El Ramo 23 o Provisiones salariales y económicas tiene como objetivo otorgar recursos a los estados y municipios a través de fondos específicos, mediante un convenio de transferencia. Durante el sexenio de Enrique Peña Nieto hubo un gasto de 318 mil millones de pesos en tres programas discrecionales del mencionado ramo. En el Presupuesto de Egresos de la Federación 2019, la nueva administración federal propone una reducción a este Ramo 23, lo que derivó en inconformidades por parte de algunos gobernadores.
Ciudad de México, 20 de diciembre, (SinEmbargo).- El Gobierno de Enrique Peña Nieto gastó, durante todo su sexenio, 318 mil millones de pesos en tres programas discrecionales del Ramo 23, los cuales no contaban con reglas o lineamientos de operación, señaló México Evalúa.
El Ramo 23 o Provisiones salariales y económicas tiene como objetivo otorgar recursos a los estados y municipios a través de fondos específicos y mediante un convenio de transferencia. Sin embargo, la organización detalló que estos recursos eran utilizados como control político de las administraciones estatales y municipales.
En el Presupuesto de Egresos de la Federación 2019, la nueva administración federal propone una reducción a este Ramo 23, lo que derivó en inconformidades por parte de algunos gobernadores.
México Evalúa señaló que durante la administración de Peña Nieto, el Ramo 23 no contó con reglas de operación y quedaba a expensas de la determinación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
En su informe Arquitectura del Ramo 23, la organización señaló que de 2013 a 2017, Peña Nieto gastó 1.46 billones de pesos más que lo aprobado en el conjunto de presupuestos de esos años.
Al año, esta cifra representaría un total de 293 mil millones de pesos más de lo aprobado por año.
La parte que mayor sobregasto generó durante la administración de Peña Nieto fue el Ramo 23, con un total de 495 mil millones de pesos.
Del total, el 80 por ciento del sobrejercicio se erogó a través de tres programas de subsidios: Fondo para el Fortalecimiento Financiero (Fontafin), Programas Regionales y Contingencias Económicas.
Estos programas, apuntó México Evalúa, corresponden “una bolsa millonaria de recursos cuya asignación queda a criterio exclusivo de la SHCP; sin reglas de operación, sin diseño no normatividad, esta secretaría decide a quién otorgarle recursos, por qué, cuánto y cuándo”.
Además de la falta de reglas de operación, existe una falta de transparencia sobre el destino de los recursos, ya que “el monto (…) no está asociado con un destino geográfico, a pesar de ser una obligación hacer explícita esa información”.
En el Fortanin se habría gastado 121 millones 502 pesos; Contingencias económicas por 132 millones 689 pesos y programas regionales por 64 millones 274 pesos.
USO CLIENTELAR
En dicho estudio, México Evalúa señaló que cada Gobierno otorga una mayor cantidad de recursos del Ramo 23 a administraciones estatales de su partido de origen.
En 2017, la entidad gobernada por Alfredo del Mazo recibida 8 mil 601 millones de pesos; mientras en 2011, durante el último año de Gobierno de Felipe Calderón Hinojosa, sólo recibió 567 millones de pesos.
La diferencia entre las participaciones que recibía el Estado de México y el promedio nacional, durante la pasada administración federal, es sustancial y muestra un mayor aumento en época electoral.
En 2013, durante el primer año de Peña Nieto como Presidente, la entidad mexiquense recibió 8 mil millones de pesos del Ramo 23 por mil 311 millones de pesos del promedio nacional.
Para 2017, año de elecciones en el Estado de México y donde Del Mazo resultó como ganador, la asignación del Ramo 23 fue de 8 mil 601 millones de pesos por los mil 830 millones del promedio nacional.
Por ello, México Evalúa llamó a incrementar la calidad del gasto público mediante “dotar esta arquitectura de un diseño que controle la discrecionalidad en el gasto, y en cambio promueva una toma de decisión más objetiva y democrática“.
AMLO Y EL RAMO 23
El proyecto de Presupuesto de Egresos 2019 pretende destinar un aumento del 2.1 por ciento al gasto federalizado para estados y municipios, en comparación de lo aprobado en 2018.
El gasto federalizado (7.6 por ciento del PIB), para 2019, estaría compuesto por un 48.2 por ciento de participaciones federales, por un 38.7 por ciento de aportaciones federales, por un 0.7 por ciento del ramo 23 y por un 12.4 por ciento de otros conceptos, analizó el Centro de Investigación Económica Presupuestaria (CIEP).
El CIEP destacó que las entidades federativas estarían recibiendo mayores recursos por participaciones. Esto es positivo para disminuir el nivel de endeudamiento de los estados (deuda/participaciones) y para tener mayores recursos disponibles para programas sociales, enfrentar cualquier eventualidad que pudiera surgir o la posibilidad de que ya no se reciban recursos del ramo 23 por excedentes de ingresos federales.
Los recursos del ramo 23 presentarían recortes importantes (69.4 por ciento real). De mantenerse así en el presupuesto aprobado, el desarrollo regional podría verse disminuido. Los recortes de algunos conceptos incentiva a las entidades federativas a que tengan un mayor nivel de recaudación local y elaboren presupuestos de egresos estatales sostenibles.
En 2019, el ramo 23 federalizado disminuiría 69.4 por ciento real debido principalmente a que la promoción de acciones del desarrollo regional disminuiría 81.1 por ciento.
En 2019, las entidades federativas que tendrían mayores incrementos por participaciones serían Hidalgo, Baja California Sur, Oaxaca y Campeche (al menos 11.7 por ciento real). En cambio, Ciudad de México, Aguascalientes, Sinaloa y Coahuila tendrían incrementos por este tipo de participaciones por debajo de 5.9 por ciento real en 2019.
Tras conocer la propuesta, gobernadores y alcaldes protestaron por la medida al considerar que el recorte pegará a los programas sensibles de las entidades.
Ayer, once gobernadores se reunieron en la Ciudad de México para establecer su posición. Encabezados por Javier Corral, de Chihuahua, y Enrique Alfaro, de Jalisco, señalaron que están supuestos a la revisión y diálogo con los legisladores a fin de que una parte de los recursos estatales se puedan reasignar a dicho ramo.
-Con información de Dulce Olvera.
