Ciudad de México, 21 de oct (sinembargo.mx) – En diciembre la próximo la fiscal Fatou Bensuada decidirá el rumbo de la demanda que 23 mil mexicanos interpusieron ante la Corte Penal Internacional (CPI) en contra de Felipe Calderón Hinojosa, por crímenes de guerra y lesa humanidad cometidos durante su mandato.
De acuerdo con una investigación que este domingo publica la revista Proceso, el Presidente tiene una estrategia para intentar disolver la demanda interpuesta en la CPI. Según una fuente del semanario, Calderón Hinojosa designó en la embajada de México en los países bajos a dos de sus más fieles amigos para que lo protejan de los golpes jurídicos que están por llegar.
Por otra parte, la revista sostiene que existe una alianza entre Felipe Calderón y el presidente electo, Enrique Peña Nieto, para que esos funcionarios permanezcan en funciones una vez que termine el sexenio actual.
Proceso detalla que Calderón nombró a uno de sus maestros en la Escuela Libre de Derecho, Eduardo Ibarrola Nicolín, como embajador en el Reino de los Países Bajos con un objetivo: detener cualquier demanda contra Felipe Calderón por delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra, ya que, según organizaciones no gubernamentales, la mala conducción del combate al narcotráfico ha dejado un saldo de más de 70 mil muertos, por lo menos 10 mil desaparecidos y unos 160 mil desplazados por la violencia.
“Fue Calderón quien directamente le dio esa instrucción a Ibarrola. Lo envió a los Países Bajos a que evite que lo demanden por violaciones a los derechos humanos, esa es su única misión”, revela un alto funcionario federal al corresponsal de Proceso en Washington, Jesús Esquivel.
“Ibarrola se quedará en el puesto aún después de que llegue (Enrique) Peña Nieto a la presidencia; ese es uno de los arreglos que logró Calderón con el nuevo presidente”, añade el funcionario a condición de que su nombre no fuera revelado, por temor a represalias.
Netzaí Sandoval Ballesteros, el abogado de los 23 mil demandantes asegura que esta situación “es algo muy grave porque implica que la fiscalía de la CPI le dice al mundo que en México se están cometiendo crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad, pero se le da una última oportunidad al gobierno de demostrar que tiene tanto capacidad como voluntad de juzgar esos delitos”.
