Directivos acusados de vínculos inapropiados con abogados de narcotraficantes, líderes investigados por posible corrupción y agentes que presumen de beneficiarse de sus puestos son algunas de las polémicas que la agencia estadounidense, criticada por López Obrador por su actividad en México, ha sufrido en los últimos meses. En México, por lo mismo, el Presidente busca limitar su influencia en el país.
Ciudad de México, 21 de abril (SinEmbargo).– Fue una cuestión de días. El viernes pasado, hace exactamente una semana, la administradora de la DEA, Anne Milgram, salió a revelar en una conferencia de prensa junto al Fiscal General de EU Merrick Brian Garland cómo la Agencia Antidrogas estadounidense se había infiltrado en la red de “Los Chapitos” para obtener información clave que tiene a los cuatro hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán en la mira de la justicia estadounidense. La situación llevaría a un nuevo conflicto con México y se agravaría por una investigación interna.
La revelación de Milgram llevó al Presidente Andrés Manuel López Obrador a acusar a la DEA de ser injerencista y de espiar en el país, en el más reciente episodio de un historial de diferencias que ha tenido esta agencia con el actual Gobierno, sobre todo ante la evidencia y sospecha que vincula a sus agentes con prácticas ilegales en el país como sucedió con Nicholas Palmeri, su mando en México, quien fue destituido a inicios de este 2023 por vínculos con abogados de capos o la unidad especial de esta corporación disuelta hace un año, a la que el Presidente acusó de tener vínculos con criminales.
Ahora, Milgram se encuentra en medio de una investigación en EU por haber otorgado contratos millonarios por adjudicación directa a antiguos colegas, mientras que en México, el Presidente ha vuelto a cuestionar la manera en la que opera la DEA en el país, sin transparentar ni informar sus operaciones al Gobierno, lo cual tiene a esta agencia en un momento delicado con varias investigaciones por corrupción en sus filas, al mismo tiempo que la relación López Obrador se ha tensado.
“Lo primero es que la DEA no siempre se ha comportado igual y en cada sexenio ha sido distinto. Es decir, no podemos hablar de continuidad sino más bien de rupturas entre sexenio y sexenio e incluso entre sexenios hay diferencias, los tres primeros años de Enrique Peña Nieto, la DEA fue una agencia mucho más poderosa, con mayor apertura del Gobierno que los siguientes tres”, explica el profesor e investigador del CIDE Carlos Pérez-Ricart.
“Siempre ha sido distinta, en lo que sí se contrasta el Gobierno de López Obrador es en la batalla silenciosa que mantiene la DEA y el Gobierno de México, sí es una relación prácticamente rota, es una relación lastimada, que ha obligado a la DEA a operar de manera subrepticia y a no comunicar varias de sus acciones al Gobierno mexicano y es una relación que está metida en la incertidumbre y en la desconfianza, de los dos lados”, detalla el autor del libro Cien años de espías y drogas: La historia de los agentes antinarcóticos de Estados Unidos en México.
Exactamente hace un año, se dio a conocer que el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador disolvió la Unidad de Investigaciones Sensibles (SIU, por sus siglas en inglés) de la Policía Federal del país, grupo de élite operacional y de espionaje creado, aprobado y financiado por la DEA, la cual operó durante 25 años.
El grupo disuelto era una de las Unidades de Investigación Sensible que operan en unos 15 países y que son consideradas imprescindibles para los agentes estadounidenses que trabajan en el desmantelamiento de redes de contrabando y la captura de los capos de la droga.
Cuestionado sobre el cierre de las SIU, López Obrador aclaró que desde un año antes, en 2021, había sido terminada, y fue contundente con las razones: “Ya tiene tiempo que se tomó la decisión de deshacer este grupo, sigue habiendo cooperación, pero ese grupo que supuestamente era de muy alto nivel, estratégico, estaba infiltrado y sus jefes están siendo investigados y hay presos de ese grupo”, aseguró en su conferencia matutina del 21 de abril de 2022.
