OHL México infló su inversión inicial en el Circuito Exterior Mexiquense y manipuló sus resultados financieros en la Bolsa Mexicana de Valores. Hoy, los mexiquenses pagan la corrupción de la constructora con creces mientras la compañía estará operando en el país por los próximos 45 años [cuando vencerá su última concesión] porque nadie la ha parado, acusó el abogado Paulo Díez Gargari.
La historia de la concesión del Circuito, que genera más de la mitad de los ingresos en efectivo de OHL, comenzó con acuerdos indebidos con el Gobierno del Estado de México para limitar a la competencia, según la denuncia del abogado.
El resultado final de la operación de OHL en el Estado de México desembocó en utilidades “inventadas” que incentivaron la compra de acciones en el mercado bursátil mexicano, y que, a ojos de los espectadores, reflejaron un crecimiento positivo de la constructora, cuando en realidad, se ahogaba entre números rojos. A la fecha, la empresa busca salirse del mercado financiero mexicano y escapar en completa impunidad, aseguró Díez Gargari.
Ciudad de México, 21 de agosto (SinEmbargo).- La operación de “corrupción” de OHL en el Estado de México comenzó cuando obtuvo la concesión del Circuito Exterior Mexiquense (CEM). Su primer paso fue limitar a la competencia y asegurar “su mina de oro” con un acuerdo tácito con el Gobierno del Estado de México. Luego cobró a destajo y manipuló sus cifras para inflar su valor en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV). Y al final, le vio la cara a los mexicanos y a sus accionistas, acusó Paulo Díez Gargari.
“Es una licitación amañada, de principio a fin. Desde antes de que empiece está amañada. Desde antes de que empiece, el gobierno y OHL ya se habían puesto de acuerdo para dárselo”, explicó el abogado que sostiene múltiples demandas en contra de la constructora de origen español.
Año y medio antes de que saliera la convocatoria para la licitación del Circuito Exterior Mexiquense, OHL y el Gobierno del Estado de México planearon el proyecto. Inclusive, según el testimonio público de Gabriel Nuñez, entonces director general económico y financiero de OHL Concesiones, la empresa financió el diagnóstico base para la concesión, que incluía proyecciones de aforo vehicular y de ingresos monetarios correspondientes.
En octubre de 2002, con base en las proyecciones de la consultora en ingeniería e infraestructura Cal y Mayor, fue presentada la convocatoria a seis concursantes que, al ver los números, determinaron que la recuperación del monto de la inversión no era viable con las tarifas calculadas, en el plazo de vigencia de la concesión (de 30 años, según las reglas estatales).
A estas alturas, refirió Díez Gargari, habían dos opciones para hacer más rentable el proyecto para los competidores. Uno, aumentar las tarifas de peaje. Y dos, que el Gobierno estatal pusiera dinero de su bolsillo para complementar la inversión privada. Sin embargo, el Gobierno del Edomex descartó estas opciones y decidió mantener la propuesta inicial (que el ganador de la licitación se ocupara de la inversión base o del capital de riesgo, y que lo recuperara con ingresos por peaje dentro del plazo determinado).
Los números hacían imposible recuperar la inversión y los concursantes no presentaron propuestas. La única excepción fue OHL, que en 2003, ganó la adjudicación del contrato del CEM.
En este punto, según el abogado de Infraiber, ya existían dos irregularidades. Primero, “cuando nadie presenta propuesta mas que uno, eso empieza a oler a que la licitación estaba amañada. Es decir, a que la licitación iba para OHL”, porque la única forma de explicar que una compañía apueste por un proyecto inviable, es que sepa algo que los demás no, dijo a SinEmbargo Paulo Díez Gargari.
Al respecto, el litigante acusó la existencia de un pacto por debajo de la mesa, en que el Gobierno mexiquense se comprometió con OHL a volver la inversión rentable con el reconocimiento de sobrecostos e inversión adicional, para ensanchar el adeudo y así justificar el aumento en tarifas de peaje y del plazo de la concesión (por treinta años más, hasta 2051).
Este tipo de “amañes”, dijo Díez, permiten actos de corrupción como los que el ex Secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, aprobó en 2009.
Ese año, OHL pudo incluir 850 millones de pesos adicionales como parte de su capital de riesgo, que hoy en día le generan réditos del 10 por ciento anual y que, en 2012, justificaron la extensión de plazos y tarifas de peaje para la concesión, al amparo de un “dictamen de sobreinversión” que fue avalado por el Sistema de Autopistas, Aeropuertos, Servicios Conexos y Auxiliares del Estado de México (SAASCAEM).
El problema de fondo es que este monto no fue invertido en el CEM, sino en obras del Monumento Bicentenario (500 millones) y del Viaducto Bicentenario (350 millones). Y esto no sólo no se justifica, sino que además, “es absolutamente ilegal”, dijo el abogado.
Asimismo, en el contrato firmado en 2003, las cifras calculadas de aforo vehicular e ingresos estipuladas en el contrato de concesión fueron superiores a las determinadas –en un inicio– por Cal y Mayor. Con las cifras “infladas”, hubo la intención de garantizar que las proyecciones de aforos e ingresos no fueran alcanzadas en realidad, lo que implicaba un beneficio ”indebido” para OHL, que tendría derecho a exigir renegociaciones de contrato por no poder recuperar su inversión bajo las condiciones de origen.
