Ciudad de México 21 de enero (SinEmbargo/ZonaFranca).– La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) revisará este miércoles el caso de Adriana Manzanares Cayetano, joven indígena del estado de Guerrero que fue sentenciada a 22 años de prisión tras sufrir un aborto, y quien actualmente cumple condena en la penitenciaría de Chilpancingo.
La Clínica de interés público del Centro de Investigación y Docencia Económicas, el CIDE, así como por el Centro Las Libres, tomaron el caso de Manzanares Cayetano, esperando repetir un resultado favorable como en 2010, en que ambos organismos lograron la liberación de nueve mujeres en situación de pobreza, presas en Guanajuato por circunstancias similares, todas sentenciadas por homicidio en razón de parentesco, con penas mayores a 20 años en centros penitenciarios de la entidad.
Adriana Manzanares, originaria del municipio guerrerense de Ayutla de los libres, actualmente tiene 27 años de edad, siete de los cuales ha permanecido recluida en el penal de Chilpancingo, cumpliendo una sentencia por homicidio en razón de parentesco que originalmente era de 27 años y posteriormente, tras una apelación, se redujo a 22.
Este miércoles 22 de enero, la Suprema Corte resolverá el caso, que llegó al máximo tribunal desde hace dos años por la intervención del CIDE y Las Libres, a través de un juicio de amparo con el que se pretende que el máximo tribunal determine no sólo la inmediata liberación de la mujer, sino también la revisión de una prueba pericial que los ministerios públicos utilizan de manera concluyente en el aparato respiratorio del feto o producto de embarazo para saber si éste respiró antes de morir (docimasia pulmonar).
Verónica Cruz Sánchez, directora del Centro Las Libres, explicó que se pidió a la Corte que revise el criterio con el cual se aplica esta prueba, que se utiliza “desde hace dos mil años, no es un elemento científico concluyente y se aplica más que en este tipo de casos, particularmente cuando se trata de mujeres pobres, humildes”.
#JUSTICIAPARAADRIANA
Adriana resultó embarazada de su nueva pareja con la que sostenía una relación, tras varios años de ausencia de su esposo, un migrante que se encuentra en los Estados Unidos. De acuerdo con testimonios de la acusada y el de de su pareja, ella estaba en su domicilio cuando sufrió el aborto: el feto estaba muerto y ambos tuvieron miedo de la reacción de la familia por lo que lo enterraron.
Cuando su padre de Adriana se dio cuenta, llevó a su hija con el delegado de la comunidad de Ayutla de Los Libres (su tío). Adriana fue presentada ante el pueblo y apedreada, después de lo cual ambos comparecieron ante el ministerio público, que los consignó judicialmente por homicidio en razón de parentesco.
La joven no hablaba español y no contó con un traductor, denunció Verónica Cruz. A pesar de que fueron procesados por el mismo delito, el hombre consiguió su libertad, mientras que Adriana fue sentenciada a 27 años, pena que se redujo a 22 tras un recurso de apelación.
De acuerdo con Proceso, Adriana es una de las cuatro mujeres que fueron defendidas por la Clínica de interés público del CIDE y por Las Libres tras la liberación de las mujeres guanajuatenses en septiembre del 2010. Las otras tres (una en Guerrero y dos en Veracruz) también fueron liberadas al resolverse a su favor los juicios de amparo promovidos por ambas organizaciones.
Activistas promueven la causa de la joven con el hashtag#JusticiaParaAdriana en redes sociales, y como la directora de Las Libres, esperan que la SCJN resuelva su inmediata liberación y con ello “se modifique el criterio de la prueba maestra que usan los ministerios públicos para consignar a estas mujeres, y que ya de entrada a la Corte le pareció primitiva”.
