El proceso penal en contra del General Salvador Cienfuegos Zepeda es una oportunidad para el Gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador, no sólo para limpiar al Ejército mexicano y acabar con redes políticas de crimen organizado, sino también para recobrar la confianza internacional en las instituciones mexicanas que, actualmente, son vistas con recelo en países como Estados Unidos, dijo el asesor antimafia Edgardo Buscaglia.
Ciudad de México, 21 de octubre (SinEmbargo).- La detención de Salvador Cienfuegos Zepeda en Estados Unidos, quien podría ser sentenciado a cadena perpetua y a quien el día de ayer le fue negada la libertad bajo fianza, dejó en claro que en México existe una mafiocracia en la que los vacíos de Estado y la protección por parte de padrinos políticos permite que la delincuencia organizada continúe creciendo a nivel nacional. En éste contexto, el Gobierno mexicano debe de iniciar una investigación paralela a la estadounidense en contra del exsecretario de la Defensa Nacional y de toda su red de complicidades para combatir la corrupción política y fortalecer al Estado de Derecho, dijo en entrevista Edgardo Buscaglia, académico senior de la Universidad de Columbia, en Nueva York.
“El Presidente López Obrador puede tomar el caso de Cienfuegos como una oportunidad y no como una crisis”. Para Buscaglia, la diferencia radica en la actitud del Gobierno mexicano que, hasta el momento y de manera equivocada, ha operado de forma pasiva.
El día de ayer, el Presiente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) recordó que su Gobierno esperará los resultados de la indagatoria estadounidense en contra de Cienfuegos para determinar su postura. “Sí es culpable de los delitos que se le atribuyen, pues se tiene que castigar a él […] y también a quienes resulten involucrados”, explicó el político tabasqueño, quien asimismo advirtió que hay que tener “cuidado que no se afecte o no se dañe una institución tan importante como la Secretaría de la Defensa Nacional, las Fuerzas Armadas de nuestro país que son importantísimas para el desarrollo de México”.
De acuerdo con Edgardo Buscaglia, “si el Presidente espera a que el general Cienfuegos Zepeda reciba una sentencia condenatoria o no, toda esa red criminal que puede o no estar a su alrededor va a desaparecer. Entonces lo que ha hecho el Presidente es cometer un grave error” en una situación en que “puede usar el caso de Cienfuegos como un catalizador para limpiar al Ejército y al Estado mexicano”.
En la opinión del asesor antimafia, a parte de abrir una investigación paralela a la estadounidense para determinar si existen indicios de una red criminal alrededor del General Cienfuegos, el Presidente de la República debe de apoyarse en las facciones honestas, patrióticas y efectivas del Ejército mexicano para transformar y mejorar su desempeño. En ese sentido, Buscaglia refirió que además de las investigaciones del Poder Judicial por lavado de dinero y crimen organizado, las Fuerzas Armadas deberían dar inicio a un proceso de investigación y ejercer justicia militar.
“Hay un problema grave en la reacción institucional mexicana que va a agravar la crisis política si no se toman esas medidas. […] Yo entiendo que el Presidente tenga que decir que no se puede condenar a toda la institución porque hay facciones enormemente honestas y efectivas en el Ejército mexicano, como el General Moisés García Ochoa. Pero tienes que combatir la suciedad que hay, como se combate en cualquier Ejército cuando comete abusos”, abundó Buscaglia.
Para el también académico senior de la Universidad de Turín en Italia, la pasividad del Presidente López Obrador no es la única. También está la falta de acción por parte de la Fiscalía General de la República (FGR) que podría solicitar la información básica de las investigaciones de las autoridades estadounidenses, que estarían obligadas a compartirla por las convenciones y acuerdos bilaterales de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
“Esa información tiene que ser compartida y abrir una carpeta de investigación en la Fiscalía General de la República. Y por supuesto, el doctor Alejandro Gertz Manero es un cero a la izquierda. Todavía no ha declarado nada. El Fiscal General de la República, que supuestamente es autónomo, que no lo es, tendría que haber salido inmediatamente, autónomamente, a pesar de la opinión del Presidente de la República a decir: ‘con base en los datos de investigación que los americanos dicen que tienen, he solicitado datos de esa investigación para determinar si debemos abrir una investigación por delincuencia organizada en México’. Eso es lo que haría un Fiscal en serio con mínimo Estado de Derecho; no quedarse callado”, abundó Edgardo Buscaglia.
