Elvira Santibañez de 21 años y originaria de Ajuchitlán del Progreso, Guerrero, fue torturada por personal militar y policía federal el 4 de febrero de 2015. Un video muestra cómo militares y policías asfixiaban a Elvira para obtener confesión e información. Hoy Elvira -a pesar de haber sido torturada- está presa en el penal federal de Tepic, Nayarit.

Según dichos de la autoridad castrense, Elvira fue detenida como miembro de cártel La Familia y en posesión de armas exclusivas de uso del Ejército.

El video de la tortura de la joven de 21 años muestra que tenemos un país basado en un estado de barbarie y no uno de derecho. Sin olvidar la orden militar de “abatir delincuentes” en el caso de Tlatlaya, hoy estamos ciertos que las fuerzas militares y policiales tienen un régimen de excepción que radica en no rendir cuentas como cualquier institución pública. El caso de Elvira no es rendir cuentas, es una filtración que nos alerta sobre las prácticas de militares en funciones de seguridad.

No es la primera vez que se evidencia un caso de tortura por parte de militares. Lo diferente del caso de Elvira -y la viralización del video en redes sociales- es que obligó al Secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, a juntar a 25 mil efectivos y pedir un perdón público por lo que se le hizo a Elvira. Después le siguió -día después- Renato Sales, Comisionado Nacional de Seguridad, con una tímida disculpa.

El ejercicio de disculparse públicamente es bienvenido. De hecho, la disculpa pública siempre es una parte importante cuando se dicta algún tipo de reparación a favor de alguna víctima de violación a derechos humanos. En otras palabras, la disculpa ofrecida por los militares y policías es un paso importante pero insuficiente para erradicar la práctica de la tortura en México. Y es importante porque implica un reconocimiento de responsabilidad en actos de tortura. El perdón parece ser más una salida fácil y mediática, que verdaderamente el reflejo de una preocupación real de la barbarie practicada por algunos militares.

Al unísono del perdón, voces públicas, como la de Isabel Miranda de Wallace, buscan tímidamente afirmar que la tortura está mal pero que los torturados no son buenas personas. Dando a entender que “no está tan mal torturar delincuentes” o que sus casos se basen en dichos bajo tortura -cuya afectación al debido proceso es sumamente seria- porque el ministerio público no pudo encontrar alguna otra prueba. El reservado aliento a cometer estos actos es acompañado de una importante cobertura mediática que como lo escribió el periodista Joaquín López-Doriga, “la torturada era una torturadora y no una santa”. La cobertura de muchos medios de comunicación sobre el video de la tortura se basó más en la disculpa militar que en la cobertura periodística del hecho mismo. Es decir, no difundieron el video, pero sí los dichos de los militares y policías.

El Relator de la ONU contra la Tortura, Juan Méndez, afirmó que el perdón no es suficiente: “No es suficiente porque el Estado debe de castigar a los responsables, reparar el daño (cosa que por el contrario, Elvira está presa) y eliminar todas las pruebas obtenidas bajo tortura”, y cerró su intervención en el Senado con “sostengo que la tortura es generalizada en México; no cambio mi opinión”.

El que la práctica de torturar detenidos sea generalizada en México implica de facto un deterioro del año 2006 a la fecha. Es decir, el número de casos ha aumentado desde que se instaló la ineficiente política de seguridad en el país y los militares comenzaron a patrullar las calles. Será porque los militares no deben de hacer funciones policiales, pero esa es otra discusión. Inclusive los datos oficiales de cuántos casos de militares involucrados en casos de tortura están en la PGR (obviamente no ha pasado nada en la inmensa mayoría de los casos) nos da señales de que la práctica del delito está en franco aumento y la barbarie de la mano. Según la Defensa Nacional, personal militar ha participado en 301 casos de tortura y desaparición forzada (229 tortura y 72 desaparición forzada) entre 2006 y 2015. Así mismo, desde el inicio de esta administración, según el fiscal militar se han enviado a la Procuraduría General de la República (PGR) 229 por actos de tortura de militares entre 2007 y 2015. Cifras escalofriantes dado el reconocimiento de responsabilidades y las nulas sentencias condenatorias contra militares torturadores. La ausencia de castigo en casos de tortura es la mayor señal de aliento para futuros actos, eso lo debemos de tener claro.

Un caso de tortura debería ser suficiente para alertar a legisladores, jueces, opinión pública y partidos políticos. No importa si él o la torturada eran delincuentes, malas personas, feos o bonitos, ricos o pobres. La tortura es la barbarie y nos aleja rápidamente de un Estado de Derecho -que según esto todos queremos- basado en reglas comunes para todos. Ser parte de la lista de países torturadores como China, Congo, Liberia, Egipto, Marruecos, Bahréin, Arabia Saudita, entre otros, debería provocar cambios serios en todos los ámbitos.

Contrario a lo que algunos piensan, instituciones que tiene a su cargo la seguridad son las que deberían rendir cuentas con mayor ahínco, sobre todo si se conoce de forma reiterada que sus prácticas violan derechos humanos. Nadie busca desaparecer el Ejército, solo se busca quitarle su régimen de excepción y que se comporte como cualquier institución democrática. Pedirle cuentas al Ejército no implica “atacar su honra”. Garantizar el debido proceso en todos los casos quiere decir generar confianza que si algún día a usted o a mí nos toca enfrentar un proceso judicial, sabemos que las reglas son claras e inamovibles y respetan nuestros derechos. Si damos permiso de torturar a los criminales estamos dando permiso para que la barbarie se instale en nuestra sociedad. Ahí está el caso de Elvira y los abusos del Estado.

Darío Ramírez

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Estudió Relaciones Internacionales en la Universidad Iberoamericana y Maestría en Derecho Internacional Público Internacional por la Universidad de Ámsterdam; es autor de numerosos artículos en materia de libertad de expresión, acceso a la información, medios de comunicación y derechos humanos. Ha publicado en El Universal, Emeequis y Gatopardo, entre otros lugares. Es profesor de periodismo. Trabajó en la Oficina del Alto Comisionado para Refugiados de las Naciones Unidas (ACNUR), en El Salvador, Honduras, Cuba, Belice, República Democrática del Congo y Angola dónde realizó trabajo humanitario, y fue el director de la organización Artículo 19.

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