En el “Anexo 5″ del contrato de licitación, por ejemplo, la proyección de Tráfico Promedio Diario Anual (TPDA) para los años 2006, 2010 y 2015 fue, en promedio, 75 por ciento mayor a la determinada por Cal y Mayor. Lo mismo sucedió con los ingresos por peaje en esos años.
Si comparamos estos datos con los ingresos por peaje reportados por OHL México en sus reportes financieros, obtenemos que el monto recaudado en realidad, es superior al estimado en el contrato. Esta circunstancia tendría que haber imposibilitado que el Gobierno del Estado de México justificara la ampliación en el plazo de la concesión del CEM (ocurrida en 2012) y el reciente aumento de tarifas de peaje (de entre 5 y 10 por ciento), “porque lo único que justificaba el que se ampliara el plazo y las tarifas, es que el ingreso real fuera inferior a las proyecciones”, explicó Díez Gargari.
“Ésta es como la corrupción tradicional. Lo mismo que hace Odebrecht y otros. El problema mucho mayor de OHL, es cuando todo esto lo pasa por el mercado de valores y se empieza a enriquecer enormemente”.
EL FRAUDE BURSÁTIL DE OHL
Antes de 2016, año en que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) sancionó a OHL y a dos de sus subsidiarias –Organización de Proyectos de Infraestructura (OPI) y Concesionaria Mexiquense (CONMEX)– por irregularidades en sus informes financieros ante la BMV, OHL registraba un apartado denominado “inversión en concesión, neto” (que se refiere al monto total, que según ellos, tienen pendiente de recuperar con cargo al proyecto del CEM).
“Este monto de activo en concesión es fundamental porque esto es lo que le sirve a estos señores para salir al mercado a emitir certificados bursátiles”, dijo Díez Gargari. El problema es que la construcción del CEM concluyó en 2011, por lo que, posterior a esa fecha, no pudo haber más inversión. Sin embargo, entre ese año y 2013, el monto de inversión en concesión aumentó en 13 mil millones de pesos, con todo y que en el periodo sus ingresos por peaje sumaron 5.2 mil millones de pesos (lo que supondría que, además, el monto de la inversión pendiente con cargo al proyecto debía de ir en decremento).
Inclusive, “a pesar de que desde el 2011 ya no hubo construcción, hay un certificado o un reconocimiento de inversión del SAASCAEM, en el que le reconoce a OHL inversión real, histórica, en el segundo semestre de 2013 por 3 mil 400 millones de pesos”, dijo Díez.
El engaño radica en además de sus ingresos por cuotas de peaje (que entre 2014 y 2015 ascendieron a 5 mil 301 millones 901 mil 756 pesos), en su “ingreso total”, OHL incluía “otros ingresos de operación–rentabilidad garantizada”. Este “falso ingreso” –que entre 2014 y 2015 fue de 11 mil 435 millones 166 mil 627 pesos– era utilizado para inflar los montos de utilidad neta y el valor monetario de la empresa CONMEX.
La estafa bursátil consistió en lo siguiente. De acuerdo con las normas de información financiera, una empresa puede registrar su activo en una concesión de dos maneras: bajo el modelo del activo intangible (basado en el monto de capital de inversión de base) o bajo el modelo del activo financiero (que implica un ingreso mínimo garantizado que, de no cumplirse, la diferencia debe ser cubierta por la parte obligada, que en este caso, es el Gobierno mexiquense).
OHL nunca tuvo un ingreso mínimo garantizado por parte del Edomex, pero sí lo registraba en sus informes financieros. Por ley, por tratarse de una obligación incondicional, un mínimo garantizado puede ser registrado como ingreso aunque no haya sido cobrado, ya que sin importar la situación, es un monto que el deudor deberá cubrir en un determinado plazo.
El falso ingreso de OHL en el CEM se convirtió, por tanto, en falsa deuda del Gobierno del Estado de México. Y como tal, OHL lo empezó a registrar en los montos totales de “inversión en concesión”, que fue aumentando de manera paulatina (de 2014 a 2017, pasó de 46 mil a 75 mil millones de pesos). Con una mayor inversión, OHL comenzó a inventar sus utilidades.
En 2015, por ejemplo, los datos de OHL arrojaron que la empresa tenía un activo de 59 mil 618 millones 132 mil 866 pesos; ingresos anuales por 8 mil 336 millones 776 mil 279 pesos; además de una utilidad neta de 3 mil 973 millones 599 mil 345 pesos. Esto números la hicieron muy atractiva para los inversionistas. Pero todo fue parte de un engaño, pues según Díez Gargari, si a la utilidad neta le restamos los montos de “otros ingresos”, en lugar de un resultado positivo, la empresa sale en números rojos (por más de 5 mil millones).