“Nosotros decidimos que se suspendiera eso… Es algo que respetuosamente recomendamos al Gobierno de EU porque tiene que haber orden y confianza. Hay cosas que llevan a cabo agentes abajo sin el conocimiento de las autoridades de mayor nivel, que tienen que ver con la procuración de justicia, y eso es muy delicado, porque tienen informantes que se quedan en los grupos de la delincuencia (…) se demostró que ese grupo estaba infiltrado por la delincuencia, que inclusive uno de sus jefes está siendo juzgado en Estados Unidos”, manifestó.
López Obrador recordó en aquel momento que México ya sólo admite a los agentes “que por ley se permiten” de la DEA y otras agencias, tras la reforma a la Ley de Seguridad Nacional de diciembre de 2020 que restringe su presencia, esto como respuesta ante la detención de Salvador Cienfuegos, exsecretario de la Defensa en el sexenio de Enrique Peña Nieto.
El Congreso mexicano aprobó en aquel momento una reforma para fortalecer la regulación sobre la operación y presencia de agentes extranjeros en territorio nacional. La reforma, evidentemente, estaba dedicada a los elementos de las agencias de Estados Unidos, y argumentaron que ponía fin a la inmunidad de agentes extranjeros para exigir que informen sus acciones, así como los hallazgos de sus investigaciones ante la Cancillería.
“Obviamente afecta los resultados”, señala Pérez Ricart. “Porque el número de herramientas que tiene a su alcance para poder desplegar sus operaciones es menor. La DEA por ejemplo tenía dos unidades de investigación y de acción en la Policía Federal que dejó de tener hace dos años, entonces dejó de tener uno de sus principales brazos operativos”.
Aunque dichas unidades son entrenadas por la DEA, permanecen bajo el control de los gobiernos nacionales. En México, más de 50 oficiales de esa unidad policial fueron considerados entre los mejores del país y trabajaron en los casos más importantes, como la captura en 2016 de Joaquín “El Chapo” Guzmán, entonces el jefe del Cártel de Sinaloa.
Sin embargo, Pérez Ricart aclara: “Ahora, hay una serie de elementos que permanecen: la DEA sigue interviniendo comunicaciones, tal como lo hacía antes, continúa hablando con actores locales, con informantes, igual que antes. Hay cosas que cambian y otras que no. De las que no cambian es su posibilidad para intervenir básicamente como quieren y donde quieren”.
Apenas esta semana, López Obrador calificó precisamente de “intromisión abusiva” y “prepotente” la infiltración de la DEA en la organización criminal “Los Chapitos”, facción de los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán, exlíder del Cártel de Sinaloa.
“Una intromisión abusiva y prepotente que no debe aceptarse bajo ningún motivo. ¿Cómo van a estar espiando? ¿Qué no hasta bajaron un globo de China allá en Estados Unidos? Nosotros no hacemos eso, pero no se pueden estar utilizando actos de espionaje para saber que están haciendo nuestras instituciones de seguridad”, criticó desde Palacio Nacional.
Al ser cuestionado sobre si el operativo de la DEA se realizó sin el conocimiento del Gobierno mexicano, el mandatario mexicano contestó: “Sí, seguramente”.
LA DEA Y EL CASO GARCÍA LUNA
Durante el juicio contra el exsecretario de Seguridad Pública en México, Genaro García Luna, llevado a cabo en los primeros meses de este año, el agente de la DEA Miguel Madrigal reveló que sí tenían conocimiento en el sexenio de Felipe Calderón de los nexos de la Policía Federal mexicana con líderes de cárteles mexicanos.
Madrigal dijo que tenía reportes de que el propio García Luna “recibía dinero”, pero no ahondó al respecto en la primera parte de su testimonio en la Corte del Distrito Este de Nueva York. El agente estuvo operando en México de 2008 a 2015, que coinciden con al menos cuatro años en que García Luna era Secretario de Seguridad Pública, en el Gobierno de Felipe Calderón.
