Lo que debemos entender es que los partidos políticos ya ganaron. Los resultados del 7 de junio simplemente consistirán en contar las ganancias monetarias y los alfiles políticos en nuestros órganos legislativos y ejecutivos. En la sociedad seremos testigos de las exequias de nuestro sistema de partidos. Pero en realidad, en lo que respecta a las reglas de la democracia, trasciende poco el sufragio o lo que cada uno de nosotros decida hacer.

Nuestro sistema electoral ha logrado quitarle el ADN del castigo a nuestro voto. ¿Cómo?, ¿quién lo sabe? Ahora votamos para ver quién administra mejor la crisis e imprime un nuevo maquillaje a la forma de hacer gobierno. Pareciera que limitan nuestras opciones para escoger “al menos peor”, pero no al ideal. El voto que se nos invita hacer es para sostener un sistema electoral al que le importan más los dividendos económicos y el poder político que emane de la contienda, que el bienestar de su mismo electorado.

Nos han atracado nuestro derecho a castigar.

¿Por qué Ayotzinapa, Tlatlaya, San Fernando, Cadereyta, Apatzingán, la Casa Blanca —entre otros muchos casos de violaciones graves a los derechos humanos y a la legalidad— están ausentes de las campañas electorales? Mientras la crisis nacional se profundiza, los partidos y candidatos hacen campaña como si vendieran productos milagrosos. Nos recetan discursos inconexos, promesas mentirosas, desinterés evidente, mientras se fusilan jocosas y populares melodías. La competencia electoral, más allá de ideas sobre cómo gobernar (lo cual sería ideal), descansa en la autodestrucción y en la destrucción  mutua de los partidos y candidatos a través de un espiral de acusaciones sobre corruptelas y actos deficientes de gobierno. No pretendo decir que las acusaciones estén mal, pues me parece que es parte de la contienda, lo que llama la atención es que sustituyan a las ideas y al debate. Hay tanto hay tanta tela de donde cortar, que el insumo a las campañas es de fácil acceso.

Por ello, es posible explicarse porqué, a pesar de los moches panistas, la casa blanca de Peña, los Abarca del PRD, los partidos saben que ya ganaron. Las llamaradas provocadas por los insignificantes escándalos mediáticos (y tampoco busco minimizar su contenido) son de combustión inmediata, sin consecuencia alguna o castigo legal. No es fortuito que en el insignificante debate electoral estén ausentes los grandes temas que aquejan al país, porque el mensaje que nos mandan los partidos es, palabras más palabras menos: esos temas que les preocupan y que tienen al país en una grave crisis de legitimidad, justicia, credibilidad e impunidad, no pensamos resolverlos.

La política como negocio es el aliciente que mueve a nuestros candidatos. No ven puestos de elección popular, sino negocios populares y lucrativos. Por eso los negocios inmobiliarios, el tráfico de influencias y los conflictos de interés están tan de moda en nuestra clase política. El pacto por la transa entre los comparsas de los partidos da como resultado suculentos dividendos.

¿Cuántos candidatos habrán de ser asesinados para determinar que no hay condiciones, en algunos lugares, para festejar la democracia? Al parecer este es un dato que el secretario de Gobernación, Osorio Chong no nos ha comunicado. Mientras tanto, el funcionario afirmó que “la estrategia de seguridad para los candidatos y ciudadanos durante el desarrollo del proceso electoral es la correcta”. Por más inverosímil que sea leer algo así, el mismo sistema de partidos la avala. Nadie ha argumentado de manera seria que hacer campaña con escoltas es un contrasentido de la mismísima democracia (tan vapuleada en nuestro país) pero, sin la menor vergüenza, el secretario presume que 20 candidatos tienen escolta federal. ¿Por qué tienen escolta? La respuesta no es que en México hay seguridad y se puede ejercer la política y el periodismo sin que ello constituya poner la vida y la integridad en riesgo. No. Todo lo contrario: es la aceptación de la incapacidad para garantizar un contexto de seguridad. Y brindar este contexto no es “un reto”, es una obligación que, al no cumplirse, intenta subsanarse con guardias y armas.

Un reciente estudio del Instituto Internacional de Estudios Estratégicos (IISS por sus siglas en inglés) de Londres arroja datos que no sólo ponen en duda la veracidad de nuestro sistema democrático, sino que pinta con claridad nítida el contexto en el que se celebrarán las elecciones el mes próximo. Según el citado estudio, los países con más muertes por conflictos durante 2014 son Siria, Iraq y México. En este mismo sentido, la violencia durante la presente contienda electoral es evidente. En lo que respecta a la violencia contra la prensa ARTICLE 19 documentó 34 agresiones contra la prensa en México en los primeros 15 días del mes de mayo. De las agresiones registradas, 20 se dirigieron contra hombres, siete contra mujeres, seis contra medios de comunicación y una contra un colectivo de la sociedad civil. El aumento abrupto en la frecuencia de agresiones a comunicadores durante la primera quincena de mayo es una clara muestra de la falta de condiciones para ejercer el derecho a la libertad de expresión en el actual contexto electoral.

Desde el inicio del gobierno de Enrique Peña Nieto, la frecuencia de las agresiones a comunicadores es de una cada 26.7 horas. No obstante, en mayo ARTICLE 19 documentó una agresión contra la prensa cada 10.6 horas, menos de la mitad del promedio de tiempo registrado en lo que va de este sexenio. El país es aún más peligroso para la prensa, así lo dicen los números.

Los actores políticos, los actuales y los que vendrán, tendrán la función de administrar la crisis, no de erradicarla. Es la conclusión a la que llego cuando veo quiénes llegarán a los nuevos puestos. Pero tampoco me sorprendo. De lo que sí me parece importante razonar es sobre el sistema de partidos de autocosumo: de ellos para ellos mismos. Y en la sociedad no tenemos las herramientas para cambiarlo. Por esto, hoy día el panorama es sombrío, y tenemos que aguantar elecciones en un contexto de violencia “tolerada” y emitir nuestro voto en una competencia que ya tiene ganadores antes del final.

Darío Ramírez

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Estudió Relaciones Internacionales en la Universidad Iberoamericana y Maestría en Derecho Internacional Público Internacional por la Universidad de Ámsterdam; es autor de numerosos artículos en materia de libertad de expresión, acceso a la información, medios de comunicación y derechos humanos. Ha publicado en El Universal, Emeequis y Gatopardo, entre otros lugares. Es profesor de periodismo. Trabajó en la Oficina del Alto Comisionado para Refugiados de las Naciones Unidas (ACNUR), en El Salvador, Honduras, Cuba, Belice, República Democrática del Congo y Angola dónde realizó trabajo humanitario, y fue el director de la organización Artículo 19.

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