La familia Yunes, encabezada por el exgobernador Miguel Ángel Yunes Linares, vinculado a negocios, enriquecimiento inexplicable, presuntas ligas con el crimen, ha tejido y bastante fino primero como pieza del PRI, luego brincó al PAN, más tarde transó con el PRD –a cuyos militantes persiguió cuando fue secretario General de Gobierno con Patricio Chirinos --y ahora se afirma que selló un pacto con la Cuarta Transformación para no ser molestado, investigado ni perseguido. Es el pacto de la paz, se asegura.

Hace poco más de un año, cuando la Fiscalía General de la República (FGR) inició la cacería de políticos corruptos del gobierno de Enrique Peña, entre ellos Emilio Lozoya, León Trauwitz –éste responsable de la vigilancia estratégica en Pemex y vinculado al negocio de huachicol -, Juan Collado, dueño de una enorme fortuna ligada a paraísos fiscales y al presunto lavado de dinero, entre otros, el nombre de Miguel Ángel Yunes salió a flote cuando la FGR anunció en un comunicado que investigaba al exgobernador veracruzano por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.

Desde entonces a la fecha nada se sabe de esa investigación federal, como tampoco se conoce qué pasó con la investigación, iniciada al arranque de la administración de Cuitláhuac García Jiménez, gobernador de Veracruz, con el tema de las cámaras de vigilancia que el gobierno de Yunes Linares contrató a la empresa Comtelsat .

El secretario de Seguridad Pública de Veracruz, Hugo Gutiérrez, dijo que en su gran mayoría ese equipo ha fallado y que como consecuencia ha costado vidas debido a que no operan con eficiencia. Yunes fue denunciado por fraude ya que de las 6 mil 500 cámaras instaladas sólo han funcionado mil 600. Lejos de favorecer a la sociedad, este proyecto fallido ha beneficiado a la delincuencia organizada, por cierto en auge en el estado de Veracruz con la presencia de cárteles como Jalisco, Sinaloa, Noreste y otros ramajes criminales afincados en municipios y comunidades.

Pese a que resulta evidente el fraude y el engaño de Yunes Linares, pues nada ha ocurrido con la supuesta denuncia contra el exgobernador, quien se la pasa viajando de Veracruz a Estados Unidos muy quitado de la pena como si nada debiera ni temiera. La FGR anunció la investigación, pero no ha informado sobre su avance.

Lo que también resulta extraño –y no es para menos –es que después de los amagos del gobernador Veracruzano Cuitláhuac García; de su secretario General de Gobierno –Erick Cisneros --y de la fiscal Verónica Hernández, quienes dijeron que la familia Yunes era investigada por varios delitos, ahora todos ellos se han quedado callados y transitan en una especie de “pax mafiosa”, al más pudo estilo siciliano, donde el PAN y MORENA convergen y sinergian acuerdos.

Esta situación –el pacto de los Yunes con AMLO –ya repercutió en el centro del partido blanquiazul. Hay molestia, enojo, cuestionamiento y hasta rechazo por este presunto acuerdo que hizo que Yunes Linares, el jefe del clan, doblara las manos y, así, ganara impunidad, lo que hoy para los Yunes es oro molido. Con ello, el grupo yunista rehúsa a competir por la gubernatura en el 2024 y deja el camino abierto a MORENA. El pacto es a cambio de impunidad.

En el Congreso local, los cuatro diputados yunistas –Enrique Cambranis, Miguel Hermida, Verónica Pulido y un tal Jaime de la Garza, exchofer de Yunes Linares, guardaron silencio en todo lo que va de este 2022. Callaron respecto de las tropelías , desvíos de recursos y excesos en el gobierno de la Cuarta Transformación. Con esto se fortalece la tesis de que entre la familia Yunes y la Cuarta Transformación ya hubo acuerdos, un pacto, pues.

Una muestra de ello fue la captura del llamado “Fiscal carnal”, Jorge Wincler, quien se había quedado en el cargo, tras el cierre del bienio de Yunes, para tapar las espaldas del político oriundo del municipio de Soledad de Doblado, Veracruz.

Acusado de brindar protección al crimen organizado –protegió a secuestradores, narcotraficantes y al hampa entera –Winckler fue destituido por el Congreso y, en lugar de enfrentar a la justicia, huyó del estado; del equipo de Yunes también está encarcelado quien fue su secretario General de Gobierno, Rogelio Franco, adicto a la cocaína y ligado a negocios millonarios al amparo del poder. Y otro yunista que también cayó en prisión es Tito Delfín, exdirigente del PAN y exalcalde de Tierra Blanca.

Lo que llama mucho la atención es que el ORFIS tenía bajo la lupa a la alcaldesa de Veracruz, Paty Lobeira, esposa de Miguel Ángel Yunes Márquez: la querían auditar porque se tiene información se presuntos malos manejos con los dineros del erario. Sin embargo, de buenas a primeras la investigación fue archivada o tirada a la hoguera.

Así, el pacto de los Yunes con la 4 T: todo, a cambio de impunidad.

APUNTES DEL SUBSUELO

EL CASO DE GUACAMAYA LEAKS por un lado representa un escándalo –el saqueo a los archivos militares y las revelaciones significa información muy suculenta –pero llama la atención el silencio oficial, tanto del presidente de la República –adalid de la transparencia, eso dice él –y de la Secretaría de la Defensa Nacional. El miércoles 19, los titulares de la Sedena y Marina estuvieron en el Congreso para rendir cuentas pero guardaron silencio.

El presidente ha defendido a Julián Assange, el creador de Wikileaks, donde reveló informes secretos del gobierno estadunidense. El presidente ha pedido que Assange sea beneficiado con el indulto porque, ha dicho, su ejercicio fue un ejemplo de la libertad de expresión. Sin embargo, en el caso de los Guacamayas leaks, pues no ha querido interponer denuncia para llevar a cabo una investigación. Pero tampoco rinde cuentas sobre el “hackeo” que sufrió la Sedena.

De esta forma, el presidente López Obrador viola sus propios principios: adalid de la transparencia, ahora opta por la opacidad y el silencio: “Eso ya no es nota”, ha dicho el presidente que, dice ser, defensor de la libertad de expresión. Libertad cuando le conviene, silencio cuando así conviene. Así opera la retorcida mente del mandatario: vivir en la incongruencia.

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Ricardo Ravelo

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Ricardo Ravelo Galó es periodista desde hace 30 años y se ha especializado en temas relacionados con el crimen organizado y la seguridad nacional. Fue premio nacional de periodismo en 2008 por sus reportajes sobre narcotráfico en el semanario Proceso, donde cubrió la fuente policiaca durante quince años. En 2013 recibió el premio Rodolfo Walsh durante la Semana Negra de Guijón, España, por su libro de no ficción Narcomex. Es autor, entre otros libros, de Los Narcoabogados, Osiel: vida y tragedia de un capo, Los Zetas: la franquicia criminal y En manos del narco.

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