Madrigal dijo que vio un video que mostraba a Édgar Bayardo, quien entonces era comandante de la Policía mexicana, reunirse con Jesús “El Rey” Zambada, uno de los líderes del Cártel de Sinaloa. De inmediato reportó a sus jefes, pero no ahondó sobre las acciones.
El caso incluso provocó que el Senador republicano Chuck Grassley pidiera a la DEA en una carta explicar su relación con García Luna durante el sexenio calderonista. El equipo del llamado “superpolicía” había dado el visto bueno para que el legislador pudiera revisar las acusaciones en su contra formuladas por las autoridades estadounidenses.
Cuestionado sobre si la DEA tiene intereses políticos en México, Pérez Ricart aseguró que sí, siempre y cuando se considere a la política “de forma muy amplia”.
“Para alcanzar sus intereses puntuales, que es disminuir el número de drogas que llegan al norte, necesariamente tienen actividades políticas y hablan con mucha gente. Entonces sí tiene intereses políticos si la entendemos de manera más amplia, quieren trabajar mejor, quieren tener más confianza en las autoridades y buscan mecanismos para conseguir eso, no significa que siempre lo consigan, pero en la medida que están buscando intereses particulares, sí persiguen intereses políticos”.
EL “FRACASO” DE LA DEA
Para el académico, “las métricas de la DEA son el fracaso de México”. Y es que, añade, cuando a la DEA le va bien y presenta buenos números y confiscaciones, no necesariamente a México le está yendo bien, sino muy al contrario: “Que México se haya subido a las métricas de la DEA y a la forma de operar de la DEA, ha traído mucha violencia en México”.
“No necesariamente no es una mala noticia que esta relación tenga dificultades”, subrayó.
“La DEA sigue manteniendo una capacidad operativa importante en México –la tiene en cualquier país– y los lineamientos no son suficientes para que los deje de tener. Ni siquiera expulsando a los agentes permanentes de la DEA podría alguien garantizar que van a dejar de operar en México, la DEA tiene uno de los centros más importantes para intervenir comunicaciones en El Paso, Texas: eso se mantiene intacto y se va a mantener intacto independientemente de quien sea el Presidente de México”, completó Pérez Ricart.
Este miércoles, The Associated Press dio conocer que un auditor federal investiga actualmente si la agencia antidrogas estadounidense bajo el liderazgo de Anne Milgram otorgó indebidamente contratos millonarios por adjudicación directa a sus antiguos colegas.
Entre los contratos de la DEA que investiga la Oficina del Inspector General del Departamento de Justicia es uno por 4.7 millones de dólares para realizar “planeación y comunicación estratégica” y así reclutar a personas que Milgram conoció cuando era Fiscal General de Nueva Jersey y profesora de derecho de la Universidad de Nueva York – a un costo que excede por mucho los pagos a funcionarios públicos.
Al menos una docena de personas han sido beneficiadas con esos contratos, incluidos algunos del círculo cercano de Milgram y quienes manejan inteligencia, análisis de datos, servicios comunitarios y relaciones públicas – trabajos que regularmente requieren autorizaciones especiales de seguridad y que suelen desempeñar los nueve mil empleados de la propia DEA.
También se investiga un pago por 1.4 millones de dólares a un despacho de abogados de Washington por un análisis reciente de las escandalosas operaciones de la DEA en el extranjero, criticado ampliamente por desestimar casos de mala conducta de agentes y cómo prevenirlos.
Detalles de la investigación que se está ampliando, y que inició hace varios meses debido a las quejas de los empleados, proceden de varias personas entrevistadas por la oficina del Inspector General y que compartieron documentos sobre los contratos, con la condición de que se mantuviera su anonimato. Si se confirman irregularidades, el Inspector General puede recomendar desde sanciones administrativas hasta acusaciones penales.
