Ciudad de México, 22 ene (SinEmbargo).- El proyecto elaborado por la Unidad de Fiscalización del Instituto Federal Electoral (IFE), con respecto a la queja interpuesta por el Partido Acción Nacional (PAN) en contra de la coalición “Compromiso por México”, a causa de la utilización de tarjetas o monederos electrónicos “Monex”, presenta diversas inconsistencias.
Así lo afirmó el representan del PAN ante el IFE, Rogelio Carbajal.
La coalición “Compromiso por México” estaba integrada en la campaña presidencial por los Partidos Revolucionario Institucional (PRI) y Verde Ecologista de México (PVEM).
Mediante un comunicado de prensa, Carbajal aseguró que de acuerdo con lo leído en el proyecto, que se discutirá el próximo 30 de enero en el consejo nacional del IFE, la unidad no realizó una investigación “debida y exhaustiva con respecto a las aportaciones ilícitas y rebase de gastos en la campaña presidencial”.
Expuso que no se proporcionó una relación pormenorizada de las tarjetas que correspondieron al PRI, partido que aceptó haberlas utilizado.
“El proyecto señala que se advierte que el Partido Revolucionario Institucional contrató, a través de un intermediario, un servicio de dispersión de recursos a través de tarjetas de prepago, a través de 7,851 tarjetas distribuyó recursos que ascendieron a la cantidad de $66,326,300.00 (sesenta y seis millones, trescientos veintiséis mil, trescientos pesos 00/100 M.N.). Dichas tarjetas fueron entregadas a partir del mes de mayo de 2012”, según se lee en el comunicado.
Sin embargo, hizo notar que no advierte con claridad cuál es el objeto o razón social de las empresas Alkino Servicios y Calidad S.A. de C.V; Comercializadora Atama, S.A. de C.V.; así como de Grupo Comercial Inizzio, S.A. de C.V., que participaron con el PRI en la emisión de las tarjetas “Monex”, y “mucho menos que puedan otorgar financiamientos o préstamos comerciales como ellas mismas reconocen”.
También hizo mención de que las empresas otorgaron préstamos con intereses inferiores a la tasa bancaria y legal, entonces el beneficio que obtuvo el PRI debe considerarse como una aportación “en especie” con relación a los gastos de campaña.
“Tampoco se tiene certeza sobre el origen de los recursos utilizados para financiar las tarjetas electrónicas ni la cuenta bancaria con la que se realizó el pago de las mismas”, añadió.
El representante del PAN ante el IFE dijo que en este momento no se tiene seguridad jurídica acerca de que la coalición haya cumplido cabalmente las obligaciones en materia de fiscalización y utilización de los recursos y que haya implicado el rebase del tope de gastos de campaña.
El dictamen consolidado y la resolución de los informes finales de la campaña presidencial se someterán a discusión del Consejo General del IFE el 30 de enero, dentro de una semana.
Carbajal pidió al Consejo General tomar en cuenta las omisiones e irregularidades de la Unidad de Fiscalización en el caso Monex.
Le pidió no ser omiso a los antecedentes que proveen otros casos de violaciones a las normas que regulan los ingresos y gastos de los partidos políticos y de las campañas electorales.
Alertó que en caso de que el Consejo General apruebe el proyecto de la Unidad de Fiscalización sería una “regresión”.
“El Consejo General del IFE no podría escudarse en el proyecto de la Unidad de Fiscalización para justificar esta grave violación a la ley electoral, pues todos en México sabemos que la Unidad de Fiscalización propone y los consejeros electorales disponen. Una vez más se pone a prueba la credibilidad del IFE al resolver el caso Monex”.
Exigió que la investigación se haga con pericia y profesionalismo. Y si no los representantes legales del PAN agotarán las instancias legales, adelantó.
“Si no es así en el caso MONEX, el PAN deberá recurrir a todos los instrumentos legales a su alcance para proteger la vigencia de la Constitución y la ley, y para defender nuestra democracia de las amenazas que sobre ella ejercen el uso indebido del dinero y la presión política desde el poder”, afirmó.
El caso Monex estalló unos días antes de las elecciones del 1 de julio, cuando perredistas detectaron que priístas repartían monederos electrónicos en el estado de México.