En la opinión del abogado, OHL hizo las cosas “al más puro estilo Enron” (una empresa estadounidense que, hasta 2001, maquilló sus pérdidas en Wall Street con apartados de ganancia garantizada). Y con la finalidad de decir que tenía utilidades por 3 mil millones, integró “otros ingresos” que le “permitieron inflar la empresa y bursatilizar y rebursatilizarla” (inflar sus acciones con ingresos teóricos). “Esto llegó a tal grado que sólo el CEM llegó a representar el 40 por ciento del valor de todos los activos de OHL en el mundo”, explicó Díez.
Al respecto, mencionó que “no hay forma en que el Gobierno mexicano no sancione a OHL porque si tú registras esto, diciendo que tienes un derecho incondicional de cobro de dinero por estas cantidades, año con año frente al Gobierno del Estado de México […], éste tiene una obligación incondicional de pagar dinero. Eso es deuda pública cuando el deudor es un estado. Y eso, la deuda pública de un estado, tiene que estar previamente aprobada por la Legislatura estatal, y tiene que estar inscrita en el registro de deuda del estado, cosa que no ocurrió aquí”.
Por eso, dijo Díez Gargari, si las cifras de rentabilidad garantizada de OHL fueran correctas (más de 40 mil millones de pesos) quebrarían al Estado de México, cuya deuda a 2017 ascendía a 38 mil 277 millones de pesos, según la Secretaría de Finanzas mexiquense. “Pero si consideras toda la inversión en concesión neto del CEM y del Viaducto Bicentenario, entonces en lugar de que sean 40 mil millones de pesos la deuda del Estado de México, son 120 mil millones de pesos. Si tú registras eso, pues quebraste al Estado de México”, refirió el abogado.
A pesar de que la CNBV sancionó a OHL por realizar el registro de la rentabilidad garantizada de manera inadecuada, además de inconsistencias relacionada con los niveles de tráfico de sus concesiones, a la fecha, la compañía no ha pagado parte de la multa de 71.1 millones de pesos. Y las autoridades, por su lado, debieron haber emitido una opinión de delito y no lo hicieron.
Según Díez, cuando estalla esta sanción, el empresario Juan Miguel Villar Mir, fundador del grupo al que pertenecía OHL, vino a México para hablar con el Presidente Enrique Peña Nieto para negociar que, en lugar de modificar los estados financieros, les permitieran dejarlos con los datos falsos, pero incluir una nota aclaratoria (lo que está prohibido por las normas internacionales de contabilidad).
El capital contable de OHL en 2015, de acuerdo con los reportes de la empresa, fue de 27 mil 157 millones 476 mil 623 pesos; pero la realidad es que sin maquillaje, según la CNBV, asciende a 2 mil millones. El activo de 59 mil, por otro lado, es en realidad de 22 mil. Y los resultados de utilidad acumulada a lo largo de los años, en lugar de ser de 20 mil 800 millones de pesos, es de menos 3 mil millones.
“Imagínate el daño que le hicieron al mercado […]. Lo grave es que los que difundieron esto deberían de estar en la cárcel” (pero no ha sido así), dijo Díez Gargari. No obstante, el Gobierno les dio chance y luego la CNBV permitió que sin modificar el texto original, hicieran su oferta pública de adquisición del año pasado, cuando IFM salió a comparar las acciones de los accionistas minoritarios.
Pero para poder deslistar a la empresa de la bolsa, OHL tenía que tener el 95 por ciento de las acciones (o el acuerdo del 95 por ciento de los accionistas). En un principio, el maquillaje de cuentas les permitió vender las acciones caras. Y cuando comenzaron a querer recuperarlas para vender la empresa, trataron de comprarlas baratas.
OHL “se está burlando del mercado por dos cosas. Porque los estatutos de OHL decían que cuando alguien quiere comprar más del 30 por ciento -como fue en este caso– tenía que pagar valor contable por acción, que en ese momento era de 41.30 pesos y ofrecieron 27. La CNBV tiene aquí una responsabilidad enorme”.
La idea era sacar a OHL México de la bolsa y después vender las acciones, a través de OHL España, con un precio más alto. Al no poder salirse, en octubre de 2017 anuncian que también IFM le va a comprar a OHL España en más de 40 pesos, cuando en México valen 27. “Eso es un delito”, concluyó Paulo Díez Gargari.
Hasta 2015, el capital social de OHL México (o el dinero en efectivo con el que contaba) ascendía a 5 mil 579 millones 310 mil pesos, según sus informes financieros. Esto quiere decir que el monto máximo de recursos que OHL pudo haber invertido en el CEM (o capital de riesgo) no pudo ser superior a los 5.5 mil millones de pesos.
Sin embargo, OHL asegura que su capital de riesgo en el CEM fue de 24 mil 836 millones de pesos. Aunque la constructora hubiera adquirido el resto del dinero a través de créditos financieros, este capital crediticio no debería ser considerado como capital de riesgo ni generar intereses del 10 por ciento real anual, porque no forman parte de los recursos propios.
Hoy, los mexiquenses pagan la corrupción de OHL con creces. Los inversionistas y la BMV fueron defraudados. Y la compañía estará operando en nuestro país por los próximos 45 años (cuando vencerá su última concesión) porque nadie la ha parado.