La investigación se realiza en momentos en que la DEA enfrenta una serie de escándalos sobre conductas irregulares de algunos agentes que han sacudido a la agencia antidrogas. Al mismo tiempo tiene que lidiar con una crisis de consumo de fentanilo, que se cobra más de 100 mil muertes por sobredosis al año y que Milgram consideró como “la amenaza de narcóticos más letal que nuestro país ha enfrentado en su historia”.
Se trata, indicó Pérez Ricart, de “una organización que tiene evidentes problemas estructurales, que nace además de la corrupción, donde no hay manzanas podridas, hay corrupción institucionalizada”. “La prohibición y los mercados criminales provocan que cualquier agencias antidrogas, así sea norteamericana o mexicana, no pueda de ninguna manera hacer frente ante el poder corruptor del narcotráfico”, explicó.
“Entonces es una organización que tiene muchos problemas y que además está muy poco vigilada por el Congreso [de EU], muy poco vigilada por el Senado, por el propio Presidente, se dan muchos casos de corrupción y en lugar de perseguirlos lo que hace la DEA es encubrirlos, es su manera de operar”, aseveró.
EL CESE DEL DIRECTOR EN MÉXICO
Esto ocurre unos meses después de que se conociera que la DEA destituyó discretamente a su funcionario de más alto nivel en México el año pasado por contactos inapropiados con abogados de narcotraficantes.
El hecho de que Nicholas Palmeri haya socializado y vacacionado con abogados de Miami que representan a narcos, actividades detalladas en registros confidenciales revisados por The Associated Press, a la larga provocó su caída después de sólo 14 meses de ser el poderoso director regional de la agencia antinarcóticos, el cual supervisa a docenas de agentes a lo largo de México, Centroamérica y Canadá.
Pero investigaciones internas por separado generaron otras señales de alerta, incluidas quejas sobre el manejo laxo de la pandemia de COVID-19, a consecuencia de lo cual dos agentes enfermos tuvieron que ser trasladados en avión fuera de México. Y otra, encontró que Palmeri aprobó el uso de fondos de la lucha contra las drogas para propósitos inapropiados y solicitó que se le reembolsaran con el fin de pagar su propia fiesta de cumpleaños.
“El puesto de director regional en México es el más importante de las operaciones extranjeras de la DEA, y cuando ocurre algo como esto, es problemático”, dijo Mike Vigil, exjefe de operaciones internacionales de la agencia a AP.
El de Palmeri fue el segundo caso en los últimos meses que arroja luz sobre las interacciones a menudo cordiales entre funcionarios de la DEA y abogados de Miami que representan a algunos de los mayores narcotraficantes y lavadores de dinero de Latinoamérica. El año pasado, fiscales federales acusaron a un agente de la DEA y a un exsupervisor de filtrar información confidencial de las fuerzas policiales a dos abogados defensores anónimos de Miami a cambio de 70 mil dólares en efectivo.
Uno de esos abogados, al que funcionarios estadounidenses actuales y anteriores identificaron como David Macey, también se vio envuelto en la investigación sobre Palmeri. Registros internos de la pesquisa muestran que Macey recibió a Palmeri y a su esposa nacida en México durante dos días en su casa en los Cayos de Florida, un viaje que, según la DEA, no tenía ningún propósito laboral útil y violó las reglas que rigen las interacciones con abogados, las cuales están diseñadas para evitar incluso dar la apariencia de irregularidades.
“La reunión tenía la apariencia de una interacción social con una fuente confidencial”, escribieron los investigadores, “y no hubo documentación oficial contemporánea de la DEA con relación al asunto del interrogatorio, ambas violaciones a la política de la DEA”.
Por su parte, Palmeri dijo que las investigaciones en su contra por conducta inadecuada eran una “cacería de brujas” provocada por celos personales y profesionales de los que se negó a dar detalles, y “un relato mal planeado para destituirme de mi cargo”.
