La historia mexicana está salpicada de hechos represivos de distintas magnitudes, cometidos por los aparatos de seguridad del Estado. La clase gobernante mexicana ha utilizado distintas formas de violencia para someter a quienes considera enemigos del Estado. Así se ha utilizado el espionaje, la persecución, la prisión, detenciones ilegales, tortura, desapariciones, ejecuciones extrajudiciales y grandes operativos represivos que terminan en masacres para someter y eliminar a sujetos sociales que han salido a reclamar sus derechos o que el Gobierno considera adversarios.

Al menos desde la segunda mitad del siglo XX, los gobiernos posrevolucionarios utilizaron la violencia para someter movimientos sindicales como los maestros, ferrocarrileros, trabajadores de la salud y electricistas. Se uso la fuerza, muchas veces mediante terribles masacres, contra movimientos campesinos e indígenas en distintas partes del país, como Guerrero, Morelos, Oaxaca o Chihuahua. La violencia estatal fue particularmente cruel en contra de los grupos políticos radicales que en las décadas de 1960 y 1970 pretendieron combatir la injusticia y la antidemocracia por la vía armada. Fue mediante la violencia estatal que el Estado mexicano sometió, persiguió e incluso asesino a militantes de grupos o partidos políticos que cuestionaban la antidemocracia, los fraudes y el descarado robo de la voluntad popular.

Así la memoria histórica del México de abajo se ha ido poblando de episodios como la matanza de Tlatelolco del 2 de octubre de 1968, el Halconazo de 1971, la Guerra Sucia contra grupos guerrilleros y masacres contra grupos campesinos como las de Aguas Blancas, El Charco, Acteal, o los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos más recientemente.

Por todo este pasado de violencias estatales, se abrió una luz de esperanza al comienzo del gobierno de la Cuarta Transformación al mostrar voluntad polítca para conocer e investigar estos casos relevantes de graves violaciones a los derechos humanos.

Estos atisbos de esperanza surgieron cuando Andrés Manuel López Obrador, todavía como Presidente electo, se reunió con los padres y madres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos en septiembre de 2014; con el anuncio de la creación de la verdad para este caso; así como con la creación, por decreto presidencial en octubre de 2021, de la Comisión para el Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia de las Violaciones Graves a los Derechos Humanos cometidas de 1965 a 1990.

Aunque no se creó una gran agencia que impulsara un proceso de justicia transicional, como sí se ha hecho en otros países de América Latina, muchos creyeron que con las comisiones de la verdad se podría llegar a conocer, investigar y hacer justicia a las víctimas de las distintas violencias estatales del pasado. Pero ahora todo indica que quedará en un intento fallido por ofrecer verdad y justicia a las víctimas de estos crímenes.

El retroceso ante el avance de los procesos de memoria histórica fue evidente en agosto de 2022 cuando Alejandro Encinas, presentó el Informe de la Comisión Ayotzinapa con el reconocimiento de que las desaparición de los 43 normalistas fue un crimen de Estado, y sin embargo la investigación comenzó a estancarse, todo indica que por presión de los mandos militares.

En octubre del año pasado, el Mecanismo para la Verdad y el Esclarecimiento Histórico denunció que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) estaba obstaculizando el acceso a archivos militares relevantes para conocer hechos represivos del pasado. La doctora Eugenia Allier Montaño es integrante del Mecanismo para el Esclarecimiento Histórico (MEH) y admite que a pesar de la exigencia para que la Sedena abriera sus archivos los mandos militares se negaron, lo que impide profundizar casos pasados de violencias estatales. La doctora Allier Montaño reconoció, en entrevista con Radio Universidad de Guadalajara, que ya “no ha habido alguna respuesta, no ha habido cambios, no hemos podido a acceder a más documentos ni parte del archivo de la Sedena”.

Como fue evidente en el caso Ayotzinapa, todo indica que el poder militar se ha impuesto por sobre la pretendida voluntad política del Gobierno para avanzar sustancialmente en procesos de memoria histórica para llegar a dar con los responsables, sancionarlos y castigarlos y llegar, así, a la reparación del daño y la no repetición de estas violencias estatales.

El contexto de cierre de sexenio, con más poderío militar y más énfasis en el relato de un Gobierno que alcanza la Cuarta Transformación, no es el más positivo para los procesos de alcanzar la verdad y justicia, señala la doctora Allier Montaño: “Como historiadora que soy y que trabajo esta temática, nunca se llega a la verdad final, siempre es un trabajo sucesivo que viene haciéndose desde hace 20 o 30 años (…) Por eso es tan importante el testimonio el papel de los testigos, el papel de las víctimas, simplemente avanzaremos aunque sin esos documentos [de la Sedena]. (…) Quizá esto un poco lo que muestra pueden ser los límites de las políticas de verdad, memoria y justicia, pero de que nosotros vamos a avanzar es un hecho, que se harán aportes a lo que ya se conocía. Pero el ambiente no parece el más positivo para estos procesos públicos, colectivos de verdad, memoria y justicia”.

Al final, la doctora Allier Montaño admitió que hacia el cierre del sexenio hay presión del poder militar que impide avanzar más. “Sí, parece que hay ciertos límites a lo que se puede tratar de conseguir en estos procesos, en efecto”. Con esta conclusión, a meses de que concluya el actual Gobierno , se puede anticipar que la memoria histórica en México fue derrotada por el poder militar y el mando civil que lo solapa.

Rubén Martín

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Periodista desde 1991. Fundador del diario Siglo 21 de Guadalajara y colaborador de media docena de diarios locales y nacionales. Su columna Antipolítica se publica en el diario El Informador. Conduce el programa Cosa Pública 2.0 en Radio Universidad de Guadalajara. Es doctor en Ciencias Sociales. Twitter: @rmartinmar Correo: [email protected]

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