A lo largo de varias décadas pensamos a la democracia como una solución. Era la receta para desmontar una pirámide autoritaria construida durante la post revolución, dar vida al equilibrio entre los poderes constitucionales, hacer realidad el federalismo diseñado en la Constitución, permitiría además el ejercicio de las libertades, la convivencia y competencia de la pluralidad política, la alternancia en los diferentes niveles de gobierno, los pesos y contrapesos en el entramado estatal.
Las expectativas incluso fueron más allá, como si la democracia fuera una varita mágica y no un régimen de gobierno. Con democracia desaparecería la corrupción, la ilegalidad en el ejercicio del poder, los abusos, las violaciones a los derechos humanos. La invasión de la pluralidad política al mundo de la representación solamente tendría efectos virtuosos: al convertirse unos en los vigilantes de los otros, los actos arbitrarios, ilegales, despóticos, deberían seguir una tendencia a la baja.
Incluso, en el extremo, no faltaron los que pensaron que la democracia lo podía todo. A partir de ella se desataría el crecimiento económico, se atenderían las oceánicas desigualdades que modelan al país, el Estado de derecho sería la casa que daría abrigo a todos (y no solo a unos cuantos), y súmenle ustedes. La democracia era una especie de edén terrenal en el que se ejercerían las libertades, el conjunto de la sociedad participaría en la toma de decisiones y paulatinamente el país sería una comunidad de iguales, no solo en el ejercicio de los derechos políticos sino también en los económicos y sociales.
Esa sobreventa de expectativas tuvo (quizá) dos fuentes fundamentales: las derivadas de la contienda política (las fuerzas opositoras al PRI sintieron la necesidad de subrayar las bondades del proyecto democratizador de cara al autoritarismo imperante) y las de cierta academia y cierto periodismo proclives a reducir los graves y profundos problemas del país a una variable fundamental (en este caso, la falta de libertades, el verticalismo estatal, el monopartidismo fáctico).
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José Woldenberg
Licenciado en sociología, maestro en estudios latinoamericanos y doctor en ciencias políticas por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México, es profesor de ciencia política en esa misma institución, donde llegó a ser fundador y líder del sindicato de los trabajadores, el STUNAM. Por su lucha sindical fue hecho preso por unos días en el reclusorio norte, lugar donde se vinculó a la izquierda mexicana. Participó en diversos partidos políticos. Ha sido militante y dirigente de los partidos Socialista Unificado de México (1981-1987), Partido Mexicano Socialista (1987-1989) y Partido de la Revolución Democrática (1989-1991), al cual renunció en 1991, por incompatibilidad ideológica. Fue presidente del Instituto de Estudios de la Transición Democrática; fue uno de los primeros Consejeros Ciudadanos del IFE, del cual fue también Consejero Presidente durante la primera renovación democrática del Congreso de la Unión en 1997, y por la elección de transición en 2000. En su juventud, estudió en el Centro Universitario de Estudios Cinematográficos, pero tres años más tarde desistió de sus intereses en esa área. Fue director de la revista Nexos entre 2009 y 2011. Es columnista del diario Reforma, miembro del Consejo Consultivo de la UNICEF en México y Consejero de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF). Estuvo casado con la bióloga Julia Carabias Lillo, quien fue Secretaria de Recursos Naturales y Pesca durante el gobierno de Ernesto Zedillo.