Palmeri agregó que todas sus relaciones con abogados “siempre han sido profesionales y éticas”, y que todos sus gastos en México fueron “sensatos” y beneficiaron al gobierno de Estados Unidos.
“Naturalmente afectan mucho la relación, afectan la percepción que tiene el Presidente de la propia agencia”, explicó Pérez-Ricart sobre estos casos recientes. “El Presidente [López Obrador] seguramente lee estas noticias y no se ve contento con que la DEA esté operando, o cuando le anuncian que la DEA infiltra cárteles de la droga, y él no está enterado (porque no le dijeron o porque no avisó la DEA), pues necesariamente se incomoda y es natural”, afirmó.
“Y del otro lado es lo mismo, la DEA esperaría que el Gobierno compartiera más información, que avanzara en tema de extradiciones, que fuera más proactivo al perseguir a objetivos que tienen ellos y no es el caso, entonces hay desconfianza de los dos lados, hay poca comunicación de los dos lados, aunque eso no necesariamente es malo”, reiteró.
“EL AGENTE MÁS CORRUPTO DE LA DEA”
Además de Milgram y Palmeri, otro caso resonó en los últimos meses que destapa una agencia con muchas deficiencias. José Irizarry es conocido como el agente más corrupto en la historia de la DEA y admite que se “convirtió en otro hombre” al conspirar con cárteles colombianos para crearse un estilo de vida lujoso con autos deportivos, joyas de Tiffanny y amantes en todo el mundo.
Irizarry se confesó en noviembre pasado con The Associated Press durante las últimas horas que pasó en libertad y prometió en ese momento que no caería solo: acusó a colegas de la DEA de unírsele para robar millones de dólares de operaciones encubiertas de lavado de dinero del narcotráfico para financiarse una década de viajes de lujo al extranjero, comidas en restaurantes finos, los mejores asientos en eventos deportivos y fiestas desenfrenadas, al estilo de una fraternidad universitaria.
Según Irizarry, docenas de otros agentes federales, fiscales, informantes y, en algunos casos, los mismos contrabandistas de los cárteles estaban completamente metidos en este paseo por tres continentes sin consecuencias como parte del llamado “Team America” (Equipo América) que recolectaba el dinero proveniente del lavado de dinero en ciudades que elegía para poder irse de fiesta o coincidir con partidos de fútbol del Real Madrid o de torneos de tenis de Rafael Nadal. Eso incluyó paradas a lo largo de los trayectos en salas VIP de clubes de striptease, el distrito rojo de Ámsterdam y a bordo de un yate colombiano que zarpó repleto de alcohol, música a todo volumen más de una docena de prostitutas.
“Teníamos vía libre para hacer lo que quisiéramos”, dijo Irizarry, de 48 años, a AP en una serie de entrevistas concedidas antes de comenzar una sentencia federal de 12 años en prisión. “Hacíamos recolectas de dinero en los lugares a los que queríamos ir. Y una vez ahí, todo era alcohol y chicas”.
Toda esta parranda partía, dijo Irizarry, de la idea compartida entre agentes de la DEA alrededor del mundo de que en realidad no hay nada que puedan hacer para golpear el mundo del narcotráfico. Si acaso, su preocupación era elaborar casos para intentar detener el flujo de cocaína y opioides ilegales hacia Estados Unidos que ha causado más de 100.000 muertes por sobredosis al año.
“La guerra contra las drogas es un juego… Era un juego muy divertido que estábamos jugando”.
El agente, alguna vez sobresaliente, ha acusado a excolegas del Grupo 4 de la DEA, con sede en Miami, de llenar sus bolsillos y falsificar informes para juntar fondos utilizado para viajes al extranjero a lo largo de casi una década, hasta su renuncia en 2018. Acusó a un agente de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos de aceptar un soborno de 20 mil dólares, según ha reportado AP.
-Con información de AP
