A escasos meses de entregar la Procuraduría General de la República, Marisela Morales Ibarra confirmó con su voz lo que muchos mexicanos sabemos desde tiempos en que ella no era la titular de esa fiscalía, e incluso desde antes que el gobierno federal estuviera en manos de personas emanadas del Partido Acción Nacional: que la PGR carece de credibilidad, que muy poca gente confía en ella, que la mayoría de los elementos que la integran no reúnen el perfil para estar ahí, y que, vaya… la institución está corrompida.

Realmente no se requiere ser parte de la estructura de la fiscalía nacional para darse cuenta de lo putrefacta que está y de la ausencia de compromiso que ha habido para profesionalizarla. El meollo de la salida de los militares a las calles para perseguir a los narcotraficantes y criminales organizados está precisamente fundamentado en la corrupción en las corporaciones policíacas de México, incluida por supuesto la que se esconde en la PGR. La idea del presidente Calderón fue concentrar el trabajo de persecución en la milicia, y al mismo tiempo dedicarse a la limpieza de las instituciones civiles de prevención, persecución e investigación de mafias y criminales. Pero la medida se quedó a medias.

A poco más de cinco años de la salida de los militares de los cuarteles y del encuartelamiento de los policías, pocas cosas han cambiado, no muchas de manera positiva. Ahí están por ejemplo los exámenes de control, evaluación y confianza que se oficializaron para ser practicados a los miles de policías mexicanos con la esperanza de localizar a los deshonestos y deshacerse de ellos. Pero ocurrió que el gobierno federal no tuvo ni los recursos económicos ni humanos suficientes para poder aplicar la prueba a todos y cada uno de los agentes. Peor aún, el marco jurídico no fue debidamente reformado para una vez detectados los corruptos, poder deshacerse de ellos para eliminar la línea directa al crimen y ahorrar dinero de nómina para aplicarlo en otros programas.

Hoy tenemos pues una policía medio evaluada, medio corrupta y poco profesionalizada. Son legendarias y enraizadas las prácticas de la Policía Federal, por ejemplo, en los aeropuertos del país. Permiten el paso de la droga, roban droga, cobran por la droga. Decenas de casos han sido medio documentados, en Tijuana no hace mucho tiempo elementos del Ejército detuvieron a un hombre que traía heroína en una herramienta tubular. No lo detuvieron en el aeropuerto, lo siguieron con la intención de dar con el dueño de la sustancia ilícita, pero ante la posibilidad de un escape fue aprehendido. Entonces develó la forma en que la droga logró cruzar medio país. En Guadalajara, el traficante se la arrimó a un policía federal en el aeropuerto, éste logró cruzarla fuera de los sistemas de seguridad y en un baño de la sala de espera se la entregó al cargador, quien a su llegada al aeropuerto internacional de Tijuana hizo lo mismo: se la dio a un federal, este la sacó de los puntos de revisión y se la entregó nuevamente en la sala de espera.

Los militares dieron oportuno aviso a la autoridad federal de este caso, de los nombres de los agentes federales corruptos. Los dos, y muchos más como ellos, siguen laborando para el gobierno mexicano. No fueron detenidos por falta de elementos para procesarlos.

La falta de profesionalización del ministerio público mexicano, encuadrado en las procuradurías de justicia, nos lleva a los mexicanos a enfrentar la impunidad. En los años que la PGR fue operada por gobiernos priístas y hoy por el segundo de extracción panista, no se ha avanzado en la profesionalización de los investigadores. La realidad es que tanto en la PGR como en las procuradurías de los estados no se investiga. Y en este escenario muchos criminales que fueron detenidos por un golpe de suerte, un pitazo o con las manos en la droga, hoy están en libertad. Otros, un alarmante número se han convertido en testigos protegidos.

A propósito hace unos días el periódico Reforma dio a conocer –basados en un expediente de la SIEDO PGR/SIEDO/UEITA/071/2012– que Carlos Alberto Oliva Castillo “La Rana”, señalado por el gobierno federal como el principal sospechoso de haber ordenado el incendio del casino Royale en Monterrey, Nuevo León, que hace un año acabó con la vida de 52 personas de una manera tan horrible, fue incluido en la lista de testigos protegidos de la Procuraduría, lo cual le ofrece beneficios no solo de disminución de pena, sino respeto de propiedades e incluso hay elementos que fueron miembros del cártel de los Arellano Félix que reciben hasta compensación económica.

Esta acción de la PGR contradice los discursos de lucha contra el crimen organizado, contradice la retórica gubernamental de llegar hasta las últimas consecuencias, de no ceder ante los criminales, de hecho contradice la polémica ley de víctimas; que la PGR beneficie a los criminales atenta contra las víctimas y perjudica gravemente la justicia, e incrementa la percepción de que en México no hay certeza jurídica.

Ahora tenemos que en nuestro país los criminales que son detenidos tienen uno de cuatro destinos, ninguno que ofrezca plena justicia: recuperan su libertad por falta de elementos para procesar, son integrados al programa de testigos protegidos, son extraditados, son sentenciados a penas mínimas en relación al costo social de sus actos criminales.

Al mismo tiempo que Oliva Castillo era firmado como testigo protegido su pareja sentimental Irasema López Garza era trasladada a la penitenciaría de Tijuana, Baja California. Ella fue detenida junto con Oliva y otra persona, pero por estrategias –ahora se sabe benéficas para los detenidos– de la SIEDO, la mujer fue enviada a esta frontera a finales del año pasado. Debido al traslado y a que estando ella en una prisión tijuanense el procedimiento lo debe llevar por exhorto, no fue declarada en el tiempo correspondiente y legal, dijeron sus abogados entre otros argumentos para solicitar un amparo a la mujer.

Un día antes de salir de vacaciones la jueza federal Blanca Evelia Parra Meza del Juzgado Noveno, concedió el amparo a Irasema López para recuperar su libertad. Si no lo recuerda usted, la Jueza Parra es la misma que en junio de 2011 dejó en libertad a Jorge Hank Rhon por falta de elementos para procesarlo por el delito de acopio de armas, armas que elementos del Ejército mexicano habían localizado en la casa del derrotado candidato del PRI al gobierno de Baja California.

Si sumamos el hecho de que Oliva es testigo protegido y que resolvieron un amparo a favor de su mujer, el resultado es la impunidad oficial. La SIEDO de la PGR está cediendo ante los señalados como narcotraficantes, sean de los Zetas, del cártel Arellano Félix, de la organización criminal que sea, a partir de no investigar para perder amparos, a partir de no investigar por principio o por estrategia y a partir de utilizar la figura del testigo protegido para beneficiar a quienes más daño han hecho a la sociedad.

En este esquema los criminales pasan de gozar de una impunidad producto de la corrupción de las corporaciones policíacas, a disfrutar de una impunidad oficial. Ahora sí que nada más falta que nos hagan pedirles disculpas por todo lo que de ellos se ha escrito, por reproducir el daño que le han hecho a la sociedad con sus balas, con su droga y con su brazo corruptor.

La PGR, la SIEDO, con la ineficiencia de su ministerio público, y sus arreglos con los presuntos narcotraficantes no está logrando justicia, está atentando contra la sociedad, contra las víctimas, y está dignificando con su incapacidad a los criminales.

Adela Navarro Bello

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