Se sabe: México tiene en su haber una gran tradición liberal. Cuando afirmamos esto, estamos aludiendo a la idea de gobiernos limitados y con contrapesos, a la distinción entre sociedad y Estado, a la idea de que la ley debe imperar, de que todos somos iguales, de la existencia de la separación de los poderes, del laicismo como definición republicana, de la apoliticidad del Poder Judicial y, por encima de todo, de la existencia de todas y cada una de las libertades y derechos humanos que se han ido decantando a lo largo de siglos y que ocupan un alto lugar en las sociedades avanzadas. En México, lo que hemos alcanzado ha tenido un alto costo como para echarlo por la borda o, simplemente, no defenderlo con toda la fuerza que esto es posible.

Este liberalismo, así lo creo, está detrás de la defensa que hace un grupo amplísimo de distinguidas personalidades –hombres y mujeres– para pronunciarse en defensa de la libertad de expresión. En realidad, siento estupor de que esto suceda en la segunda década del siglo XXI mexicano. No se detiene ahí el pronunciamiento porque se señala que ese asedio está afectando la democracia, siempre un ideal en riesgo.

El destinatario de la implícita exigencia es el presidente de la república Andrés Manuel López Obrador, al que se le reconviene para que modifique su pertinaz manera de tratar a sus críticos y a sus oponentes. No es la primera llamada, pero sí la más importante que se ha producido hasta ahora, para que se haga un alto en el camino y definamos para dónde vamos con esto que se ha hecho llamar la “Cuarta Transformación”.

Desde 1988 muchos ciudadanos y ciudadanas nos propusimos dejar atrás el régimen autoritario y transitar hacia otro de corte democrático. Son varias décadas dentro de las cuales ha corrido mucha tinta defendiendo las libertades públicas, construyendo instituciones para garantizar la eficacia del voto; también ha habido vidas sacrificadas por esas divisas en muchas ocasiones malogradas. Justo es, entonces, que se honre una lucha que dejó atrás al viejo régimen de partido de Estado y, desde el poder, se prodiguen los valores de la democracia, en particular el de la tolerancia.

México, durante el autoritarismo, persiguió a los opositores con saña, recurrió al abuso extremo contra la libertad de expresión en tiempos como los de Díaz Ordaz y Luis Echeverría, pero jamas se recurrió a un lenguaje que, al estigmatizar, deja en la mano de cualquier fanático la posible agresión de quienes piensan diferente y, además, lo ajustan a sus derechos constitucionales.

Los firmantes del desplegado representan una gran diversidad, se puede estar en acuerdo o desacuerdo con ellos, pero hay algo en lo que no hay para dónde hacerse: su libertad a expresarse y las limitaciones al poder para no obstaculizar esa libertad, lo que puede suceder ahora de manera grave cuando se deja en manos de cualquiera arrogarse la facultad de increpar o lesionar a quienes piensan y se expresan de acuerdo a su sentir y a las pulsiones que los mueven en la vida pública del país.

Aun en los tiempos del autoritarismo, el país y su gobierno se mostraron generosos con los perseguidos por los dictadores de otras latitudes, por el asilo de disidentes, por la custodia de las libertades de ciudadanos del mundo, como para permanecer impasibles ante un discurso que no le conviene a nadie, empezando por los propios detentadores de un poder presidencial que todos los días se quiere ensanchar a costa de los otros poderes y de las propias prerrogativas y derechos de los ciudadanos.

Lo que no se haga ya, se va a lamentar mañana.

Jaime García Chávez

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Político y abogado chihuahuense. Por más de cuarenta años ha dirigido un despacho de abogados que defiende los derechos humanos y laborales. Impulsor del combate a la corrupción política. Fundador y actual presidente de Unión Ciudadana, A.C.

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