LA CRISIS DE CREDIBILIDAD
La pasividad del Gobierno mexicano podría transformar una crisis en una supercrisis. Pero si las instituciones investigan, los poderes Ejecutivo, Judicial y el Ejército mexicano no sólo podrían transformar positivamente al país, sino que además mandarían un mensaje a la comunidad internacional, en un contexto en que la confianza en las instituciones mexicanas ha ido en declive desde la década de los 90.
“Ya mismo se tienen que hacer las investigaciones para que el Presidente lance un mensaje al mundo de que si bien hay una corrupción mafiosa anquilosada desde hace décadas en el Estado mexicano, él está tomando iniciativas para comenzar a terminar con ese cáncer y avanzar hacia el principio del fin de la mafiocracia mexicana”, explicó Edgardo Buscaglia a SinEmbargo.
Precisamente, la falta de confianza en las instituciones mexicanas por parte del Gobierno estadounidense fue una de las circunstancias que evitaron que el Gobierno de México contara con información acerca de la llamada “Operación padrino” en contra del General en retiro Salvador Cienfuegos Zepeda.
De acuerdo con un artículo de la periodista Dolia Estévez, “la investigación y captura del general retirado Salvador Cienfuegos Zepeda en Los Ángeles el jueves pasado, ha sido el secreto diplomático mejor guardado en tiempos recientes. En agosto de 2019, un gran jurado en Nueva York emitió un encausamiento sellado con cuatro cargos de narcotráfico y lavado de dinero contra el exsecretario de la Defensa Nacional de Enrique Peña Nieto. El mismo día, una jueza giró orden de aprehensión en su contra. A lo largo de 14 meses, el Departamento de Justicia se aseguró que México no se enterara”.
Según Estévez, la decisión de mantener la investigación contra Cienfuegos en secreto “se tomó en agosto de 2019 cuando el Departamento de Justicia [estadounidense] renunció a la prerrogativa de pedir a México el arresto de Cienfuegos con fines de extradición. Consideró que no era uno más del montón de mexicanos extraditables. Dada su estatura política y los secretos que debe guardar con poder de chantaje, las autoridades temían que si iniciaban el trámite para traerlo a Estados Unidos, jamás lo lograrían. Prefirieron esperar que cruzara la frontera. Manejarlo con el sigilo de un operativo de Estado para capturar o ultimar a un terrorista, o rescatar a un rehén”.
En ese sentido, Edgardo Buscaglia mencionó que “estamos ante una situación muy grave en donde hemos dado marcha atrás comparado con los años 1998, 1999 y 2000, donde éstas investigaciones se coordinaban entre México y Estados Unidos. Hoy ni siquiera eso. Estamos en una situación en donde México está como espectador; es un cero a la izquierda el Estado mexicano”.
De acuerdo con el académico senior de la Universidad de Columbia, “el hecho de que el Presidente salga a decir que no tiene ni una carpeta de investigación es una bandera blanca de rendición. Es básicamente una situación en la que el Presidente reconoce que el Estado mexicano no solamente es impotente para combatir su propia corrupción política, sino que además, no es lo mínimamente confiable para que las autoridades americanas compartan actividades de investigación previas al gran jurado de Brooklyn, lo que antes se hacía muy frecuentemente”.
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–El caso Cienfuegos, como antecedente penal contra un exsecretario de la Defensa Nacional, ¿qué implica en la relación México-Estados Unidos?
–El problema es así: las administraciones previas en Estados Unidos ayudaban a México a combatir la delincuencia organizada operativa: la del Mayo Zambada, la de “El Chapo”, la de Los Beltrán Leyva o la de “El Mencho”. Pero hasta ahora no ayudaron a México a combatir la delincuencia organizada política, o sea, la de los protectores políticos.
