión actualmente, por qué y cómo llegaron ahí?; y la otra cara de la moneda, ¿quiénes no lo están, pero deberían estarlo, por qué no lo están y cómo han logrado mantener esa situación? Quienes defienden los documentos que se publicaron recientemente como la posible reforma al sistema de justicia penal esgrimen que el marco normativo actual no les da herramientas para investigar y dar resultados. Ante este argumento hay que preguntarnos ¿nuestras fiscalías y procuradurías aprendieron a investigar?

¿A qué vamos a llamar resultados en este contexto?

Si por investigar vamos a entender la fabricación de verdades; y por éxito golpes mediáticos, entonces personajes como García Luna o Murillo Karam serían exitosos. Ambos personajes utilizaron asiduamente, para forjar su éxito, supuestas herramientas de investigación que ahora se pretenden regresar y/o fortalecer en nuestra Constitución, particularmente la figura del arraigo (detención para investigar) y la posibilidad de aceptar pruebas aun cuando éstas fueran obtenidas en violación de derechos fundamentales. Casos como la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa evidencian lo pernicioso que es para imputados, víctimas y la sociedad en su conjunto el dejarnos guiar por una falsa idea de lo que es una investigación con resultados. A más de 5 años de la tragedia, gracias a una investigación plagada de irregularidades, donde se utilizaron mecanismos de investigación de corte autoritario, no hay ni verdad ni justicia para nadie.

No es nuevo ni exclusivo de nuestro país que, frente a una crisis de impunidad y seguridad, el gobierno recurra a la solución aparentemente fácil del cambio normativo y la mano dura, pero nuestro país tiene ya una larga historia en ese sentido. Demostremos que hemos madurado políticamente y reflexionemos sobre lo que hemos aprendido en esa historia. De lo contrario, seguiremos cambiando para que nada cambie.

*Humberto Guerrero es Coordinador del Programa de Derechos Humanos y Lucha contra la Impunidad de Fundar, Centro de Análisis e Investigación.

(1) Según la Encuesta Nacional de Victimización 2019 del INEGI, la cifra de delitos no denunciados se mantiene en el 93.2% y en 63.2% de los casos, las razones de la falta de denuncia son causas atribuibles a la autoridad. https://www.inegi.org.mx/programas/envipe/2019/

(2)INEGI, Estadísticas sobre el sistema penitenciario estatal en México, México, 2017, p. 25. De acuerdo con este análisis, la tasa media nacional de sobrepoblación es del 110%.

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