Ciudad de México, 21 de marzo (SinEmbargo).– En los últimos meses se han registrado casi de una decena de casos por discriminación y violencia contra la comunidad indígena en el país. Niños, jóvenes, mujeres, todos han sido víctimas de agresiones por su condición racial.
En el marco del Día Internacional contra la Discriminación Racial, el académico del Departamento de Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad Iberoamericana (UIA), Juan Pablo Vázquez, afirmó que “México es una ‘pigmentocracia’, en el que las jerarquías sociales están definidas por el tono de piel”.
El experto alertó que la discriminación racial está ligada por completo a los prejuicios que sufren las personas por su tono de piel, y ambas condiciones generan escenarios de desigualdad social y de violencia.
A pesar de que 80 por ciento de los mexicanos tiene rasgos de alguna etnia y cifras del Censo de Población y Vivienda 2010 dicen que el padrón de hablantes y autoadscritos alcanza un registro de 16 millones 102 mil 646 personas consideradas indígenas, este grupo racial no está en exento de sufrir algún tipo de agresión.
Hasta 2011, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) contabilizaba alrededor de 15.7 millones de personas pertenecientes a los pueblos y comunidades indígenas de México, que estaban sometidos a discriminación.
Tan sólo la Cámara de Diputados, la casa de representación popular más importante del país, tiene apenas 3.5 por ciento de representación indígena: de los 500 legisladores, sólo 17 vienen de esa pauta racial.
De acuerdo con organismos defensores de derechos humanos, activistas y especialistas, México tiene una deuda con los indígenas, por lo que ha urgido a las autoridades a atender esta problemática.
ÍNDIGENAS, RETO DE MÉXICO
El especialista de la Ibero, Juan Pablo Vázquez, argumentó que la discriminación con base en la etnia y el color de piel, deriva en situaciones de desigualdad y pobreza, en un “círculo vicioso” muy difícil de superar.
“Yo creo que México es un país altamente desigual y discriminativo, y que la discriminación es otra cara de la desigualdad. Es la vía ideológica por la cual se justifican las diferencias entre las personas, en una especie como de círculo vicioso, en donde una persona es mal vista, y por lo tanto, es objeto de cierto tipo de trato. Eso implica desigualdad en las posibilidades de acceso a muchas cosas, y al final eso acaba reproduciendo un círculo de desigualdad social y económica”, comentó.
Por su parte, la doctora Helena Varela Guinot, directora del Departamento de Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad Iberoamericana, consideró que aunque en las leyes no existen impedimentos para que un indígena pueda llegar a la Presidencia de México, a una Secretaría de Estado u otro espacio de poder, las posibilidades de que un miembro de dicha población pueda ocupar el cargo son prácticamente nulas, debido en parte a la visión proteccionista que ha mantenido al indígena como una figura subordinada e incomprendida.
“El problema no es que los procesos sean discriminatorios, sino que la discriminación tiene lugar desde antes. Si no hay acceso a la educación y a otros bienes básicos, no la hay para los espacios de poder”, indicó la especialista, quien opinó que México no cuenta con las condiciones sociales y políticas para tener un Presidente de origen indígena.
“No es un problema de preparación, sino de la construcción de un tejido social que tiene mucho tiempo roto, desde el momento en que se constituyó desde una visión etnocéntrica que asumió que el indígena debía ser integrado, incorporado, siempre con una perspectiva proteccionista, viéndolo casi como un menor de edad que necesitaba ser protegido”, agregó.
Los indígenas, añadió, no han accedido a los sistemas de salud, educación y vivienda, así como no han visto resueltos sus problemas de alimentación, lo cual los mantiene como el sector más desfavorecido de la población mexicana, de forma que es irrelevante plantearse si estos podrían acceder a espacios de poder.
El mes pasado, Amnistía Internacional (AI) envió un memorándum al Presidente Enrique Peña Nieto con algunas recomendaciones sobre la situación de las comunidades indígenas.
El organismo recordó, por ejemplo, que a 20 años del surgimiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en Chiapas, muchas comunidades indígenas en el país siguen sufriendo discriminación, además de acceso limitado a la justicia, a la salud, a la educación, a la vivienda y a la tierra.
“Hasta ahora las medidas que ha tomado el gobierno no han sido las adecuadas para enfrentar los obstáculos estructurales más grandes que les impiden disfrutar de estos derechos. El aumento de los proyectos extractivos y de desarrollo económico que impactan directamente las tierras, territorios y recursos de los pueblos indígenas representa un gran desafío para el gobierno”, dice el documento.
NIÑOS VÍCTIMAS
[youtube IxVv9w_XlBw]En febrero pasado, el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México (Copred), emitió una opinión jurídica al colegio La Salle de Seglares por el caso de un menor indígena que sufrió hostigamiento y regaños injustificados por ser hijo de una mujer mazateca de Oaxaca.