Cuando nos referimos a un programa antimafia, judicialmente hablando, nos referimos a cuatro componentes: a un componente de combate operativo contra los integrantes del crimen organizado, pero además, los norteamericanos como los europeos tienen un componente financiero-económico, donde van contra las empresas fachada; eso lo puedes ver en el caso Odebrecht y en otros contra organizaciones criminales. Después van contra la dimensión política, o sea, en contra de los protectores políticos, como lo que ahora está comenzando a impulsar la Fiscalía de Brooklyn. Aparte tienes la dimensión de sociedad civil o de organizaciones pantalla de la sociedad civil que a veces son organizaciones religiosas, o a veces son organizaciones sin fines de lucro. La lucha contra la delincuencia organizada en todos los países no se basa solamente en atacar lo operativo, que era el Plan Mérida donde los norteamericanos se gastaron millones de dólares ayudando a México. Pero si no atacas las otras tres dimensiones, los casos como el de Cienfuegos van a seguir aumentado, van a seguir apareciendo, porque esa dimensión política de la delincuencia organizada no se ha tocado en México hasta ahora. En eso consistía el pacto de impunidad mafioso.
Entonces, la raíz de esa delincuencia organizada que ha azotado a México desde hace más de 15 años, que crece a los niveles en que ha crecido en México, siempre es política, porque no tienen ningún tipo de dique las instituciones mexicanas para frenar el crecimiento de éstas organizaciones. Hay un elemento de vacíos de Estado, vacíos institucionales que permiten que la delincuencia organizada política continúe creciendo.
A mí lo que me llama mucho la atención es que durante los cuatro o cinco años de investigación de la DEA en el caso de Cienfuegos, antes del gran jurado, nunca compartieron información de esas investigaciones con las autoridades mexicanas, como sí hacían en la época de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada [SEIDO, antes SIEDO] durante los gobiernos de los expresidentes Ernesto Zedillo Ponce de León y Vicente Fox Quesada. Ahora los niveles de confianza en el marco institucional mafioso mexicano son cero, o sea, no ves que compartan información. Por eso el Presidente sale a decir “nosotros ni siquiera tenemos una carpeta de investigación”. Eso no solamente es un reconocimiento de la incompetencia del Estado mexicano, de la Fiscalía General de la República, sino también, y es lo más lamentable, la ausencia de confianza de las autoridades norteamericanas que evita que avancen con investigaciones coordinadas con México, como hacían antes.
Por ejemplo, las convenciones de la ONU contra la delincuencia organizada y contra la corrupción tienen en sus artículos mecanismos de investigación coordinada entre países. Un artículo de la convención de la ONU refiere la denominación de “investigaciones por entregas controladas”. Eso quiere decir que dos países coordinan la entrega de drogas o de armas para seguir los rastros a redes criminales. Ya no ves ese tipo de confianza con el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador o el de Enrique Peña Nieto. Antes sí se compartía; había investigaciones compartidas. Hoy ya no es así. Entonces eso es muy grave, y de alguna manera es un indictment [acusación o imputación]; es una condena al proceso de deterioro de corrupción mafiosa que ha sufrido México en los últimos 10 años.
Hay que recordar sin embargo que, cuando el exgobernador de Quintana Roo Mario Villanueva Madrid [1993-1999] se lo detuvo y se lo procesó [en 2001], el exgobernador Villanueva estaba siendo investigado por ambas autoridades, de México y Estados Unidos. Había una coordinación y una confianza que se había generado y que permitía irse contra un Gobernador de un estado mexicano en ejercicio; lo estaban investigando durante su mandato. Eso es lo que uno espera en el marco de las Naciones Unidas con la Convención de Palermo para que los países se coordinen.
–La detención del General Cienfuegos es inédita. ¿Qué nos dice del Estado, de las fuerzas armadas y de la estrategia de combate al crimen organizado?
