Las toneladas de droga que recorren los caminos a lo largo y ancho de México se mueven con permisos, acuerdos y pactos entre funcionarios, políticos, empresarios, policías, tránsitos, marinos y por supuesto militares, y narcotraficantes.

Prueba de ello es la reciente detención de tres generales: Tomás Ángeles Dauahare, Roberto Dawe González y Ricardo Escorcia Vargas por su presunta participación en los cárteles de la droga.

No es la primera vez que la Secretaria de la Defensa (Sedena) detiene generales acusados de narcotráfico. En 1997 arrestaron al general Jesús Gutierrez Rebollo por sus nexos con Amado Carrillo y tres años más tarde a Mario Acosta Chaparro y Francisco Quiroz Hermosillo.

La penetración del crimen organizado en las instituciones es un secreto a voces, y su participación directa en la estructura misma de los diversos cárteles algo que resulta obvio por las estadísticas de detenciones, incautaciones de cargamento de droga y el vertiginoso aumento del narcomenudeo.

Los militares en México son una casta de privilegiados por encima de la ley. Y para demostrarlo sigue vigente su patente de corso: el Código de Justicia Militar que es sinónimo de impunidad. El Ejército es la institución con mayor número de denuncias por violaciones a los derechos humanos que van desde ejecuciones extrajudiciales, tortura y hasta desapariciones.

Su poder es tanto que incluso los generales acusados de narcos son unos privilegiados y siguen siendo tratados con grandes diferencias que al resto de los detenidos. En México hay dos clases de ciudadanos. Los de primera clase están inscritos en la Sedena y los de segunda clase somos el resto. Así de sencillo es el panorama.

La primera medida de protección a los presuntos narcogenerales es que la Sedena se reserva el derecho a informar a la opinión pública sobre la imputaciones y los detalles de la acusación en contra de los generales Dawe, Dauahare y Escorcia. Casualmente, en este caso al Estado no le sirvió la justicia militar y se fueron por la vía civil.

Sin embargo, detrás de las detenciones están los supuestos vínculos entre militares y el cártel de los hermanos Beltrán Leyva. El expediente PGR/SIEDO/UEITA/168/2009 de Roberto López Nájera conocido mejor como el “Jennifer” detenido en junio de 2008 y convertido ahora en testigo protegido de la PGR es fundamental para entender los arrestos de los generales.

Y como en México tenemos esa aberración judicial llamada “arraigo” sustentada incluso en el artículo 16 de la Constitución, los generales han quedado arraigados por 40 días, mientras la ciudadanía espera información fidedigna y oportuna sobre su arresto. La Sedena es una de las instituciones más oscuras. Su falta de transparencia es absoluta.

Por lo pronto, sabemos que uno de los generales detenidos resultaba incómodo para el gobierno de Felipe Calderón. Se trata del general Tomás Ángeles Dauahare quien participó recientemente en un foro organizado por la Fundación Colosio del PRI, donde criticó la estrategia del Ejecutivo en torno a la narcoguerra. “El gobierno federal no tiene una estrategia de seguridad nacional”, dijo. Y no era la primera vez que criticaba la estrategia de seguridad sin incluir la solución al problema social, incluso se había mostrado en contra de la forma en que eran gastados los presupuestos de Sedena.

La semana pasada, el general Dauahare participó incluso en un evento donde estaba el candidato a la presidencia del PRI, Enrique Peña Nieto, donde criticó las violaciones a los derechos humanos cometidas por militares en la narcoguerra. La carrera militar del general ofrece datos concretos: dos veces agregado militar en Washington, secretario particular del titular de la Sedena, 1994-2000; director del Heroico Colegio Militar, 2000-2002; director del ISSFAM, 2002-2006 y subsecretario de la Sedena 2006-2008 cuando pasó a retiro y fue condecorado. El problema es que el general Dauahare era investigado desde hace varios años por la DEA a consecuencia de sus presuntos vínculos con los Beltrán Leyva, según consta en la averiguación previa PGR/SIEDO/UEIDCS/112/2010.

De manera inmediata, Peña Nieto ha negado que la detención del general tenga tintes políticos. En un comunicado, la PGR negó “connotaciones” políticas o relación alguna con las campañas electorales. Pero como dice el dicho, explicación no pedida acusación manifiesta.

En este caso, el arresto y el arraigo posterior de los generales han tenido claros vicios legales que son considerados violaciones a las garantías individuales.

Ironías de la vida: los generales se quejan ahora de violaciones a sus derechos humanos. La institución con más de 6,000 denuncias por violar derechos humanos de los mexicanos, ahora vulnera también los de sus propios integrantes. Y la Comisión Nacional de Derechos Humanos se apresura a solicitar informes a la PGR sobre sus detenciones ya que se les negó el acceso a sus abogados defensores y se les impuso un abogado de oficio.

Más allá de la inocencia o culpabilidad de estos tres generales, lo cierto es que sus detenciones dejan muy mal parado al Estado. ¿Hasta dónde están implicadas las Fuerzas Armadas en el narcotráfico? ¿Hasta dónde llegan los vínculos entre altos mandos y los capos? ¿Qué tanto esta relacionado el gobierno federal con los cárteles de la droga? Resulta ciertamente difícil de creer que los generales se involucraran con los Beltrán Leyva sin tener el permiso o la complicidad de sus superiores. Seguimos esperando que el general Guillermo Galván Galván, secretario de la Defensa Nacional del gobierno de Felipe Calderón nos informe, aunque el comandante en jefe del Ejército está en Los Pinos.

Tres generales detenidos son muchos. La viabilidad del Estado depende de sus pilares democráticos. Si los militares se confunden o mimetizan con los narcos y viceversa. ¿Qué nos queda?

Sanjuana Martínez

https://www.sinembargo.mx/author/sanjuanamartinez

Es periodista especializada en cobertura de crimen organizado.

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