El niño cursa el tercer grado de pre primeria y según la exposición del caso “sus maestras, de nombre Gisela Marín Cruz y Alicia Beatriz Pliego de Anda, regañan de manera injustificada y hostigan al menor diciéndole que él no pertenece a esa escuela, añaden que las maestras lo sacan del salón argumentando que su madre no habla ni español ni inglés y por tanto no puede coadyuvar a su desarrollo”.
Semanas después, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) inició una investigación en la escuela primaria Ángel Albino Corzo, ubicada en el municipio indígena Cho´l, de Tila, Chiapas, por los presuntos abusos cometidos por la directora del plantel contra los alumnos.
De acuerdo con información recopilada por el organismo nacional, Amada Gutiérrez Soriano, encargada de la primaria, maltrata a los alumnos y los discrimina llamándolos “indios” además de que los obligaba a comer en el piso.
El año pasado, el caso de Feliciano Díaz Díaz, el niño tzotzil de 10 años que conmovió a México tras difundirse un video donde un inspector municipal de Villahermosa lo obligó a tirar los dulces que vendía en las calles del centro de esa ciudad.
La historia de Feliciano se dio a conocer a través de redes sociales, con un video donde se capta al inspector López Jiménez obligando al menor a tirar su mercancía que vendía en una de las calles de Zona Luz del centro de Villahermosa, Tabasco. Después de ello, esa “autoridad” se retira y se lleva tres cajetillas de cigarros que al parecer sacó de la canasta del pequeño, quien se queda llorando en el piso.
EMBARAZADAS E INDÍGENAS
Ayer se difundió el caso de Juana García Jiménez, una joven del estado de Oaxaca, que dio a luz en la calle porque la clínica a la que acudió no tenía médicos que la atendieran. De acuerdo con reportes de prensa, la joven arribó a la clínica de Ejutla de Cresco, en el valle Central de Oaxaca, y le informaron que no había médicos.
Apenas el 18 de febrero se dio otro caso de negligencia médica en el estado. Laura Jarquín Reyes y su esposo Eugenio Martínez Torres arribaron al Centro de Salud en Villa de Tututepec, Oaxaca, pero estaba cerrado.
Este no ha sido el único episodio así en Oaxaca. La entidad registra en los últimos meses, al menos nueve casos de negligencia médica relacionados con la mala atención a mujeres embarazadas, la mayoría de origen étnico.
A finales del mes pasado, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ordenó la investigación por presunta negligencia en un nosocomio de la comunidad de Teojomulco, Oaxaca, donde una mujer parió en un baño por falta de atención médica.
El presidente del organismo, Raúl Plascencia Villanueva, ordenó abrir una queja de oficio para investigar presuntas violaciones contra la indígena que dio a luz en el baño del albergue del Hospital Básico Comunitario de la Paz Teojomulco, en la Sierra Sur de Oaxaca.
El organismo detalló que el 26 de febrero una indígena de 18 años acudió al nosocomio de los Servicios de Salud del estado con dolores de parto. Le fue negado el servicio hospitalario bajo el argumento de que aún no era tiempo y que era necesario que caminara para estimular el proceso.
Ante la negativa de atención, la víctima permaneció en el albergue anexo al nosocomio y a la 01:30 del día siguiente dio a luz a su hijo en el baño del lugar, refirió la CNDH.
Para la especialista Helena Varela, las agresiones aumentan si son féminas. “Ni hablar de mujeres indígenas, donde las condiciones son doblemente discriminatorias”, dijo.
EN PRISIÓN
En febrero pasado, la CNDH inició de oficio una queja para investigar las presuntas violaciones a las garantías fundamentales contra un indígena rarámuri, quien fue procesado sin asistencia de intérprete. El organismo explicó que el indígena estuvo preso por dos años en el Centro de Readaptación Social de Aquiles Serdán, Chihuahua, y posteriormente liberado tras ser declarado inocente.
La CNDH explicó que investigará el caso debido a la situación de vulnerabilidad en la que se encuentra los pueblos indígenas, además de las irregularidades en materia de acceso e impartición de justicia, al no brindarse una representación eficaz y defensa de sus derechos
También recientemente, el organismo inició una investigación por las presuntas violaciones de los derechos fundamentales que servidores públicos de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, cometieron contra dos jóvenes indígenas mayas.
De acuerdo con el organismo defensor, los agraviados “fueron detenidos arbitrariamente, torturados e incomunicados”.
Este caso fue denunciado por la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los derechos para todos y todas” donde se informó que tres policías municipales detuvieron a dos jóvenes mayas y los sometieron a “tratos y penas crueles, inhumanos y degradantes”. Sin embargo, no dieron a conocer los motivos del arresto.
AFROMEXICANOS
Si las comunidades indígenas de México sufren de marginación y discriminación, hay otra variable étnica que está en una situación peor, los afromexicanos, que sufren los mismos males y que, además, ni existen en los registros oficiales.
