Sobran los ejemplos para ilustrar la falta de resultados de las fiscalías especializadas en delitos electorales, tanto la federal, como las que operan en las 32 entidades del país. A continuación se exponen algunos casos ilustrativos.
Ciudad de México, 21 de junio (SinEmbargo).– Los delitos electorales se han convertido en parte de la “normalidad democrática” mexicana. Aunque algunos son investigados, nunca son sancionados con cárcel, pese a que la Ley contempla penas de prisión que van de los 6 meses hasta los 15 años, y multas de 100 a 5 mil días de salario mínimo; que equivalen a unos 20,744 pesos, en el caso de la más baja, y a 1 millón 37 mil 200 pesos, en la máxima.
En el programa Puntos y Comas, que es transmitido en el canal de YouTube de SinEmbargo Al Aire, se describió cómo pese a que la Ley General en Materia de Delitos Electorales establece que en todos los casos el Ministerio Público procederá de oficio con las investigaciones de los delitos previstos en la Ley, esto no ocurre.
La evidencia de los casos más mediáticos muestra esto y sobran los ejemplos para ilustrar la falta de resultados de las fiscalías especializadas en delitos electorales, tanto la federal, como las que operan en las 32 entidades del país.
Una muestra de esta normalización se ha dado en el Estado de México, una entidad cuyos últimos procesos electorales han estado marcados por señalamientos de conductas irregulares.
“En el 2017, hay todas las evidencias de que el Partido Revolucionario Institucional —que en el Estado de México lo encabezaba Alejandra del Moral Vela— coordinó un espantoso fraude electoral”, para hacer ganar a Alfredo Del Mazo Maza, declaró el pasado 20 de marzo del 2023 a SinEmbargo el periodista Francisco Cruz, autor del libro “Negocios de familia. Biografía no autorizada de Enrique Peña Nieto y el Grupo Atlacomulco”.
Esa misma Alejandra del Moral fue la que el lunes 17 de abril del 2023, como candidata al Gobierno del Estado de México, convocó a sus compañeros de partido a cometer irregularidades: “Hagan lo que saben hacer, para bien o para mal, queremos constancia de mayoría, no de buena conducta, salgan y ganen la elección que tienen mucha candidata y tendrán mucha Gobernadora”.
Ya en la jornada del pasado 4 de junio, ante la ventaja que obtuvo la morenista Delfina Gómez, la priista Del Moral reconocería su derrota.
No obstante, hay cifras oficiales que muestran esta misma deficiencia a la hora de investigar delitos en materia electoral.
En una solicitud de información, la Fiscalía del Estado de México indicó que durante el 2016 se abrieron 178 carpetas de investigación por delitos en materia electoral, mientras que la cifra para el 2017, año de la elección donde el priista Alfredo del Mazo Maza triunfó, fue de 957 carpetas.
En 2018, durante las elecciones de Presidente de la República, senadores y diputados, se registraron mil 101 carpetas de investigación por delitos electorales en el Estado de México.
Sin embargo, más del 82 por ciento de las carpetas de investigación de delitos electorales en el Estado de México, correspondientes a 2017 y 2018, estaban en archivo temporal, una figura que suspende por tiempo indefinido una investigación por falta de nueva evidencia, según se documentó en enero del 2022, fecha en la que se realizó la solicitud de información.
Hay casos también a nivel federal.
La Fiscalía Especializada en Delitos Electorales abrió varias carpetas de investigación por denuncias presentadas contra Bárbara de Regil, Celia Lora, Raúl Araiza, Raquel Bigorra, Mariana Echeverría, Manelyk González, Brandon Peniche o Regina Murguía, entre otras 30 personalidades con fuerte presencia en redes sociales, por violar la veda electoral y promover el voto por el Partido Verde Ecologista de México antes de las elecciones, como publicó el periódico El País el 10 de junio del 2021.
No fue la primera vez que el Partido Verde Ecologista de México —actual aliado del oficialismo— recurría a este tipo de tretas para saltarse las restricciones días antes de las elecciones. En 2015 deportistas y famosos difundieron de igual manera videos y tuits que promovían el voto por el Verde. Facundo, un conductor de programas de televisión, comentó a El País que en 2018 le ofrecieron dos millones de pesos (equivalentes a 100,000 dólares) a cambio de escribir dos tuits alentando el voto por los candidatos a diputados de la agrupación presuntamente ecologista.
Después de un largo proceso, el 22 de junio del 2022, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirmó las multas, hasta por 133 mil pesos, a los influencers que violaron la ley electoral en los tres días previos a los comicios del 6 de junio del 2021.
