En menos de cinco años, el proyecto de Canal 21, la primera señal pública del Gobierno del Distrito Federal, pasó de ser un ambicioso plan para hacer una “televisión alternativa” a convertirse en una frecuencia clandestina, vergonzosa para Marcelo Ebrard y para su sucesor Miguel Ángel Mancera, quien la han desmantelado y no quieren echarla a andar, con tal de “no pelearse con Televisa y TV Azteca”.

Justo cuando ahora se discute una reforma constitucional en materia de telecomunicación y radiodifusión en el Congreso de la Unión, el GDF decidió hacer la política del avestruz: agachar la cabeza, evitar el debate en esta materia y preferir el lucimiento del jefe de Gobierno en las señales de Televisa y TV Azteca, como si se decidiera replicar el “modelo Peña Nieto” para impulsar a Miguel Ángel Mancera hacia el 2018.

A cambio, Canal 21 está siendo desmantelado. Basta recordar la breve e intensa historia de esta señal como un ejemplo de cómo un gobierno de izquierda evade hacer una propuesta medio público digno en la capital del país, el sitio donde conviven las audiencias más críticas hacia el modelo comercial del dupolio televisivo y, por si fuera poco, donde estuvo el núcleo principal del movimiento estudiantil conocido como #YoSoy132 que propuso la democratización de los medios.

El gobierno de Marcelo Ebrard solicitó en 2007 ante la Secretaría de Comunicaciones y Transportes el permiso para utilizar una señal pública en televisión. En 2010, la Comisión Federal de Telecomunicaciones entregó el permiso y en febrero de 2012, antes de que iniciara la campaña electoral presidencial, el mismo organismo autorizó la operación del canal en señal abierta digital.

En este trayecto, el Canal 21 fue de más a menos. En 2009 la Asamblea Legislativa del Distrito Federal le asignó un presupuesto de 65 millones de pesos, en 2010 se incrementó a 72 millones de pesos y en 2011 se le asignaron 71.8 millones de pesos. Durante todo este periodo, Canal 21 operó como una señal en Internet. Contrató productores, técnicos, redactores, editores, periodistas y administrativos. Operó en el último piso de lo que antes fue el Cine Futurama, en la Delegación Gustavo A. Madero.

De manera inexplicable, en 2012, el año que obtuvo el permiso para transmitir en señal abierta, el gobierno de Ebrard y la ALDF le disminuyeron el presupuesto anual a 45.7 millones de pesos. Y en 2013, se le asignaron sólo 58 millones de pesos.

En contraste, el canal 34 de TV Mexiquense, administrada por el gobierno priista de Eruviel Ávila, tendrá un presupuesto de 202 millones de pesos. Es decir, cuatro veces más que la señal de Canal 21.

Peor aún, tan sólo entre septiembre y diciembre de 2010, el gobierno de Ebrard le pagó más a Televisa y a TV Azteca en publicidad que el presupuesto de dos años de Canal 21. Según los datos obtenidos por FUNDAR y Artículo 19, en ese periodo, el GDF le pagó a Televisa 105.8 millones de pesos y a TV Azteca 34.8 millones de pesos. En tan sólo cuatro meses de un año.

El gobierno de Mancera no ha querido revivir el proyecto. Desde noviembre de 2012, Ebrard designó como directora del Canal 21 a la periodista Marcela Gómez Zalce, a quien le ha tocado el triste papel de desmantelar las instalaciones, cortar el presupuesto y los contratos y mantener “congelada” a la señal.

¿Para qué entonces se pidió el permiso de una televisión digital en señal abierta si no se iba a utilizar? ¿Por qué se le asignaron más de 250 millones de pesos en presupuesto durante cuatro años y una minoría de los habitantes del GDF sabe de su existencia? ¿Acaso se quería evitar que otra compañía privada o alguna institución pública (como la UNAM) utilizara este espectro disponible y no controlado por el duopolio televisivo?

En medio de esta inexplicable indiferencia, el comunicador Virgilio Caballero y Omar Raúl Martínez, de la Fundación Manuel Buendía, han aglutinado a más de 40 escritores, periodistas, artistas y científicos para solicitarle al GDF un canal ciudadano en la capital del país que pueda utilizar una parte del espectro no explotado del Canal 21.

Virgilio Caballero, impulsor de varios sistemas de televisión y radio públicas en el país, gestor del permiso que Ebrard obtuvo del GDF, está consciente de que el espectro del Canal 21 da para más de tres canales abiertos en tecnología digital. Por supuesto, se necesita una inversión pública para los decodificadores digitales en aquellos hogares capitalinos que sólo tienen acceso a televisión analógica. La inversión es mucho menor que los cientos de millones de pesos que se les destinan anualmente a las televisoras comerciales desde el Palacio del Ayuntamiento.

El proyecto de un canal ciudadano advierte que este modelo no pretende competir con los medios comerciales en cuanto perfil programático. Por el contrario, “fomentará la creación de una audiencia crítica, informada, inteligente, mediante una programación de excelente calidad en las ma´s distintas expresiones de la actividad humana”.

Proponen establecer una junta directiva con representación de grupos sociales, un consejo asesor editorial y un código de ética para defender los derechos de las audiencias. Además, tendrá vinculación con universidades, organizaciones no gubernamentales y productores independientes.

Es una propuesta alternativa frente al silencio y el olvido del GDF de una señal que no es propiedad de los gobernantes sino de los habitantes de la capital mexicana.

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Jenaro Villamil

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Reportero de Proceso, especialista en medios, editor de Homozapping.

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