–La acusación contra el General Cienfuegos Zepeda, conjugada con la acusación contra Genaro García Luna ya te da una pauta o un indicador de que la estrategia judicial contra la delincuencia organizada en México ha cambiado. Ahora se decidió, desde hace un buen tiempo, atacar las raíces políticas de la delincuencia organizada. La raíz principal de la delincuencia organizada mexicana, la razón por la cual cometen crímenes de lesa humanidad, desaparecen gente y trafican personas es la política mexicana. El sistema político mexicano atrae a la delincuencia organizada porque los controles sobre la actuación de los secretarios de Estado, sobre los procesos electorales no existen. No hay instituciones de control preventivo; no existen. No hay auditorías a los secretarios de la Defensa; no se los monitorea a través del desempeño en su función. Entonces es muy fácil para la delincuencia organizada meterle dinero a los más altos actores políticos del Estado. Y no te quepa la menor duda de que el General Cienfuegos Zepeda es un actor político porque, por más que sea militar en su origen, el nombramiento de Secretario de Defensa forma parte del ámbito político del Presidente de la República. Y las facciones en el Ejército Mexicano que se vienen disputando la Secretaría de la Defensa son facciones diversas con personas honestas como el General Moisés García Ochoa, y personas de dudoso desempeño debido a denuncias que han recibido, como el General Cienfuegos Zepeda. Y esas facciones se han venido disputando la Secretaría de la Defensa por mucho tiempo y por lo tanto, se han politizado.
La decisión de los fiscales norteamericanos de irse contra García Luna, contra Cienfuegos es una decisión directa desde lo más alto del Departamento de Justicia estadounidense, para no sólo combatir la delincuencia organizada desde lo operativo, sino combatirlo desde su raíz política en México. Más allá de que el tráfico de drogas esté vinculado a éste caso, en otros casos vas a encontrarte con corrupción; simplemente sin tráfico de drogas también va a impulsar otras causas penales pendientes. También la otra certeza es el hecho de que los fiscales federales del Distrito Este de Brooklyn van a irse contra expresidentes y otros secretarios de Estado, en donde el material probatorio de las investigaciones que se vienen llevando a cabo desde hace años los lleve a quien sea: sea el Presidente Peña Nieto, sea el Presidente Calderón Hinojosa, o sea el Presidente Fox Quesada.
La experiencia internacional que yo tengo en observar a las autoridades norteamericanas en otros muchos países indica que cuando ya comienzan a acusar de manera serial a actores políticos del más alto nivel, como el General Cienfuegos Zepeda, ya quiere decir que el sistema judicial mexicano se quitó los guantes y va a seguir avanzando sobre similares actores hacia futuro. Ahora, las acusaciones penales normalmente llevan a negociaciones procesales entre la Fiscalía y la parte acusada. Y siempre los fiscales norteamericanos negocian hacia arriba; o sea, le dan beneficios procesales al acusado siempre y cuando entregue a actores que están arriba del acusado, o sea, los presidentes. Así que todo indica que están todavía evaluando las acusaciones penales contra expresidentes, es decir, si llegan a tener el suficiente material probatorio de investigaciones que vienen llevando adelante. En el caso de Cienfuegos, los procesos de investigación comenzaron desde 2014-2015 y avanzaron a través de la DEA y de otras agencias de inteligencia norteamericanas. Es un caso que no solamente involucra a Cienfuegos sino a toda la red que rodeaba a Cienfuegos: a otros generales, oficiales y políticos. O sea que los fiscales norteamericanos no sólo investigan a la persona sino también a las redes que rodean a éstas organizaciones y acusan finalmente a las redes. Es decir que estamos marchando hacia un maxiproceso norteamericano contra la delincuencia organizada política de México.
Pero hay que entender una cosa muy importante: los norteamericanos nunca solamente acusan o se localizan en un individuo cuando impulsan causa por delincuencia organizada. Normalmente la evidencia que ellos tienen se basa en transacciones financieras, compraventa de propiedades reales o audios, como indica la carta que le envió el Fiscal de Brooklyn a la jueza encargada de decidir si la detención de Cienfuegos va a ser permanente o no. Entonces normalmente cuando comienzan éstas acusaciones penales terminan hackeando a los sistemas políticos de los países, en donde se los exhibe por lo que son: mafiocracias como en el caso mexicano. México ha estado regido por una mafiocracia; no es una democracia. Entonces ustedes tienen a la delincuencia organizada eligiendo a sus protectores políticos, y estos protectores políticos se transforman en padrinos, como bien indica el nombre de la denominada “Operación Padrino” en contra de Cienfuegos.