El Tribunal Electoral también confirmó una multa al Partido Verde por 118 millones de pesos, por violar la veda electoral. Sin embargo, ninguna de las carpetas de investigación sobre los influencers fue consignada a algún juez, ni tampoco se sancionó penalmente a quienes cometieron delitos electorales.
En el pasado proceso de 2023, también se denunciaron irregularidades. Por ejemplo, el mismo diario español, reportó que en la elección del domingo 4 de junio en el Estado de México y Coahuila hubo casillas con más votos que personas registradas para votar y otras donde casi todos los sufragios fueron para los candidatos a la gubernatura de Va por México, la alianza formada por el PRI, PAN y PRD, según las bases de datos del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) de esos dos Estados.
La candidata de Va por México, Ajendra del Moral, exdirigente del PRI estatal y exsecretaria de Desarrollo Social del Gobierno de Alfredo Del Mazo, perdió en el Estado de México por más de 8 puntos con respecto a la morenista Delfina Gómez. Pero en el municipio de Huixquilucan, que colinda con el poniente de Ciudad de México, hubo decenas de casillas con entre 90 y 99 por ciento de votos a favor de la candidatura de Del Moral. En la muestra examinada por el periódico El País hubo 78 urnas con ese volumen de votación atípica que dieron 30 mil 428 sufragios a la priista, contra 1,233 para Morena. Esto significa que menos de un voto por cada diez fue para el segundo lugar.
En el municipio de Cuautitlán Izcalli —que gobernó Del Moral— en la casilla Básica de la sección 6 mil 195 se dio el caso de que hubo más sufragios que personas registradas en el padrón para votar. Se contaron mil 858 votos, cuando solo podían acudir a sufragar 667 personas. Del total, mil 680 votos (el 90 por ciento) fue para la candidatura de Del Moral; los restantes fueron para Gómez.
Otra casilla con excedentes, refiere El País, fue la Contigua de la sección 5 mil 484 del municipio de Tultitlán. Allí se contaron mil 641 votos, cuando el límite de ciudadanos habilitados para sufragar era de 729. La candidatura de Del Moral recibió mil 456 votos, el 89 por ciento del total.
En Coahuila, Manolo Jiménez, el candidato del bloque encabezado por el PRI también se benefició de casillas con votos excedentes. Por ejemplo, en la Básica de la sección 226 del municipio General Cepeda se contaron 670 sufragios, cuando únicamente podían acudir a esa urna 306 electores. Jiménez se quedó con el 91 por ciento de los votos.
Un caso más es el de la urna Contigua de la sección mil 11 de Saltillo, la capital del estado, de la que se extrajeron 936 sufragios cuando el padrón electoral sólo registraba 563 personas. El PRI logró 84 por ciento de la votación. El patrón de casillas con votos de sobra y en las que ganó Jiménez se repitió en por lo menos otros diez casos tomados como muestra.
Otro estado donde han ocurrido estas malas prácticas es Jalisco, ahí durante 2014 y 2015 el Magistrado Jorge Leonel Sandoval Figueroa, padre del entonces Gobernador priista Jorge Aristóteles Sandoval Díaz, fue denunciado por hacer intenso activismo político en favor del PRI, por promover sus propios candidatos y por convocar a los priistas a cometer conductas irregulares y presumibles delitos, según una grabación difundida y publicada el 13 de abril del 2015 por el Grupo Reforma.
Además el periódico Mural reseñó el 15 de febrero de 2017 que ninguna de las 98 denuncias que recibió la Fiscalía Especial en Materia de Delitos Electorales de Jalisco, derivadas del proceso electoral 2014-2015 en la entidad, fue consignada ante algún juez, según reconoció el Fiscal electotal del estado, Ricardo Suro Gutiérrez. Por supuesto, tampoco avanzó alguna denuncia o queja contra el padre incómodo del entonces Gobernador de Jalisco Jorge Aristóteles Sandoval Díaz.
Durante la jornada electoral del domingo 1 de julio del 2018, fueron formuladas un total de 21 denuncias por la presunta comisión de delitos electorales en Jalisco. Ninguna sirvió para llevar a algún delincuente electoral a la cárcel.
El lunes 28 de enero del 2019, con la bendición del Gobernador emecista Enrique Alfaro Ramírez, Ricardo Suro Gutiérrez fue reelecto por el Congreso de Jalisco como Fiscal Especializado en Materia de Delitos Electorales, para un periodo de más de cuatro años.
El 27 de enero del 2023, después de ocho años y dos periodos al frente de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales de Jalisco, Ricardo Suro Gutiérrez presentó su informe correspondiete al periodo 2015-2023 y dijo que la dependencia a su cargo recibió 572 denuncias por delitos electorales, pero en ningún caso los presuntos delincuentes terminaro tras las rejas.
