López Obrador está dispuesto a militarizar no solo la seguridad, también la obra púbica y el desarrollo urbano. Nunca habíamos visto tal presencia del Ejercito en el gobierno. Nos quejamos, con razón, de la militarización en el gobierno de Felipe Calderón que aumentó el presupuesto de las Secretarías de Defensa y Marina de manera desproporcionada, en el nuevo gobierno las cosas van más allá y más de prisa.

Convertir la base militar de Santa Lucía en el nuevo aeropuerto es una decisión polémica, con virtudes y defectos, pero que ya está tomada. Que el aeropuerto lo construyan los militares usando el proyecto de la Terminal 2 de la ciudad de México es meter a las fuerzas armadas al manejo de recursos públicos, con los inconvenientes y riesgos que ello tiene.  La única explicación es que lo que busca AMLO es evadir las licitaciones y los “engorrosos” trámites de la administración público, pero ¿van las fuerzas armadas a transparentar cada peso que ejerzan?, ¿responderán a las solicitudes de información?, ¿se someterán a la vigilancia externa que implica un proyecto de esta magnitud? Este no es un asunto de seguridad nacional, si el Ejército de mete de contratista habrá que tratarlo como contratista y si por algún motivo estalla un escándalo de corrupción el descrédito no será para X o Y ingeniero militar sino para la Sedena.

Por si esto no fuera suficiente, el Ejército se convertirá también en un desarrollador inmobiliario en los terrenos de la antigua fábrica de armas para, con ese dinero, construir bases militares en todo el país. Tiene toda la lógica del mundo deshacerse de activos de alto valor económico que ya no aportan valor estratégico y operativo para destinar ese recurso a centros que sí lo tengan, pero, otra vez, meter al Ejército a hacer negocios conlleva el riesgo de la corrupción y el descrédito.

Suponiendo que no habrá corrupción porque los miembros de las fuerzas armadas ya fueron todos tocados por el manto salvador del presidente, más riesgoso aún que meter al Ejercito a los negocios es aprobar la Guardia Nacional tal como ha sido propuesta por Morena. Un mando único militar para una guardia nacional militar, con esquema operativo militar no puede sino terminar en la imposición de una lógica militar de la seguridad pública, exactamente lo mismo que Morena criticó de la Ley de seguridad interior y que la Corte ya declaró inconstitucional. Reformar la constitución para darle el mando único de la seguridad a un mando militar, más allá de los efectos perversos en materia de derechos humanos, terminará de nuevo en la Corte con un desgaste inútil para todos.

Ninguna solución al problema de seguridad es mágica ni de corto plazo. Tener autorizada la guardia nacional en fast track como quiere el secretario de seguridad Alfonso Durazo no adelantará resultados, pero si puede meter al país en un callejón sin salida.

Nunca habíamos visto un presidente que se apoyara tanto en las fuerzas armadas para gobernar. Esta transformación no la entiendo.

(La próxima semana no habrá En Tres patadas. Felices fiestas. Nos vemos en enero)

Diego Petersen Farah

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