De acuerdo con el especialista Juan Pablo Vázquez, a pesar de que 64.6 por ciento de las personas en México se consideran morenas, 54.8 por ciento de los encuestados cree que a la gente se le insulta por su tono de piel, de acuerdo con la Enadis.
El 23 por ciento de los encuestados aseguraron que no vivirían con una persona de otra etnia u otra raza.
“Entonces, me parece interesante este cruce de tres datos: nos reconocemos a nosotros mismos como morenos y expuestos a discriminación, y al mismo tiempo, indirectamente, en otra pregunta, una gran parte de nosotros discriminamos”, mencionó el profesor.
Como un ejemplo de la desigualdad social que guarda una correlación con los prejuicios contra el tono de piel y el origen racial, se encuentra el caso de los afrodescendientes.
En este contexto, el Congreso mexicano tiene en estudio una reforma constitucional para que los afrodescendientes dejen se ser “invisibles” y puedan gozar de los mismos derechos que los indígenas.
“El pueblo negro está totalmente invisibilizado. No sabemos cuántos somos ni somos reconocidos en los libros de texto”, dijo a la agencia Efe la Diputada Teresa Mojica Morga, quien defiende la iniciativa.
Estadísticamente, los afromexicanos no existen. Al no contar con el reconocimiento constitucional que tienen los indígenas, no pueden beneficiarse de planes públicos que protegen su cultura y apoyan su desarrollo social, debido a que la Constitución mexicana sólo reconoce los derechos de los indígenas, a pesar de que la marginación afecta también a las comunidades de afromexicanos, estos últimos son discriminados, no sólo legalmente, sino también culturalmente por el peso de los tabúes.
“Hay una población que no acepta que México tiene negros”, insiste Mojica, hija y nieta de mujeres negras, del estado sureño de Guerrero, con costas al Pacífico y en donde se cree que está el mayor número de afromexicanos.
Por lo que para el censo del año próximo se preguntará, por primera vez, si los ciudadanos tienen origen africano, además de blanco, indio o mestizo. Es un primer paso para salir de la “invisibilidad” de ese grupo étnico en los registros oficiales. Pero la tendencia va más allá. El año pasado, Mojica presentó una iniciativa para que se equipare constitucionalmente a indígenas y afromexicanos. Ese paso puede permitir no sólo que los afromexicanos puedan tener derechos parecidos a los indígenas, sino también que se superen los tabúes y que muchos mexicanos con sangre negra acepten que la tienen, y se reconozca abiertamente.
DEFENSA DE SU ENTORNO
El Centro Mexicano de Derecho Ambiental AC (CEMDA) reconoció el avance del Estado mexicano en cuanto a las recomendaciones de la ONU, pero instó al gobierno en la construcción de mecanismos efectivos y eficaces de consulta sobre megaproyectos para recabar el consentimiento libre previo e informado de las comunidades indígenas y campesinas afectadas por megaproyectos de desarrollo.
En México, en numerosos casos, los megaproyectos son implementados por empresas e industrias, tanto nacionales como extranjeras, por empresas paraestatales o por el Estado mismo, en áreas rurales y forestales, así como en territorios sagrados de pueblos indígenas, sin informar ni consultar a las comunidades indígenas o campesinas, destruyendo su territorio, sobrexplotando los recursos naturales y contaminando el medio ambiente.
CEMDA destacó casos específicos en los que las comunidades siguen los cauces institucionales buscando justicia, sin que las resoluciones se acaten ni se cumplan, como el de la Tribu Yaqui, en el estado de Sonora. Al que pese que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitió sentencia a su favor, reconociendo la violación de su derecho a la consulta en el caso de la construcción del Acueducto Independencia. A la fecha, la obra sigue operando de forma ilegal, mientras las autoridades federales retrasan la implementación de la consulta, de acuerdo a lo que mandató el máximo tribunal de la Nación.
Al respecto, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental elaboró una lista de recomendaciones:
- Delinear en conjunto con los pueblos indígenas de México, un marco normativo sobre consulta indígena y consulta campesinas en conformidad con los estándares internacionales de derechos humanos y reformar o derogar las leyes secundarias en conformidad con los estándares internacionales de derechos humanos sobre todo en materia forestal y minera.
- Reconocer la propiedad comunal de los pueblos indígenas y campesinos sobre su agrodiversidad, así como su importante papel en la conservación de la misma.
- Ratificar el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
- Reformar la figura jurídica de la consulta pública de la Ley General del Equilibrio Ecológico y de Protección al Ambiente (LGEEPA) para conformarla con los estándares internacionales de derechos humanos.
- Establecer en todas las legislaciones en materia ambiental de los Estados el derecho a la consulta pública en conformidad con los estándares internacionales de derechos humanos.
